El presidente del TC afirma que la Constitución de 1844 dio origen a la libertad y soberanía
La intervención de los jueces estuvieron basadas en las responsabilidades civiles, contempladas en el artículo 75 de la Constitución
Jesús Vásquez
(DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)
Durante la celebración del Día de la Constitución, los jueces del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) defendieron la importancia de los deberes ciudadanos para el fortalecimiento de la democracia.
Las intervenciones de los 13 jueces del Tribunal Constitucional, en la audiencia solemne de este jueves, estuvieron basadas en las responsabilidades civiles, contempladas en el artículo 75 de la Constitución.
La intención de esta celebración es estrechar los vínculos del órgano constitucional para profundizar sus relaciones con la ciudadanía y garantizar el ejercicio supremo de la Carta Magna.
Para la ocasión, el estrado estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y, además del pleno, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
El presidente del TC, Napoleón Estévez, resaltó la vigencia del legado histórico de la Carta Magna de 1844, afirmando que aquel primer texto fue el punto de partida de una comunidad política fundada en la libertad, la igualdad y la soberanía.
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El magistrado subrayó que la Constitución es mucho más que un conjunto de normas supremas, ya que representa el alma pública de la nación.
Mensaje de los jueces a la ciudadanía
El primer sustituto del presidente del TC, Miguel Aníbal Valera Montero, destacó que la ciudadanía se construye no sólo mediante la exigencia de los derechos, sino principalmente a través del cumplimiento de los deberes.
El togado abordó el deber fundamental de velar por el fortalecimiento de la democracia, el respeto al patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
- Valera Montero subrayó que mantener una democracia sólida es una labor constante que trasciende generaciones.
La segunda sustituta del presidente del TC, Eunisis Vásquez, reflexionó sobre el valor del servicio como principio esencial de la democracia y de la vida ciudadana. Destacó que servir no debe verse como una obligación, sino como un acto de amor, empatía y compromiso con el prójimo.
El juez Domingo Gil resaltó la importancia de la solidaridad como uno de los valores institucionales fundamentales establecidos en la Carta Magna.
Gil explicó que esta disposición no solo representa un mandato jurídico, sino también un llamado moral a la acción y a la empatía, que exige a hombres y mujeres comprometerse activamente con el bienestar colectivo.
El magistrado Fidias Aristy Payano abundó sobre el deber ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones públicas del Estado y señaló que esta disposición, aunque a veces no es bien recibida por algunos sectores, tiene un profundo sentido social, ya que busca garantizar que los recursos recaudados lleguen a los sectores más vulnerables del país.
Por otro lado, el togado José Alejandro Vargas explicó el deber de defender la patria, al abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía nacional.
Señaló que este compromiso no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino como una expresión de conciencia cívica, responsabilidad moral y amor por la República Dominicana.
La jueza Sonia Díaz abordó el deber ciudadano del voto como una expresión esencial de la democracia y de la participación cívica. Recordó que el sufragio constituye tanto un privilegio democrático como una responsabilidad social, indispensable para garantizar la transparencia, equidad y objetividad de los procesos electorales.
La magistrada Alba Luisa Beard destacó el deber de cooperar con el Estado para garantizar la asistencia y seguridad social. Subrayó que, si bien el Estado es el principal garante de estos derechos, la ciudadanía también tiene un rol activo en su promoción y vigilancia, e instó a la población a colaborar con las políticas públicas orientadas al bienestar social, apoyar las iniciativas comunitarias y ejercer control ciudadano sobre el uso de los fondos destinados a salud y seguridad social.
El juez José Alejandro Ayuso abordó la responsabilidad civil de desarrollar y difundir la cultura dominicana. El miembro del TC enfatizó que el equilibrio entre desarrollo cultural y preservación ambiental representa una visión moderna de los derechos humanos y un compromiso compartido entre el Estado y la ciudadanía.
Al referirse al deber de educarse, la magistrada María Santana precisó que ese mandato reafirma el compromiso conjunto del Estado y las familias con la educación de niños, niñas y adolescentes, la cual constituye un pilar esencial para el desarrollo humano y social del país.
Aseguró que el Estado debe garantizar la infraestructura y el personal docente necesarios, mientras que las familias tienen la responsabilidad de propiciar las condiciones que faciliten la educación.
El magistrado Manuel Bonnelly Vega reflexionó sobre el deber de acatar y hacer cumplir la Constitución y las leyes, subrayando que esta obligación reviste una especial importancia para quienes ejercen funciones públicas.
Señaló que tanto el servidor más humilde como el más alto funcionario del Estado deben asumir su rol con respeto absoluto al orden constitucional y a la dignidad de cada ciudadano.
La togada Army Ferreyra reflexionó sobre el valor del trabajo digno como pilar esencial de la dignidad humana. En su interpretación, la Constitución no concibe el trabajo como una simple actividad económica, sino como una expresión de libertad y de autorrealización personal, mediante la cual cada individuo puede desarrollar sus talentos y contribuir al bienestar colectivo.
El juez Amaurys Reyes Torres abordó el deber de prestar servicios civiles y militares como expresión del compromiso ciudadano con la patria y con la preservación de la paz social.
Señaló que este mandato constitucional no debe entenderse como una simple obligación, sino como una forma de participación cívica activa orientada a la defensa y conservación de la comunidad política.
Jesús VásquezJoven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.