Justicia pendiente

Siete años han pasado desde que la tabla del impuesto sobre la renta quedó congelada. En ese lapso los precios subieron, los salarios comenzaron a ajustarse y la vida se hizo más cara para todos. Sin embargo, el mínimo exento no se ha movido. Esa decisión ha terminado castigando a quienes sí cumplen con su obligación fiscal y respetan las reglas. No es un reclamo caprichoso. La ley ordena indexar los tramos cuando la inflación erosiona el ingreso real y mantener la suspensión indefinidamente ha creado una inequidad evidente.

Indexar no sería un regalo. Sería corregir una distorsión que afecta sobre todo a los trabajadores formales de ingresos medios, esos que tributan cada mes sin evasión ni privilegios. En un país que aspira a fortalecer la confianza entre Estado y contribuyentes, resulta contradictorio exigir cumplimiento estricto mientras se posterga una obligación legal del propio Estado.

El Gobierno plantea una preocupación legítima. Ajustar la tabla reduciría ingresos por más de 18 mil millones de pesos en un momento en que la educación, la salud y la inversión pública demandan recursos. Reconocer ese desafío es parte de la honestidad del debate. Lo sensato es buscar una salida gradual y responsable. Lo injusto es perpetuar la carga sobre los mismos. Una política fiscal creíble empieza por cumplir lo dispuesto.

Diario Libre

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