Stairway to Heaven

El Presidente tiene razón. Si se aumenta el baremo de los ingresos exentos de pagar el impuesto sobre la renta (ISR) se reducirían los ingresos fiscales. ¿Pero cuál sería su efecto neto? Las leyes laborales dominicanas establecen un salario mínimo para cotizar en la SIPEN y un valor mínimo sobre el cual las personas tributan el ISR. Obviamente, todo esto aplica al sector formal. Actualmente, el salario mínimo cotizable en la SIPEN es de RD$ 21,674.8 por mes mientras el salario exento de impuestos ISR permanece en RD$34,685 por mes desde 2016 no obstante que el código tributario estableció que sería ajustado por inflación anualmente para mantener constante la capacidad de compra de los asalariados de menores ingresos.

La buena noticia es que el salario promedio cotizable en la SIPEN crece más rápidamente que la inflación. Entre 2016 y 2024 la inflación promedio fue de 4.7% mientras el salario promedio cotizable aumentó 7.0% promedio anual. Esto significa que la masa salarial tiende a crecer más rápidamente que el tope, lo que favorecería a las recaudaciones aún si se aplicara el tope escalonado.

Si construimos un ratio de ingresos fiscales por ISR sobre la masa salarial de los contribuyentes vemos que pasa de representar el 33.2% al 42%. Aunque este indicador no es exacto porque la partida de ISR incluye otros impuestos, se infiere que congelar la exención al valor aplicable en 2016 contribuye a que una parte creciente de la masa salarial está tributando.

Una mirada a la distribución de cotizantes de la SIPEN por rangos de salario mínimo permite observar que resultaban exentos en 2016 los grupos con ingresos equivalentes a tres a cuatro salarios mínimos, que abarca a unas 1.45 millones de personas, o el 87.7% del total de cotizantes. Al subir los sueldos y no modificarse el tope de exención, los contribuyentes exentos en 2024 fueron 1.69 millones de personas, pero cae la proporción de contribuyentes exentos al 76.8% del total. Como se ve, la distribución salarial está muy concentrada en los ingresos de bajo rango.  

Mientras más tiempo transcurra entre el 2016 y el cumplimiento de la ley tributaria, más costará su aplicación retroactiva en un futuro. Aplicar el mandato legal del Capítulo 6 del título II del código tributario en su modificación del 2012 implicaría incorporar 44 puntos de inflación del 2016 al 2024 llevando el salario exento de RD$34,685 a cerca de RD$50,000.

Esto exoneraría del pago del ISR a aproximadamente unos 200,000 cotizantes que devengan hoy ingresos mensuales equivalente a entre dos y tres salarios mínimos. La pérdida tributaria resultante se transformaría en ingresos disponibles de aproximadamente RD$2,300 por trabajador en ese rango, la llamada clase media.

A esos niveles de ingreso, tales fondos presentan una propensión al consumo casi total, con énfasis en alimentos y bienes básicos. Debe destacarse que el consumo de tales recursos lleva a que vuelvan a circular en el sistema económico, estimulando la demanda y tributando en sucesivas iteraciones al fisco que recuperaría progresivamente su sacrificio fiscal por vía del ITBIS, por ejemplo.

A tomar en cuenta también que durante 2025 el salario promedio ha aumentado ya un 8.3% lo que incrementa la base imponible y favorece las recaudaciones a recibir por el Estado.

Al final, el dilema consiste en elegir entre consumo público y privado, con sesgo a favor de los menores estratos. Asumiendo que los proyectos de inversión se financiarán con gastos extraordinarios producto de bonos y otros, nos encontramos de nuevo frente la necesidad de reevaluar el consumo corriente público.

Ellen Pérez Ducy

Economista Senior de firma Intelligent Economics.