El fin del armario disciplinario

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la norma que prohibía —y castigaba— las relaciones homosexuales dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas es, en esencia, un desmontaje de un dispositivo de control. Foucault habría levantado la ceja: aquí no se discute moral, sino poder. Un poder que siempre encontró en los cuerpos y en los deseos un territorio para ejercer vigilancia. Lo sexual, decía, es un campo privilegiado de administración política. En República Dominicana, esa administración llevaba uniforme.

La norma, más que castigar conductas, producía sujetos: el "agente disciplinado", el "soldado heterosexual", el "cuerpo dócil para la patria". El Estado necesitaba esa ficción para sostener su imaginario de orden. Judith Butler lo llamaría performatividad regulada: prácticas reiteradas que naturalizan una identidad obligatoria, en este caso, la masculinidad militar como heterosexual y vigilante de sí misma.

La sentencia rompe ese guion. No porque la diversidad no existiera —siempre estuvo allí—, sino porque ahora deja de ser clandestina por decreto. De repente, el Estado reconoce lo obvio: que la orientación sexual no determina ni el valor ni la disciplina de un agente, y que la institucionalidad no puede seguir siendo un teatro donde el deseo ajeno es vigilado como amenaza.

La reacción, por supuesto, fue inmediata: la moral de siempre corrió a invocar a la "familia". Un recurso tan gastado como funcional. Como si el verdadero colapso familiar del país no estuviera en nuestras tasas alarmantes de embarazo adolescente, en niñas pariendo hijos de hombres adultos que rara vez enfrentan consecuencias. Pero es más cómodo señalar el deseo consensuado entre adultos que mirar de frente las violencias estructurales que minan la vida cotidiana.

Butler explicaría esta reacción como pánico ontológico: cuando una estructura de poder siente que su identidad se desestabiliza, busca restaurarla controlando cuerpos ajenos. De ahí el esfuerzo desesperado por afirmar que la heterosexualidad es esencial para la disciplina militar. Como si la ética del servicio se definiera en la cama y no en el compromiso, la integridad y la formación profesional.

La sentencia desactiva, aunque sea parcialmente, esa maquinaria de normalización. Reconoce que la ley no puede legislar sobre afectos ni sobre identidades. Que el Estado no está para modelar cuerpos ideales, sino para garantizar derechos reales.

Hay gays en las iglesias, en las bancadas del Congreso, en las universidades, en los barrios, en las familias con apellido compuesto y en las sin apellido también. Y en los cuarteles, por supuesto. El país lo sabe, pero finge no saberlo. Una especie de pacto tácito entre negación y conveniencia.

Aquí está el punto: lo que algunos temen no es que haya personas LGBT en las instituciones, sino que ahora no podrán castigarlas por existir. Que la performance obligatoria del macho uniformado se fisura. Que el armario institucional ya no es ley.

El fallo no resuelve todo, pero abre una grieta en el edificio disciplinario. Por esa grieta entra, por fin, un poco de realidad.

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.