Prestar oído a los obispos

Sería de lamentar que el ruido psicológico, ese que los expertos en comunicación identifican con las ideas preconcebidas, los prejuicios y los sesgos cognitivos, impidan valorar el contenido ético y social de la carta pastoral del Episcopado con ocasión del Día de Nuestra Señora de la Altagracia.

Impregnada del espíritu comprometido del papa Francisco, artífice sereno, pero firme, de un decisivo cambio de la mirada católica sobre la sociedad y sus complejidades, la carta obispal pone el dedo en las muchas llagas que ensombrecen la realidad dominicana.

No es mandatorio ser creyente o católico para coincidir con los obispos en casi la totalidad de sus críticas. Las razones que las impulsan saltan a la vista. Una cosa distinta es que, por irresponsabilidad social o complicidad consciente (que de todo hay en la viña del Señor) cerremos los ojos para no verlas y para rehuir la urgencia de enmendarlas. 

¿No es acaso perentorio un debate crítico sobre el discurso mediático? Como observan los obispos en el punto 22 del texto, el potencial para el bien de los medios ha sido opacado por su frecuente puesta al servicio de la violencia y las campañas de odio que deshumanizan a sus víctimas, que son siempre los más débiles, los que «no gozan del aprecio del mundo».

Con ánimo pastoral, pero sin hacer concesiones, tocan un tema neurálgico: la corrupción. Esa que parece formar parte del ADN dominicano, y que en estos últimos meses encarna Senasa, con su presumible secuela de muerte «de tantos enfermos cuya medicina les fue negada por las manos manchadas por la corrupción».

Recurrente como tema en la conversación pública y privada, la corrupción está siendo desplazada de la centralidad ética a las orillas del descreimiento en la posibilidad de sancionar el delito como propugnan los obispos: «según el tamaño del daño».

Procedimientos incriminatorios que a duras penas camuflan privilegios e intenciones, empujan hoy a que el común de la gente se pregunte, con gran perjuicio para la ética ciudadana, si la corrupción punible es solo la ratería contra el Estado, y no los desfalcos cuyas cifras aturden por incalculables.

Es precisamente la disparidad, en ocasiones abismal, entre la sanción por delitos menores y la flexibilidad ante los escándalos, la que ha ido erosionando el crédito de la Justicia.  Convertidos en búmeran, los acuerdos adoptados mediante el llamado «criterio de oportunidad», cuya razonabilidad jurídica puede ser teóricamente incontestable, son vistos como patente de corso expedida a conveniencia no de la justicia, sino de los fines.

La exclusión de delincuentes confesos de los expedientes por corrupción a cambio de entregar (supuestamente) parte de lo robado, alimenta el prevaleciente ánimo de derrota de las expectativas creadas por años de reclamos en las calles. No es que se abogue por una justicia expedita, sumaria, que pase por alto el derecho de los imputados a un juicio justo. De lo que se trata es de que la justicia no sirva para otros fines que el resarcimiento de la sociedad.

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.