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El círculo de la excepción

Austeridad para el ciudadano, millones para agencias: el contraste del gasto en comunicación estatal

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El círculo de la excepción
El círculo cerrado de las excepciones: miles de millones en publicidad oficial sin competencia. (MAGNIFIC)

¿Desde cuándo colocar publicidad en la radio, diseñar campañas o manejar una crisis es una obra científica? La pregunta ayuda a entender cómo la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) ha contratado estos servicios durante los últimos años.

En 2023, la Diecom adjudicó 1,450 millones de pesos a cuatro empresas mediante una excepción prevista para obras científicas, técnicas y artísticas. Los trabajos incluían estrategia de comunicación, colocación de medios y manejo de crisis. Un informe pericial de 2024 recomendó mantener la fórmula y calificó esas actividades como una "obra técnico-científica".

Son labores que requieren experiencia y conocimientos especializados, pero eso no las convierte automáticamente en obras científicas. Hay agencias con capacidad para realizarlas y competir por ellas.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) examinó aquel proceso. En su Resolución RIC-114-2024 concluyó que la excepción carecía de justificación suficiente y que se había producido una "limitación infundada de la participación y libre competencia". La Diecom recurrió, pero en marzo de 2025 el órgano rector mantuvo su decisión. Pese a esa advertencia, según publicó este diario, en 2025 los mismos cuatro proveedores recibieron nuevos contratos por 1,800 millones de pesos, más otros 900 millones de pesos en adendas. En total, 2,700 millones de pesos.

En 2026 surgió una contradicción dentro de la propia institución. La Dirección de Colocación de Medios, responsable de solicitar los trabajos, pidió una licitación pública en enero y reiteró su solicitud en septiembre. Sin embargo, el comité de compras había aprobado en febrero un estudio previo para recurrir a procedimientos excepcionales y, siete meses después, decidió utilizar esa vía.

¿El argumento? Que una licitación implicaría un "riesgo cierto" de recibir ofertas de proveedores sin suficiente capacidad técnica. Pero para evaluar esa capacidad existen los pliegos de condiciones y los criterios de selección. Exigir experiencia no impide abrir la competencia. El expediente de 2026 alega exclusividad y se apoya en el carácter altamente especializado de los trabajos. La Resolución DIECOM-CCC-2026-0024 cita un análisis de al menos 32 procesos realizados por cuatro instituciones públicas durante más de seis años. Según la Diecom, las adjudicaciones recayeron "de manera determinante" en los mismos cuatro proveedores.

Ese historial muestra quiénes han obtenido los contratos, no que sean los únicos capaces de prestar el servicio. Una muestra de cuatro instituciones tampoco permite sacar conclusiones definitivas sobre todo el mercado nacional.

Ahí está el círculo: las adjudicaciones anteriores se utilizan para fundamentar nuevas excepciones. Se pretende demostrar la exclusividad con el historial de quienes ya han sido seleccionados, en lugar de comprobar si existen otras opciones. La contradicción aumenta porque un informe de la propia Diecom de 2024 reconocía que "no existe una oferta exclusiva ni limitada de estos servicios". ¿Qué cambió para que ahora solo cuatro empresas sean consideradas capaces? Entre los requisitos figura, además, una "confianza institucional previamente acreditada" con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo puede cumplir esa condición un proveedor que nunca ha tenido la oportunidad de trabajar con él?

En febrero de 2026, la DGCP aclaró que la excepción para publicidad corresponde a la contratación directa con los medios de comunicación, no mediante agencias o intermediarios. Si la Diecom invoca otra causal, debe acreditar que se cumplen los requisitos legales aplicables.

¿Cuánto de esos miles de millones llega realmente a las estaciones de radio, los canales de televisión y demás medios que difunden la publicidad, y cuánto se destina a intermediación, estrategia y comisiones? No se trata de desconocer el trabajo de las agencias, sino de saber si esos costos están justificados y si el Estado obtiene las mejores condiciones.

En abril de este año, el propio Gobierno anunció medidas de austeridad que incluían reducir gastos no prioritarios, entre ellos publicidad, servicios y contrataciones. Ante ese compromiso, corresponde explicar por qué se mantienen operaciones publicitarias de esta magnitud y cuánto podría ahorrarse contratando directamente con los medios cuando proceda.

Al mismo tiempo, el marbete aumentó un 33 % y la DGII estima recaudar unos 1,175 millones de pesos adicionales. Aunque esos ingresos no están vinculados directamente con estas contrataciones, para quien va a pagar más por su marbete resulta difícil entender por qué se le exige un mayor esfuerzo mientras persisten gastos cuya necesidad y eficiencia merecen explicaciones.

La respuesta debe incluir procedimientos competitivos cuando correspondan, estudios de mercado que demuestren cualquier exclusividad y una verdadera rendición de cuentas. Hoy la tecnología permite conocer el recorrido de cada peso destinado a publicidad oficial: cuánto se contrata, cuánto recibe finalmente cada medio y qué se paga por intermediación. Esa trazabilidad debe ser pública, accesible y verificable. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se distribuyen esos recursos.

Gastar conforme al presupuesto no basta. También hay que demostrar que el dinero se utilizó bien y que no existían alternativas más convenientes. Las reglas deben valer para todos. Mientras las adjudicaciones de ayer sigan justificando las excepciones de mañana, el círculo permanecerá cerrado. Y la cuenta seguirá llegando a los ciudadanos.

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