Mucho costo, cero rédito

Por su conformación y las responsabilidades que le asigna la Constitución y las leyes, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano eminentemente político. Por lo que pudiera resultar una obviedad afirmar que sus decisiones también tienen consecuencias y costos políticos.

Como no renovar el mandato de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia, una decisión que cayó muy mal en la comunidad jurídica y la sociedad en su conjunto, que ha criticado acremente al presidente y los consejeros afines que expulsaron de esa corte a dos jueces de carrera, sin cuestionamientos a sus respectivos desempeños y mucho menos a su probidad y honorabilidad; y que afecta severamente a Abinader y a su partido, a la judicatura y a un consejero en particular

El mandatario y su entorno defienden la legalidad de la medida y justifican su accionar apelando a la falacia del tu quoque, cuando esto lo que único que hace es igualarlos con sus predecesores, esos a quienes cuestionaron hasta la saciedad entrelazados con sus satélites de la sociedad civil que hoy se suman a las reprimendas. Derrocharon capital político y perdieron el discurso diferenciador y del supuesto cambio que pregonaban con un pasado que execraban.

Y a cambio de nada, pues se equivocan si lo hicieron pensando en blindarse de entregar el poder en el veintiocho. Ya que si algo debieran saber a estas alturas, es que la enorme mayoría de esos jueces, cuando son designados en las llamadas altas cortes, recortan rápidamente la memoria y reducen el sentido de gratitud.  

El Consejo de la Magistratura también ratificó un mensaje nefasto para la judicatura: quien quiera ascender o mantenerse en las Altas Cortes debe plegarse al poder de turno. Ya que las condiciones profesionales y personales, la eficiencia, la rectitud y la honorabilidad son valores devaluados cuando se colocan frente al padrinazgo político. 

Y lamentablemente expusieron al presidente del Tribunal Constitucional, cuya independencia e imparcialidad quedaron gravemente laceradas. Ya que si bien son conocidos sus vínculos personales y profesionales con altos dirigentes del oficialismo, son igualmente reconocidas su calidad profesional y los atributos y méritos que validan su designación como presidente de ese tribunal. Sin embargo este proceso evidenció un preocupante nivel de subordinación política de Napoleón Esteves Lavandier, única condicion que podría explicar su voto en contra de la ratificación de jueces con los que trabajó y conoce sus capacidades. 

Pero como hasta en procesos perniciosos se pueden obtener cosas positivas, en este caso se evidenció lo inadecuado del modelo de evaluación de jueces introducido en la Constitución del dos mil diez y la necesidad de modificar el diseño constitucional.

Y surgieron propuestas interesantes, como establecer que los miembros de la Suprema agoten un único periodo no renovable, con una extensión mayor de los siete años actuales. Lo que les brindaría verdadera independencia y autonomía, y además les evitaría ponerse de mojiganga dizque a ser evaluados por un organismo que no tiene ni la vocación ni las calidades para valorar el desempeño de jueces de ningún nivel, mucho menos de altas cortes. 

Óscar Medina