Una propuesta atrevida

De manera generalizada se utilizan indicadores de medición relativa (%) para comparar el desempeño de políticas públicas utilizando como base o referencia el PIB de los países. En este sentido, se entiende que el nivel de deuda de un país es alto o bajo cuando la relación entre su deuda/PIB se coloca en el umbral del 60 % y muchos países evitan aparecer en la larga lista de los que se aproximan o superan este límite. Sin embargo, el FMI ha considerado que la informalidad laboral en las actividades económicas puede producir un sesgo adverso de estimación del PIB, el cual puede ser de un 15 % en los países de altos ingresos y de 35 % en los de ingresos bajos y medios. La República Dominicana es un país de ingresos medios y con una informalidad cercana al 55%, por cuya razón es útil observar nuestra capacidad de endeudamiento considerando esta realidad.

Al mes de abril del año 2025 la deuda pública consolidada de la República Dominicana fue equivalente al 48.5 % del PIB. Sin embargo, si se toma en cuenta el sesgo que genera la informalidad laboral, el grado de endeudamiento del país seria de sólo 37.2 %. Este porcentaje nos estaría indicando que la República Dominicana tiene aún espacio para soportar un mayor nivel de deuda pública. De esta forma quedaríamos lejos del umbral de 60% de endeudamiento razonable y dentro del rango de deuda promedio de las principales economías de America Latina; pero muy distante del alcanzado por las principales economías de altos ingresos que supera el 100 % de su PIB.

Es importante recordar que los propios Organismos Internacionales (FMI) han afirmado en reiteradas ocaciones (contrario a la creencias de políticos y hacedores de opinión) que la deuda de República Dominicana es Sostenible. De igual forma, las instituciones multilaterales y bilaterales de cooperación y financiamiento; los calificadores de riesgo/ país; la banca internacional y los propios gobiernos extranjeros reconocen que este país tiene fundamentos particulares desde el punto de vista de su crecimiento económico, de su estabilidad macroeconómica, su diversificación, de su clima de paz social y fortalecimiento democrático; pero sobre todo, de su capacidad de gestión a los desafíos que hemos enfrentado en las últimas décadas.

También, los expertos internacionales que nos observan y evalúan, habrán verificado que República Dominicana cuenta con un sistema financiero robusto; razonables políticas monetarias y fiscales; un flujo permanente y estable de inversiones extranjeras; y un buen clima de estabilidad política que facilita que los líderes políticos y los grupos económicos y sociales puedan consensuar temas de interés colectivo. Es indudable que estas son fortalezas que hemos labrado a pesar de adversidades y limitaciones; es un activo que debemos convertir en una oportunidad para seguir avanzando con visión de largo plazo.

Considero que el tema de deuda pública no debería verse en función de su tamaño, todavía estamos en un rango moderado de la proporción del PIB que se destina al cumplimiento de obligaciones de deuda (capacidad de pagos del país). Más bien, tenemos un problema en las finanzas públicas, cuyo presupuesto anual se apoya en una base tributaria ( ingresos tributarios/ PIB ) que no ha logrado sobrepasar el 14% en los últimos 30 años. Parecería razonable pensar que no se vislumbra un cambio importante en la base tributaria del país por la vía de alguna reforma; la población se muestra escéptica y no se ha logrado construir un proyecto de reforma que genere confianza sobre la necesidad y el destino de los nuevos recursos de la misma.

Sin embargo, me atrevo a considerar que la deuda pública no debería verse como un tema de gobierno alguno, este es un tema de la visión país que, como tal, corresponde a toda la sociedad, la cual no debería permanecer indiferente ante la urgencia de soluciones a problemas que estamos acumulando en diversos campos de la vida nacional, tales como: en infraestructuras viales, transporte, presas, medio ambiente y electricidad. Ser parte de la solución es una responsabilidad de cada ciudadano, empresa o grupo social. No tiene el actual gobierno la capacidad presupuestaria para enfrentar, al margen de un entendimiento social, la solución del gasto de capital que se requiere para abordar las prioridades de inversiones en las áreas indicadas.

Por esta razón me permito realizar una propuesta que consideró atrevida porque la misma podría distanciarse de las convicciones de una gran parte de la población o de políticos y especialistas en la materia. Esta propuesta parte de las siguientes premisas: a) el país tiene necesidades urgentes de aumentar el gasto de capital para infraestructuras de extrema necesidad para apoyar la sostenibilidad del crecimiento futuro de la economía; b) el Estado ( país) tiene una restricción presupuestaria que no le permite aumentar significativamente la inversión pública; c) que el país tiene un nivel de deuda pública sostenible y con capacidad de pago (deuda/PIB) razonable para tolerar un mayor nivel de endeudamiento.

A partir de estos criterios formuló la propuesta atrevida para la búsqueda de un acuerdo o pacto país que facilite la gestión de un paquete de financiamiento externo a largo plazo, que podría ser equivalente a un rango de 10 a 15% del PIB. Estos recursos serían destinado exclusivamente a la realización de las obras de infraestructura que sea socialmente acorado, dentro de las cuales no deben ser omitidas pequeñas obras que demandan con urgencia las provincias del país. La segunda parte del acuerdo social abarcaría un necesario pacto o regla fiscal a través del cual la sociedad daría su aprobación a una reforma que podría abarcar cuatro puntos básicos: a) un objetivo de reducir el déficit del sector público a 1 % del PIB en un plazo de 3 años; b) Congelamiento por un período de 5 años de los gastos corrientes ( nómina) del gobierno nacional y de los provinciales; 3) que la reforma no se base en aumento de impuestos a los grupos más vulnerables o a los que tienen una carga impositiva muy alta; y 4) el compromiso de que esta nueva deuda contraída sería exclusivamente para aumentar la inversión pública en áreas de interés nacional o provincial.

Lo fundamental es entender que seguir posponiendo las soluciones que requieren problemas acumulados en las áreas indicadas precedentemente podría tener un alto costo para la sociedad, principalmente, en términos de restricción a la capacidad productiva del país; en empleos y oportunidades de mayores ingresos ; en cantidad y calidad de los servicios que impactan la calidad de vida. Por tales razones, lo recomendable es medir y ponderar el impacto en producto potencial y en bienestar social vs. el costo financiero de la nueva deuda, por simple inspección dado los fundamentos de nuestro país parecería que no habría dudas del balance favorable de una posible decisión en el orden propuesto.

Asumo que dicha propuesta no debería corresponder a un período de gobierno alguno, como se trata de un acuerdo o compromiso de todos, podría ejecutarse en un período que trascienda una gestión de gobierno. Como primer paso, comencemos por revisar los mitos infundados que existen sobre el concepto de la deuda pública, porque endeudarse nunca ha sido un mal si el destino de los recursos contratados nos garantiza un retorno económico y social razonable. Por alguna razón las economías más avanzadas del mundo tienen un indicador deuda/PIB que supera el 100% y este no parece ser un tema de preocupación para los ciudadanos de Estados Unidos, China y Japón.

Luis A. Reyes Abreu