Medio Ambiente vincula bandas criminales con ocupaciones en zonas de las Dunas de Baní
Autoridades destacan que operativos en la zona han reducido casi a cero el saqueo de arena
Roger Figueroa
El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, reveló este miércoles que existe una investigación en curso, debido a que ya han sido identificadas supuestas bandas criminales que estarían patrocinando invasiones en la zona de las Dunas de Baní, próximo al poblado de Las Calderas, en la provincia Peravia.
El funcionario también atribuyó a esas estructuras delictivas la quema intencional de una caseta de vigilancia ocurrida el pasado fin de semana.
Asegura no hay nuevas ocupaciones
Organizaciones sociales y comunitarios solicitaron a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente prestar atención urgente a las ocupaciones por parte de particulares que, según denunciaron, se producen rápidamente en las Dunas.
Ante las denuncias, el ministro explicó que desde octubre de 2024 la institución mantiene un acuerdo de colaboración con la Armada de la República Dominicana para reforzar la vigilancia permanente en el área protegida.
Al ser intervenido en el evento Climate Connect 2026 indicó que ese monitoreo ha permitido reducir "casi a cero" las extracciones ilegales de arena y evitar nuevas ocupaciones o construcciones dentro de la zona núcleo y la zona de amortiguamiento del monumento natural.
El funcionario sostuvo que tras una denuncia pública reciente, técnicos del ministerio y miembros de la Armada realizaron una inspección en el lugar, donde comprobaron que las ocupaciones señaladas se encuentran fuera de los límites protegidos.
No obstante, reconoció que la situación requiere acciones adicionales por tratarse de terrenos estatales o parcelas no saneadas que quedan fuera de la zona de amortiguamiento.
En ese sentido, informó que el ministerio trabaja de manera coordinada con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía para ejecutar un proceso de recuperación de esos espacios.
Antiguas ocupaciones
Sobre antiguas ocupaciones dentro de áreas protegidas, explicó que algunas tienen entre 10 y 20 años de existencia, por lo que requerirán procesos de diálogo y negociación con las familias asentadas.
Finalmente, aseguró que continuará la vigilancia conjunta entre la Armada y Medio Ambiente, mientras otras instituciones del Estado asumirán las medidas correspondientes en las zonas no protegidas.
Roger FigueroaPeriodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), enfocado en economía y finanzas.