Un decreto peligroso

No ayudan al presidente Abinader quienes le aconsejaron declarar en estado de emergencia nacional todas las compras y contrataciones de servicios vinculadas al sector eléctrico, para liberarlas durante los próximos doce meses de todos los requisitos, filtros y controles que establecen las leyes. Ya que ese decreto, el 517-25, no sólo abona el terreno para el uso dispendioso de fondos públicos, sino que además constituye un caldo de cultivo para futuros escándalos de corrupción.

De forma inexplicable al mandatario le convencieron de que la solución al problema de los apagones presentes y futuros pasa por permitir que el equipo que ha gestionado las políticas en las que su gobierno obtiene las peores calificaciones, compre sin licitación ni transparencia todo lo que le venga en ganas. Que puedan adquirir desde un tornillo hasta una termoeléctrica, y que por la libre puedan contratar tanto un consultor como otorgar un PPA o Power Purchase Agreement a plantas de generación, que si bien se instalan dentro del periodo de emergencia, pueden condicionar durante décadas la estructura de costos de la matriz energética.

Es evidente que el gobierno luce de rodillas ante unos apagones que tienen más que harta a la población, y que en consecuencia algo tienen que hacer lo antes posible para mitigar la crisis actual y prevenir situaciones parecidas en el porvenir. Pero esa disposición, más que aproximar una solución, constituye un monumento a la improvisación e incompetencia con que se han manejado las cabezas del sector eléctrico en los últimos años.  

Durante el último lustro las fallas gerenciales, las limitadas inversiones y los errores de planificación han sido una constante en la gestión del sector, lo que ahora obliga a actuar con premura. Pero aunque la ley de compras ---tanto la anterior como la recientemente promulgada--- prolonga, dificulta y a veces hasta obstaculiza los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, también ofrece mecanismos de excepción a los que se puede apelar de manera coyuntural, en casos puntuales y en procesos particulares que requieran ser completados de forma ágil y expedita.

Algo muy diferente a liberar amarras completamente de manera que las empresas eléctricas estatales compren y contraten sin fiscalización todo lo que entiendan, de la forma que quieran y al precio que les parezca. Que es lo que pasará, por mucho que el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras pretenda justificar alegando que no se violará la ley de compras y se mantendrán controles estrictos y rigurosos, la realidad es que los mecanismos de libre competencia, transparencia y rendición de cuentas quedan, en el mejor de los casos, a expensas de los caprichos de los incumbentes de turno y sus colaboradores.

Un peligro mayúsculo porque puede poner muy creativa a gente inescrupulosa, en un país donde un tunante de apellido Montilla admitió haberse embolsillado miles de millones de pesos haciendo negocios con ese mismo sector eléctrico, y para irse tranquilo a su casa sin pasar ni una noche tras barrotes sólo tuvo que devolver una parte del botín y prometer aderezarlo con un algún sapeo convenientemente dirigido.

Óscar Medina