El ICE, la gigantesca herramienta de Trump contra la inmigración

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es la agencia federal encargada de identificar, detener y deportar a inmigrantes en situación irregular, así como de investigar delitos como la trata de personas y el contrabando transnacional.

El ICE fue creado en 2003, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, que reorganizó y fusionó las antiguas agencias de inmigración y aduanas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Inyección presupuestaria 

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, el ICE se ha convertido en la agencia federal que más ha crecido, al triplicarse su presupuesto anual, que pasó de unos 8,000 millones de dólares a cerca de 30,000 millones, principalmente para financiar un programa acelerado de contratación y formación de agentes de inmigración.

Gracias a esta inyección presupuestaria, la Immigration and Customs Enforcement ha alcanzado una plantilla de más de 22,000 empleados, duplicando sus efectivos. El organismo opera en unas 400 oficinas dentro y fuera de Estados Unidos, y cuenta con oficiales de deportación, agentes especiales, analistas y personal administrativo.

• Según su página web, la misión principal del ICE es reforzar la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia y desde Estados Unidos, así como prevenir y combatir el terrorismo y el crimen transnacional, tanto dentro como fuera del país.

Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación racial y prácticas abusivas, señalamientos que se han intensificado desde el inicio del segundo mandato de Trump, quien ha convertido a la agencia en la pieza central de su política de deportaciones masivas.

Los agentes de inmigración han protagonizado redadas a gran escala ordenadas por el presidente en algunas de las denominadas "ciudades santuario", gobernadas por líderes demócratas y tradicionalmente comprometidas con la protección de los derechos de los migrantes.

Además del incremento de personal para operaciones en comercios, asociaciones y centros de trabajo, el ICE se beneficia de una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes, que permite a sus agentes realizar detenciones y deportaciones con una supervisión judicial limitada, según denuncian organizaciones de derechos civiles.