VIDEO | Abinader sobre el caso Senasa: "Vamos a esperar que el Ministerio Público actúe"

El presidente Luis Abinader reiteró este lunes que será el Ministerio Público el que determine el alcance de las irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), luego de que el Gobierno entregara un expediente con los hallazgos a la Procuraduría General de la República (PGR).

Consultado durante LA Semanal si el caso podría convertirse en "uno de los más grandes de corrupción denunciados", el mandatario respondió que no corresponde al Poder Ejecutivo adelantar valoraciones. "Eso vamos a esperar que sea el Ministerio Público que actúe. Nosotros le hemos dado, como siempre, total libertad en este y en otros casos al Ministerio Público. Y ese caso está en el Ministerio Público. Cualquier opinión no es correcta, tiene que ser ya una opinión de ellos. Ellos tienen libertad de actuar", dijo Abinader.  

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio de una serie de denuncias y hallazgos que han puesto a Senasa en el centro de la agenda pública.

Una de las principales acusaciones apunta a la autorización de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca fueron realizados, pero que sí fueron facturados como si se hubiesen ejecutado.

De igual manera, se cuestiona el modelo de contratos bajo pago capitado, que compromete cuantiosas sumas mensuales para la atención de más de medio millón de afiliados, sin que exista una fiscalización suficiente de los servicios ofrecidos.

Otro de los aspectos señalados ha sido el crecimiento de la nómina institucional, que pasó de 1,408 empleados en 2020 a casi 2,000 en 2024. A esto se suma la apertura de oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico con elevados costos operativos, funciones que anteriormente eran asumidas por los consulados dominicanos. Paralelamente, el régimen subsidiado de Senasa acumula un déficit estimado en más de 3,300 millones de pesos y mantiene una mora con proveedores que ronda entre 44 y 46 por ciento, muy por encima del nivel de 1 % que registraba en 2020.

También han surgido cuestionamientos sobre contratos adjudicados a prestadoras privadas por montos elevados sin que exista certeza sobre la calidad o cantidad de servicios brindados. A estas denuncias se suman reclamos constantes de afiliados que aseguran sufrir largas esperas para obtener citas médicas y retrasos en la entrega de medicamentos básicos. Incluso, al menos un contrato fue rescindido tras denuncias ciudadanas, como ocurrió con la empresa Farmacard.

La crisis se ha intensificado con la presentación de querellas penales contra exdirectores y actuales responsables de la institución, en las que se alegan delitos que van desde prevaricación hasta lavado de activos. Dirigentes como Bernardo Matías, exgerente de Calidad de Senasa, han señalado que grupos económicos y políticos vinculados al sector externo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se habrían beneficiado de contratos y adjudicaciones cuestionadas.

¿Qué ha pasado?

La línea de tiempo de este caso revela cómo se ha configurado la actual situación. En 2020, con la llegada de Santiago Hazim a la dirección, la institución inició una expansión de personal y programas. Entre 2021 y 2023 comenzaron a registrarse retrasos en los pagos a prestadores, mientras aumentaban las quejas de usuarios.

En 2024 se produjo la apertura de oficinas en el extranjero y el personal superó los mil novecientos empleados. Ya en agosto de 2025, auditorías internas detectaron las autorizaciones médicas inexistentes y confirmaron un déficit millonario en el régimen subsidiado.

El 7 de septiembre, Diario Libre publicó un reportaje sobre las presuntas irregularidades y el déficit financiero. Dos días después, sectores políticos y gremiales criticaron el esquema de contratos capitados.

El 14 de septiembre, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental informó que al menos 51 expedientes estaban vinculados a las anomalías detectadas. Ese mismo fin de semana, una comisión integrada por el superintendente de Salud, Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, entregó un informe oficial a la procuradora Yeni Berenice Reynoso. Finalmente, el 15 de septiembre, Abinader ratificó que el caso está en manos del Ministerio Público y que su Gobierno no intervendrá en el proceso.

El Partido Fuerza del Pueblo ha insistido en que las irregularidades confirman las advertencias que había hecho previamente sobre el manejo de los fondos de la seguridad social. En paralelo, la atención se concentra también en el rol del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y en las decisiones que avalaron contratos cuestionados.

La investigación de Senasa se suma a otros procesos judiciales de alto impacto en la lucha contra la corrupción, y constituye un punto de tensión para el Gobierno, que ha hecho de la independencia del Ministerio Público una de sus principales banderas. Mientras tanto, más de siete millones de afiliados aguardan por la garantía de que la crisis administrativa no afecte su acceso a servicios de salud.

En el Ministerio Público

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, luego de que el presidente Luis Abinader instruyera la entrega de un informe técnico con los hallazgos ante la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

• El documento fue depositado el sábado 13 de septiembre por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, en cumplimiento del mandato presidencial.

La crisis en Senasa se destapó tras una combinación de denuncias periodísticas, auditorías oficiales y testimonios protegidos, que apuntaron a un esquema sostenido de irregularidades, con repercusiones financieras que amenazan la estabilidad del régimen subsidiado y la continuidad de servicios para los afiliados más vulnerables.