Los médicos que hagan cesáreas innecesarias y sin permiso podrían ir a la cárcel, según proyecto
El proyecto se encuentra bajo el estudio de una comisión permanente
Ismael Hiraldo
La comisión permanente de Salud de la Cámara de Diputados estudia actualmente el proyecto de ley de parto humanizado, una iniciativa que busca sancionar penalmente al personal médico que incurra en lo que se define como violencia obstétrica, incluyendo la práctica de cesáreas sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, aun cuando existan condiciones para un parto natural.
De acuerdo con la propuesta depositada por el diputado Wandy Batista, toda intervención médica que altere el proceso natural del parto sin justificación médica o sin consentimiento de la paciente podrá ser considerada como un acto de violencia gineco-obstétrica, un delito que sería sancionado con penas de entre cinco y diez años de prisión conforme al artículo 309-3 del Código Penal.
El proyecto, en su artículo tercero, reconoce el derecho al parto natural respetando el tiempo y proceso biológico, y dispone que se eviten "prácticas invasivas o el uso de medicación cuando no estén debidamente justificadas".
- Sin embargo, aclara que este derecho "jamás podrá ser ejercido de manera tal que ponga en riesgo la salud y vida de la madre y del que está por nacer".
La iniciativa también establece el derecho de la mujer a ser informada sobre los beneficios y riesgos de cualquier tratamiento, para poder aceptarlo o rechazarlo expresamente.
La falta de información o la imposición de procedimientos médicos sin consentimiento, como una cesárea innecesaria, se consideraría una "violación grave" a este derecho.
La violencia obstétrica
El texto legislativo define la violencia gineco-obstétrica como la que se ejerce contra la mujer por parte del personal de salud que la evalúe o asista durante el parto, cuando hay un trato deshumanizado, abuso de medicación o patologización innecesaria de procesos naturales.
Esta conducta, según la propuesta, "causa a la mujer la pérdida de su autonomía y de su capacidad para decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción".
1. No atender de forma oportuna y eficaz las emergencias gineco-obstétricas.
2. Alterar el proceso natural del parto aplicando técnicas de aceleración sin el consentimiento informado.
3. Obligar a la mujer a parir en una posición determinada (por ejemplo, supina y con las piernas levantadas) cuando existan los medios para hacerlo de forma vertical.
4. Practicar una cesárea sin necesidad médica y sin consentimiento de la paciente.
5. Impedir el contacto inmediato del recién nacido con la madre sin causa médica justificada.
6. Proferir insultos, burlas, malos tratos físicos o psicológicos desde el trabajo de parto hasta el posparto.
Mujeres no embarazadas
El proyecto extiende la protección a mujeres no embarazadas que sufran vejaciones o pérdida de autonomía durante atenciones médicas ginecológicas.
En esos casos, según la pieza, el acto también se considerará violencia obstétrica y será sancionado penalmente, sin importar las responsabilidades civiles que surjan.
Las sanciones
Las violencias obstétricas se dividen en leves y graves, según dispone el proyecto en sus artículos finales.
Según el artículo 13, siempre serán consideradas graves las violaciones al derecho a controlar la propia reproducción, a recibir orientación para el parto, a ser tratada con respeto y a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas posibles.
El personal de salud, tanto de recintos públicos como privados, que cometa cualquiera de estas infracciones será juzgado como un autor de violencia obstétrica ante la jurisdicción penal.
En caso de ser hallado culpable, el médico o personal sanitario podría enfrentar penas de entre cinco y diez años de prisión, de acuerdo con la gravedad del hecho, además de posibles responsabilidades civiles.
De acuerdo con los considerandos de la pieza, el proyecto de ley de parto humanizado busca, en esencia, promover una atención digna, respetuosa y centrada en los derechos de la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto, "garantizando que toda intervención médica se realice con su consentimiento informado y en condiciones de seguridad tanto para ella como para el recién nacido".
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.