Make America Great Again

"Hagamos grande a América otra vez". Muchos creían que, bajo este eslogan, acuñado como poderosa marca electoral, se rescataría la historia perdida de una nación con grandes deudas de bienestar.  

Se trata de una utopía que sedujo el voto a favor de su proponente: Donald Trump. Semejante invocación provocó el mismo apego nostálgico que suscitaron, en su momento, las campañas de Reagan y Clinton.  

En el caso de Trump, tal proclama no era un mero lema electoral; se trataba de una construcción conceptual/identitaria que, entre otras expectativas, suponía priorizar los intereses nacionales, relanzar la industrialización, recuperar mercados y empleos, reducir el déficit comercial, abaratar la vida y optimizar las condiciones de los americanos.   Esa es y era la expectativa de muchos ciudadanos para lograr un bienestar comparable al de los países escandinavos, pero en la nación más poderosa del planeta.

El tiempo pasa y con él la añoranza por un pasado de gloria, pero parece que a Trump, ya presidente, le incita otra grandeza: la hegemonía imperial; un delirio muy costoso.   Más que posicionar al ciudadano americano en el centro del sistema, "hacer grande a América" es recolocar esa nación como eje del señorío global, un puesto que había compartido en un orden mundial hasta hace poco multipolar.

Se entendía que Trump iba a volcarse a la realidad doméstica, poniendo a un lado las ambiciones imperiales; pero hoy se entretiene como un niño con armas hipersónicas, plataformas navales, misiles balísticos y, en ese juego, dispone caprichosamente actos guerra, da órdenes a Gobiernos extranjeros, se proclama presidente de otros países, dirige políticas de Estados extranjeros y dispara amenazas hacia todas las latitudes.  

Mientras eso sucede, la desesperanza domina la mirada del futuro americano. Así, Estados Unidos terminó en el puesto 24 en el Informe Mundial de Felicidad de 2025, un reporte que combina seis variables clave: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y ausencia de corrupción.  Y es que retomar el control geopolítico global le dice muy poco a un granjero de Wyoming, a un exempleado automotriz de Detroit o a un enfermo catastrófico de Montgomery, para los cuales el sistema no retribuye como debiera sus aportes de trabajo, inversión y vida.

Es que Estados Unidos pierde cada día puestos en la competitividad social, es decir, en la capacidad para generar bienestar, desarrollo humano y calidad de vida a través de relaciones laborales dignas y acceso a educación, salud e ingresos justos. Esa condición no se corresponde con ser la nación más rica del mundo.

Y esta es la paradoja: la primera potencia económica y militar del planeta vive con estándares por debajo de algunos países en vías de desarrollo en materia de bienestar social. Así, esta nación ocupa el puesto 34 en el índice de Salud Global Bloomberg 2025 y el 69 en otros estudios de atención sanitaria. La ineficiencia comparativa es tal que Estados Unidos invierte entre el 15 % y el 18 % de su PIB en su sistema sanitario, pero obtiene resultados muy inferiores a países europeos de renta alta (Francia, Alemania, Reino Unido, por solo citar ejemplos).

Con un sistema operado por empresas privadas, Estados Unidos carece de cobertura sanitaria universal; cerca de 45 millones de personas no disponen de protección (1 de cada seis residentes). Es costoso, pesado e ineficiente, integrado por una red de aseguradoras privadas que genera complejas burocracias y denegaciones arbitrarias de servicios.

La discusión de la reforma sanitaria en los Estados Unidos ha concitado confrontaciones polarizadas por los intereses corporativos/políticos concentrados en la gestión del sistema.   Candidatos y Gobiernos prometen asumirla, pero termina siempre diluyéndose. Eventos como el homicidio del director de United Health Care, Brian Thompson, en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de 2024, cometido por el joven Luigi Mangione y ejecutado para sensibilizar sobre las perversiones del sistema, apenas despiertan momentáneamente la memoria de una deuda social olvidada.

Pero ¿y en educación? Estados Unidos es el sexto país del mundo con una población con títulos de educación secundaria o superior, pero se sitúa entre el décimo (10) y décimo tercer (13) lugar en ciencias, sexto (6) en lectura y entre el vigésimo sexto (26) y trigésimo cuarto (34) del mundo en matemáticas. Una afrenta para un país que destina entre el 5.4 % y el 5.6 % de su PIB al gasto público en educación; lo esperable sería que la primera potencia mundial apareciera al menos entre los primeros en calidad de su sistema educativo básico e intermedio. Nada que ver.

Por otra parte, Estados Unidos se sitúa en el lugar 36 de 38 países de la OCDE en políticas salariales y 38 en protección general de trabajadores, según Oxfam. Aunque ofrece altos salarios y baja tasa de desempleo (4.3 % en 2026), carece de derechos laborales básicos comparado con Europa. 

Pero el problema estructural más crítico de la sociedad americana es la desigualdad, marcada por una brecha extrema de ingresos y donde el 1 % más rico posee aproximadamente el 35 % de los activos, mientras una parte de la población vive en la pobreza. El 50 % más pobre posee solo el 1.5 % de la riqueza privada. Cerca de 36 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza.

Así la cosas, la gran guerra que debe llevar los Estados Unidos es social: pobreza, exclusión y desigualdad.   Lo grave es que los enemigos de esa pretensión conviven en los mismos centros de poder llamados a librarla.  Las verdaderas amenazas al bienestar social no son geopolíticas; están dentro, anidadas en un núcleo de "conspiración pacífica" que se llama "establishment", un orden impuesto por intereses corporativos y financieros que ningún político, partido ni sistema pueden retar, porque es el poder real.   Hacer grande o no a esa nación es una decisión de ese orden. Lo demás es simbología, retórica y teatro, escenario en el que Trump se ha hecho inmensamente grande...

José Luis Taveras

Abogado, ensayista, académico, editor.