Los fondos públicos de los partidos escapan al control efectivo del Estado
La ley limita la fiscalización de la JCE a revisar informes financieros, mientras la Cámara de Cuentas acumula casi una década sin publicar auditorías a organizaciones políticas
Balbiery Rosario
El conjunto de leyes y decisiones administrativas adoptadas por el Congreso y otros órganos del Estado durante las últimas décadas ha permitido que los partidos políticos eludan un control efectivo sobre el manejo de los 28,423 millones de pesos de recursos públicos que han recibido en lo que va de este siglo.
Hace ocho años, los legisladores crearon una unidad de fiscalización en la Junta Central Electoral (JCE), pero limitaron sus funciones a la recepción y revisión formal de los informes financieros. Como explica el director de esa unidad, Ramón Hilario Espiñeira, la normativa no le otorga facultades para realizar auditorías, inspecciones de campo ni verificar la veracidad de los registros presentados por las organizaciones políticas.
Esas facultades corresponden a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, el organismo no publica auditorías a partidos políticos desde 2017 y, cuando las realizó en años anteriores, detectó irregularidades en el manejo de importantes sumas de dinero sin que se conocieran consecuencias.
La auditoría más reciente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) corresponde al 2008. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fueron auditados en 2016; el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en 2012; mientras que la Fuerza del Pueblo (FP), fundada en 2020, nunca ha sido objeto de ese tipo de revisión. Además, los planes anuales de auditoría publicados por la Cámara de Cuentas desde 2020 solo contemplan dos auditorías a organizaciones políticas.
Una revisión formal
La Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos Políticos tiene como función principal verificar que las organizaciones lleven su contabilidad y registren sus operaciones. No obstante, la ley no le permite actuar sobre el contenido de esos reportes ni comprobar si la información suministrada es veraz. En la práctica, mientras los informes sean depositados dentro de los plazos establecidos, la JCE debe continuar desembolsando los recursos que corresponden a los partidos.
La legislación concede seis meses para presentar el informe financiero anual, un plazo que casi todas las organizaciones agotan poco antes de que se cumpla. Hasta el 25 de junio pasado, solo cinco de las 41 organizaciones beneficiarias habían entregado su documentación, según reporta Espiñeira.
"Los partidos presentan informes; nosotros hacemos una revisión mínima, porque les solicitamos documentos de soporte, pero no tenemos facultad para auditar los estados financieros. La ley dice que les damos el visto bueno, pero quien realmente tiene la potestad de auditar es la Cámara de Cuentas. Nosotros solo verificamos que el informe tenga lógica y esté presentado adecuadamente", explica Ramón Hilario Espiñeira, director de la unidad.
El subdirector, Edgar Rodríguez señala que la mayoría de los expedientes llega entre el 27 y el 30 de junio, cuando vence el plazo legal. A la fecha de la entrevista con Diario Libre, un partido y cuatro movimientos mantenían retenidos sus recursos públicos por no haber presentado el informe correspondiente al año 2024.
Sin formato único
La concentración de expedientes en los últimos días del plazo también limita la capacidad de revisión de la JCE.
"La ley habla de seis meses, pero imagínate: te llegan 50 informes en junio y el personal tiene que revisarlos de forma manual. Cada expediente requiere un análisis, lectura y cotejo de la información, que luego se transcribe a una plantilla de Excel para verificar los datos", explica Espiñeira.
Javier Uviera, delegado suplente de la Fuerza del Pueblo ante la JCE, rechaza esa crítica. A su juicio, los partidos ejercen un derecho al presentar sus informes dentro del plazo que establece la ley.
"Resulta absurdo e incorrecto señalar que la entrega en la fecha límite dificulta la revisión, pues ese es precisamente el período que la ley otorga para la preparación y presentación de dichos informes".
Agrega que los recursos entregados por la JCE representan solo una parte del financiamiento de las organizaciones.
"Estimándose en muchos casos entre un 20 % y un 40 % de sus gastos operativos y de campaña, particularmente en organizaciones con verdadera vocación de poder. El resto de sus actividades requiere de una amplia capacidad de recaudación privada para poder sostener su funcionamiento político y electoral".
Para mejorar la calidad de los reportes, la JCE desarrolla junto con la Cámara de Cuentas la plataforma Odoo, que permitirá a los partidos registrar sus operaciones bajo un formato estandarizado y facilitará el acceso de ambos organismos a la información financiera. El sistema comenzó a implementarse en el PRM y luego será incorporado al PLD y la Fuerza del Pueblo, que concentran alrededor del 80 % de la contribución estatal destinada a los partidos.
Actualmente, cada organización presenta sus informes con formatos distintos, lo que ralentiza el proceso de revisión. Según Espiñeira, algunos expedientes incluyen inventarios detallados de bienes y otros omiten esa información. Además, muchos carecen de comprobantes fiscales y otros documentos de respaldo, mientras que las herramientas tecnológicas utilizadas no permiten adjuntar evidencias ni garantizar la trazabilidad de las operaciones.
Margen para sancionar
La principal facultad sancionadora de la Dirección Especializada consiste en retener temporalmente los recursos públicos cuando una organización incumple con la entrega de sus informes financieros. Una vez regulariza esa obligación, los desembolsos se reanudan. Por esa razón, tanto Espiñeira como el subdirector Edgar Rodríguez consideran necesario modificar la Ley de Partidos 33-18 para fortalecer las atribuciones de la unidad.
"Es necesario que la legislación sea más clara. Nosotros no necesariamente tendríamos que auditar, pero sí contar con mayores mecanismos de control sobre las actuaciones de los partidos. Lo que buscamos es que registren todas sus operaciones, porque lo que no está registrado simplemente no puede descubrirse", sostiene el funcionario electoral.
La presidenta en funciones del PRD, Janet Camilo, coincide en que el marco legal resulta insuficiente para garantizar una supervisión efectiva de los fondos públicos. Considera que la Cámara de Cuentas debería auditar anualmente los estados financieros de los partidos para verificar que la información depositada corresponda con la documentación de respaldo y con las operaciones ejecutadas.
Aunque la ley no obliga a presentar informes semestrales, la JCE solicita esa información como un mecanismo adicional de seguimiento. No todas las organizaciones cumplen con ese requerimiento. A esto se suma una limitada capacidad operativa: la Dirección Especializada cuenta con tres contadores, un auditor y cinco abogados, plantilla que Espiñeira considera insuficiente para revisar el creciente volumen de información que reciben.
Las limitaciones del sistema se hicieron más evidentes tras una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que elevó a 41 el número de partidos y movimientos con derecho a recibir financiamiento público. El cambio incrementó los recursos destinados a organizaciones con escasa estructura administrativa. Algunos movimientos locales pasaron de recibir unos 50,000 pesos al año a cerca de 3 millones, y varias organizaciones ni siquiera contaban con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o cuentas bancarias cuando comenzaron a recibir los fondos.
Otro vacío es que los partidos no fueron incluidos como sujetos obligados en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, por lo que no tienen el deber de identificar plenamente a sus donantes, verificar el origen de los recursos ni reportar operaciones sospechosas. Además, tampoco están sujetos a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que encomendó a la JCE elaborar un reglamento especial para regular sus compras, el cual aún permanece en discusión.Janet Camilo considera que las leyes de partidos y electoral deben reformarse para fortalecer la fiscalización y establecer sanciones más efectivas.
Javier Uviera, delegado de la FP, coincide en la necesidad de reforzar la transparencia, aunque entiende que los partidos requieren un régimen especial de control que garantice la rendición de cuentas sin afectar su funcionamiento. "Más que prescindir o mantener a los partidos en un paredón ante su rol, el reto de las sociedades modernas es fortalecerlos, hacerlos más transparentes, más representativos y más cercanos a la ciudadanía, porque sin partidos no hay democracia funcional ni gobernabilidad", concluye Uviera.
Balbiery RosarioPeriodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.