El caso del Intrant
La firmeza del sistema judicial es indispensable, pero también lo es el respeto al debido proceso
La formalización de cargos contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el contratista José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), junto a otros siete imputados, marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción administrativa.
El Ministerio Público los acusa de sabotaje al sistema de semaforización, robo de identidad, terrorismo y asociación de malhechores, entre otros delitos graves. Más allá del impacto mediático, el proceso debe ser conducido con rigor y transparencia, sin ceder ante presiones políticas ni intereses particulares.
La firmeza del sistema judicial es indispensable, pero también lo es el respeto al debido proceso. La presunción de inocencia y el derecho de defensa no son concesiones, sino garantías fundamentales que protegen a todos los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado.
El caso del Intrant no debe verse como un hecho aislado. Es una oportunidad para revisar los mecanismos de contratación pública, fortalecer los controles institucionales y reafirmar que los recursos del Estado no son botín político ni privado.
La República Dominicana necesita instituciones fuertes, que sancionen la corrupción, pero que lo hagan con equilibrio y respeto por la justicia. Solo así se fortalece la confianza ciudadana.
