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Carta al director: Josefina Reynoso apoya artículo de Diario Libre "El gatillo como argumento"

Coincidimos en una cuestión esencial: defender el orden público no implica debilitar el Estado de derecho

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Carta al director: Josefina Reynoso apoya artículo de Diario Libre El gatillo como argumento
Dra. Josefina Reynoso, Secretaría de Seguridad Ciudadana Fuerza del Pueblo. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Señor Director:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted muy cortésmente tras haber leído su artículo "El gatillo como argumento", publicado el 2 de octubre en Diario Libre.

En mi condición de ciudadana, experta en seguridad y defensa y titular de la Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, respaldo su publicación y coincido con el fondo de su reflexión: una política de seguridad no puede medir su eficacia por el número de personas muertas en las actuaciones policiales ni asumir la fuerza letal como respuesta ordinaria frente a la criminalidad. Su análisis coloca el debate donde debe estar: en la responsabilidad del Estado y no únicamente sobre los hombros del agente policial.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sostenemos una posición similar. Este cuerpo de orden (PN) no diseña por sí solo la política pública de seguridad. Existe una estructura de dirección y supervisión política: el Ministerio del Interior y Policía, responsable de supervisar las actuaciones en esta materia, impulsar, ejecutar y responder por las políticas de seguridad ciudadana, mientras que la Policía ejecuta los lineamientos correspondientes.

Por eso, resulta insuficiente presentar la denominada "mano dura" como política de seguridad. El uso legítimo y proporcional de la fuerza forma parte de las facultades del Estado, pero no puede sustituir la prevención, la investigación criminal, la inteligencia, la persecución penal ni el debido proceso.

La Constitución define la naturaleza y las funciones de la Policía, entre ellas prevenir y controlar los delitos, investigar las infracciones bajo la dirección de la autoridad competente y proteger el ejercicio de los derechos de las personas. Asimismo, garantiza la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a ser juzgado por un tribunal competente.

La cifra de 45 muertes a manos de la policía en un solo mes y más de 1,125 en este periodo de gobierno (2020-2026) no debería ser una consigna de éxito; todo lo contrario. Debe propiciar una evaluación seria de la orientación que adopta la política de seguridad y de los mecanismos de control, investigación y rendición de cuentas que deben acompañar cada actuación estatal.

Estos números citados anteriormente reflejan que estas muertes por acciones legales o intercambios de disparos han sido una constante y que ahora se quieran usar como presentación de una nueva política deja en entredicho que el gobierno no encuentra cómo responder a la ciudadanía ante la ola de violencia.

Nuestra valoración va un paso más allá: cuando la respuesta institucional se concentra en operativos, arrestos y confrontaciones después de cometido el delito, estamos ante una política predominantemente reactiva. La seguridad pública moderna debe actuar antes: identificar riesgos, intervenir en conflictos sociales, fortalecer la investigación, controlar las armas, recuperar territorios y prevenir que la violencia llegue a un punto en el que solo quede reaccionar.

Coincidimos en una cuestión esencial: defender el orden público no implica debilitarel Estado de derecho. Es exactamente lo contrario, desde una perspectiva técnica e institucional, consideramos muy oportuno respaldar este llamado a una política de seguridad integral, preventiva y sometida a controles democráticos.

Porque un Estado demuestra fortaleza cuando puede enfrentar la delincuencia con eficacia, autoridad y resultados, sin sustituir la justicia por el gatillo.

Muy atentamente:

Dra. Josefina Reynoso
Secretaría de Seguridad Ciudadana Fuerza del Pueblo

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