Condenan al Estado y otras empresas a pagar casi 30 millones de pesos por accidente en 2022
Abogado de víctimas del accidente de turistas en Bávaro critica sentencia y denuncia incumplimiento de las empresas y el Ministerio de Turismo
Patricia Heredia
El Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Higüey, Sala I, condenó al conductor Franklin Nin Pérez y a las empresas Suero Servi Bus SRL y Meremba Tour, así como al Estado dominicano, a través del Ministerio de Turismo, al pago solidario de una indemnización ascendente a RD$29,700,000.00 a favor de las víctimas y familiares afectados por el accidente de un autobús turístico ocurrido en la zona este del país.
La sentencia establece que el monto deberá distribuirse entre decenas de víctimas directas y familiares de personas fallecidas, en compensación por los daños materiales, morales, psicológicos, estéticos y funcionales sufridos.
Distribución de las indemnizaciones
El tribunal dispuso que el monto total se divida de la siguiente manera:
- RD$4,500,000.00 entre 15 afectados, a razón de RD$300,000.00 cada uno, incluyendo a Jorge Patricio Olivares Sibilia, Juan Sebastián Londoño Cardona, Karol Andrea Vásquez Vidal, Pamela Susana Villaseca Álvarez, entre otros.
- RD$700,000.00 para siete víctimas adicionales, quienes recibirán RD$100,000.00 cada una.
- RD$900,000.00 distribuidos entre tres lesionados, con RD$300,000.00 por persona.
- RD$10,000,000.00 repartidos entre cinco víctimas, con RD$2,000,000.00 para cada una.
- RD$1,000,000.00 divididos entre dos afectados, con RD$500,000.00 por persona.
- RD$400,000.00 para cada una de las víctimas Blanca Inés Palacios Alfonso y Youlin Diviana Franco Suárez.
- RD$300,000.00 a favor de Dora Argenis Pabón Borrás.
- RD$500,000.00 para Gina Paola Velásquez Pabón.
- En cuanto a las víctimas mortales y sus familiares, el tribunal otorgó:
- RD$3,000,000.00 a Néstor Melchor Brovelli y Liliana Beatriz Abriata, padres de Valeria Victoria Brovelli (fallecida).
- RD$1,000,000.00 a Luciano José Vianna, esposo de la misma víctima.
- RD$3,500,000.00 a Natalia Polidoro Franco, quien fue lesionada y además madre del fallecido Alejandro Luis Klinec.
- RD$3,500,000.00 a César Augusto Cardoza Ramos, en su calidad de esposo y representante de los hijos menores de la fallecida Karla Rodríguez Dionisio, también víctima mortal del siniestro.
Empresas y entidades condenadas
La decisión del tribunal responsabiliza solidariamente al conductor Franklin Nin Pérez, junto con las empresas Suero Servi Bus SRL y Meremba Tour, además del Estado dominicano, representado por el Ministerio de Turismo, como terceros civilmente responsables del accidente que provocó múltiples muertes y lesiones a turistas extranjeros y nacionales.
Asimismo, la sentencia excluye a la aseguradora Atlántica de Seguros S.A., que figuraba inicialmente en el expediente, por los motivos expuestos en la decisión judicial.
Aspecto penal
En el ámbito penal, Franklin Nin Pérez fue declarado culpable de violar varios artículos de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y fue condenado a tres años de prisión correccional, además de una multa de RD$2,000.00 y el pago de las costas judiciales a favor del Estado.
Derecho a apelación
El tribunal informó que la sentencia puede ser recurrida en apelación conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, fijando la lectura íntegra de la decisión para el 27 de marzo de 2025.
Postura del abogado de las víctimas
El abogado de varias de las víctimas del accidente ocurrido en Bávaro, provincia La Altagracia, Carlos de Jesús, calificó como "insuficiente e incongruente" la sentencia emitida por el tribunal que conoció el caso del chofer de turistas involucrado en el siniestro, al considerar que los montos de indemnización no cumplen con el principio de resarcimiento integral a las víctimas.
La decisión judicial, emitida en febrero de este año y dada a conocer formalmente en abril de 2025, condena de manera solidaria a las empresas de transporte y tour operadoras vinculadas al accidente, así como al Ministerio de Turismo, al pago de 29 millones 700 mil pesos en favor de las víctimas y familiares de los fallecidos.
Según explicó el abogado, la sentencia establece compensaciones individuales de acuerdo con la magnitud de los daños, incluyendo casos de lesiones permanentes y de familiares de fallecidos que actúan como continuadores jurídicos. Sin embargo, De Jesús considera que los montos otorgados "no cumplen con uno de los principios esenciales de la responsabilidad civil, que es el resarcimiento integral de la víctima", y los calificó de "irrisorios".
El jurista manifestó además su preocupación por la falta de cumplimiento de la sentencia, asegurando que las empresas condenadas no han mostrado intención de pagar las indemnizaciones, y que el Ministerio de Turismo interpuso un recurso de apelación buscando ser excluido del proceso.
"Las víctimas están agotadas, lo único que desean es que se cumpla la sentencia. Pero el Ministerio de Turismo ha apelado alegando que no tiene participación en el proceso, mientras las empresas guardan silencio total", expresó.
De Jesús denunció que una de las compañías condenadas continúa operando bajo otra razón social, llamada Tropical Sky Tour Operador, la cual —según afirmó— "fue autorizada por el propio Ministerio de Turismo después del accidente", pese a tener la misma composición accionaria y domicilio de la empresa original.
"Esto es una violación total a los reglamentos que rigen el sector turístico y un atentado más contra las víctimas", dijo el abogado, señalando que el caso evidencia "un desinterés total del Estado por dar cumplimiento a una decisión judicial firme".
El representante legal explicó que, aunque la sentencia ya es definitiva para algunas de las empresas condenadas, éstas se han declarado insolventes o han mostrado falta de voluntad para responder. En el caso del Ministerio de Turismo, el proceso se mantiene pendiente de fallo por la Corte de Apelación.
"Nosotros seguiremos ejerciendo los recursos que establece la ley, pero esto es una calamidad. Las víctimas fueron transportadas en un autobús que no tenía póliza de seguro, igual que el tour operador, y en lugar de asumir responsabilidades, las empresas cambiaron de nombre para evadir sus obligaciones", lamentó.
De Jesús recordó que tras el accidente, ocurrido en 2022, el presidente de la República y el ministro de Turismo se solidarizaron públicamente con las víctimas, pero que hoy la realidad es otra: "Hay un abandono total y una negativa a reconocer los compromisos adquiridos".
En cuanto al chofer del autobús accidentado, el abogado expresó que la condena impuesta —de tres años de prisión— resulta "desproporcionada para la magnitud de los daños ocasionados".
"No puede ser posible que por graves imprudencias que costaron vidas y dejaron secuelas permanentes, la sanción sea tan leve. Es una muestra de que la Ley de Tránsito, aunque reciente, debe ser revisada para establecer consecuencias verdaderamente disuasorias", afirmó.
El proceso judicial continúa en etapa de apelación, mientras las víctimas —según su representante— mantienen la esperanza de que finalmente se cumpla la decisión del tribunal y puedan recibir la compensación ordenada por la justicia.
Patricia HerediaPeriodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.