Instituto Duartiano expresa preocupación por autorización de operaciones militares de EE. UU. en RD
La entidad advierte sobre los límites constitucionales y pide claridad en el alcance de la medida
Mariela Lorenzo
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, expresó este martes su preocupación por la autorización del Gobierno dominicano que permite a Estados Unidos instalar áreas operativas y realizar acciones militares en zonas específicas de aeropuertos del país.
Recordó que existe un convenio bilateral firmado en 1995 y ampliado en 2003 para reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas. Sin embargo, señaló que esos acuerdos dependen del respeto estricto al ordenamiento constitucional de cada Estado.
Gómez Ramírez afirmó que la institución reconoce la necesidad de cooperar para enfrentar el crimen organizado transnacional, pero advirtió que esas acciones "no pueden justificar que las autoridades obvien los alcances del artículo 3 de la Constitución Dominicana".
Ese artículo establece que la República Dominicana es un Estado libre e independiente de cualquier poder extranjero y prohíbe toda forma de intervención directa o indirecta en sus asuntos internos o externos.
Reacciones y advertencias del Instituto Duartiano
También recordó que el principio de no intervención forma parte esencial de la política internacional del país.
El presidente del Instituto Duartiano calificó la medida como "sumamente delicada", porque, a su juicio, se acerca a disposiciones propias de un estado de excepción. Para sustentar esa advertencia citó el artículo 262 de la Constitución, que delimita las condiciones bajo las cuales el Estado puede adoptar ese tipo de medidas.
Agregó que espera que el Gobierno asegure que el objetivo declarado de estas operaciones, enfocado en enfrentar el crimen organizado en los ámbitos aéreo y marítimo, no se desvíe de su propósito. Indicó que cualquier acción militar dentro del territorio nacional debe mantenerse bajo control dominicano.
Gómez Ramírez también mencionó disposiciones del protocolo de 2003, que obligan a que cualquier fuerza empleada bajo el acuerdo bilateral actúe conforme a las leyes de cada país y utilice "la fuerza mínima que razonablemente exijan las circunstancias".
Mariela LorenzoEs periodista en Diario Libre.