Fondos recuperados

De casi 3 mil millones de pesos recuperados hasta el momento por el Estado dominicano en los procesos de judicialización a exfuncionarios por el desvío de fondos del erario, el presidente Luis Abinader anunció la ejecución de obras de infraestructura a nivel nacional por 2 mil millones de pesos en el ámbito deportivo, de modo que el dinero impacte a la juventud dominicana.

Por primera vez en la historia de la función pública desde la muerte del dictador Trujillo, un gobierno demuestra voluntad política para ir detrás de los fondos distraídos por personas a quienes se les confió su administración, pero que decidieron tomarlos, tal como admitieron los encartados en un juicio público, oral y contradictorio frente al ministerio público y los jueces de las distintas jurisdicciones donde se ventilaron los expedientes.

Si bien es cierto que en la ardua tarea de transparencia y de combate a la corrupción pública en República Dominicana falta un gran trecho por caminar, la voluntad política es un factor esencial para ir tras el dinero distraído en este o en gobiernos pasados. Si desde el Ejecutivo no hay demostración clara de que el flagelo de la corrupción se enfrentará sin distinción, las personas que ejercen funciones públicas van a hacer lo que se les antoje. El pueblo, además, dejará de creer en promesas de transparencia.

No es fácil tal tarea porque la corrupción es uno de los grandes desafíos a escala global, pues el fenómeno obstaculiza el desarrollo, debilita los sistemas judiciales y erosiona la confianza de la población en la función pública.

Además, hay otro fenómeno de mayor relevancia que la corrupción impacta: cercena las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. Por eso, requiere de un compromiso del gobierno como del sector privado, pues no hay corrupto sin corruptor. 

El presidente Abinader juró enfrentarla, tiene ese compromiso. Sabemos que el mandatario no ha ido a la Presidencia a buscar dinero porque lo tiene. Sin embargo, debe estar pendiente permanentemente de las instituciones. Su administración ha fortalecido los mecanismos internos, las normas y ha modificado leyes con tal de minimizar las brechas de la malversación, pero es necesario que se ponga en funcionamiento la Línea de Denuncias, de carácter confidencial, gestionada de manera centralizada por la Dirección General de Integridad, Ética y Lucha contra la Corrupción (DIGEIG), que pueda comprobar o rechazar denuncias infundadas.

No tendrá que identificarse quien haga la denuncia para preservar su integridad, pero también permitirá que, una vez recibida la queja, las autoridades sigan el hilo investigativo, de tal forma que no tome por sorpresa cuando la distracción de los recursos haya avanzado. Un presidente de la República no puede atender a cada cosa que hacen centenares de funcionarios en posiciones de responsabilidad, pero sí está en capacidad de recibir alertas de situaciones que se pueden producir en una institución del gobierno.

Pese a la existencia de leyes, regulaciones y mecanismos de transparencia siempre habrá gente, en este y todos los gobiernos, que intentará omitirlas para sacar ventajas personales. 

Lo trascendente es que desde el principal liderazgo del país (el presidente) exista un compromiso de judicializar los casos cuando haya evidencias justiciables. La humanidad vive tiempos de avances tecnológicos y de apertura democrática donde esos hechos dolosos no pasan desapercibidos. Es una responsabilidad de todos, empezando por los partidos políticos, postular perfiles a las posiciones de elección popular que hayan demostrado compromisos reales con la ética y la transparencia.

Rafael Núñez