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Una inversión que incluye

El presupuesto de educación especial crece de forma sostenida desde 2022 en respuesta a una deuda histórica

Durante años, la educación especial ha ocupado un espacio demasiado pequeño dentro del presupuesto educativo. Que ese renglón haya comenzado a crecer de manera sostenida desde 2022 constituye, por tanto, una buena noticia que merece destacarse y, sobre todo, consolidarse.

Educar a un niño con discapacidad cuesta considerablemente más. No porque su educación sea un privilegio, sino porque hacer efectivo su derecho exige docentes especializados, terapeutas, tecnología, materiales adaptados, accesibilidad y, en determinados casos, acompañamiento permanente. El costo puede multiplicar hasta por 35 el de un estudiante regular.

Esa diferencia explica la dimensión del esfuerzo público, pero también su importancia social. Más del 83 % de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo depende de la escuela pública. Para miles de familias, el Estado no es una alternativa entre varias, sino la única posibilidad de que sus hijos reciban educación adecuada y puedan desarrollar sus capacidades.

La inversión, además, trasciende las aulas. Cada peso destinado a inclusión educativa contribuye a reducir dependencia futura, facilita autonomía, abre posibilidades de inserción laboral y evita que una discapacidad termine convertida también en exclusión social.

El aumento presupuestario registrado es alentador. Falta mucho por hacer, especialmente ampliar cobertura y asegurar calidad. Pero pocas inversiones públicas cumplen un cometido tan profundamente humano: ofrecer oportunidades precisamente a quienes necesitan más apoyo para aprovecharlas.

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