Denuncian abusos contra detenidos en centro migratorio "Alligator Alcatraz" en Florida
El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida no ha respondido a las solicitudes de información sobre el incidente de abuso

Un abogado denunció que guardias de un centro de detención migratoria en Florida, conocido como "Alligator Alcatraz", golpearon y rociaron con gas pimienta a varios detenidos tras una protesta por la falta de acceso a teléfonos.
Según una declaración judicial presentada por la abogada Katherine Blankenship, el incidente ocurrió el pasado 2 de abril en la instalación ubicada en los Everglades, cuando los detenidos reclamaron que los teléfonos —su principal vía de comunicación con familiares y abogados— no estaban funcionando.
De acuerdo con el documento, los guardias comenzaron a burlarse de los detenidos y luego escalaron a amenazas y agresiones. Cuando uno de ellos se acercó, fue golpeado en el rostro, lo que desató una serie de ataques contra otros internos dentro de la celda.
Uno de los clientes de Blankenship fue golpeado en el ojo, derribado y agredido por varios guardias. También recibió patadas en la cabeza y sufrió lesiones en el hombro y el brazo.
La abogada indicó que incluso un agente colocó su rodilla sobre el cuello del detenido mientras lo inmovilizaba. Otro interno resultó con la muñeca fracturada.
La denuncia señala además que los teléfonos fueron restablecidos al día siguiente, sin explicación por parte de las autoridades.
Acciones oficiales tras la denuncia
El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida no respondió a solicitudes de información sobre el incidente.
Según la agencia AP, la declaración de Blankenship forma parte de un recurso judicial que acusa a funcionarios estatales y federales de incumplir una orden emitida el mes pasado por una jueza federal, que exige garantizar a los detenidos acceso a llamadas legales gratuitas, confidenciales y no monitoreadas.
La orden también establece que debe haber al menos un teléfono operativo por cada 25 personas detenidas, tras una demanda que alega violaciones a los derechos constitucionales de los internos.
Funcionarios estatales han negado haber restringido el acceso a abogados y argumentan razones de seguridad y personal. Por su parte, autoridades federales también rechazaron que se hayan vulnerado derechos.
El centro fue construido el año pasado por la administración del gobernador Ron DeSantis como parte de su respaldo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Durante una visita reciente, la congresista Debbie Wasserman Schultz denunció que no se le permitió hablar con los detenidos y calificó las condiciones del lugar como "inhumanas".
"La forma en que están alojados los detenidos es cruel e innecesaria", afirmó.


