Martín Valerio JiminiánLa minería dominicana no tiene solo un problema de posiciones: tiene un problema de confianza (I)
Este el primero de una serie de 2 artículos en el que utilice GROK para establecer el umbral de la conversación partiendo desde los extremos
Dos bandos citan cifras, estudios y testimonios sobre minería en República Dominicana, y ninguno logra mover al otro ni un centímetro. Durante años explicamos ese estancamiento como una confrontación sencilla: desarrollo contra medio ambiente, inversión contra agua, empleo contra territorio. Pero esa lectura ya no alcanza.
Para explorar esa distancia, utilicé Grok como herramienta de análisis del discurso público en X. Le pedí identificar cinco cuentas con posiciones favorables a la minería y cinco cuentas críticas, seleccionadas por su nivel de visibilidad y participación en el debate público dominicano en X, y comparar, bajo las mismas preguntas, sus argumentos recurrentes, las fuentes de evidencia que consideran confiables, su concepción del desarrollo y la sostenibilidad y los puntos en los que eventualmente coinciden. En una segunda etapa, el ejercicio separó los argumentos de la identidad de quienes los formulaban para observarlos bajo un criterio común. El ejercicio no pretende representar estadísticamente el debate nacional, sino observar qué ocurre cuando posiciones contrapuestas son sometidas a las mismas preguntas.
El resultado reveló algo más profundo: los dos grupos hablan idiomas diferentes, pero no parten de universos incompatibles.
El sector favorable a la minería construye su argumento alrededor de variables mensurables: exportaciones, inversión, empleo, ingresos fiscales, potencial geológico, modernización institucional y capacidad técnica. Su noción de sostenibilidad descansa en estándares, regulación, fiscalización, cierre de minas, monitoreo ambiental y mejor tecnología.
Las voces críticas parten de otro punto de referencia. Su unidad de medida no es el PIB ni la inversión extranjera, sino el territorio: agua, agricultura, cuencas, comunidades, soberanía alimentaria y permanencia de los medios de vida locales.
No hay, entonces, solo dos respuestas distintas. Hay dos maneras diferentes de formular la pregunta, y eso explica buena parte de nuestra incapacidad colectiva para conversar.
La evidencia que convence a uno no necesariamente convence al otro
El problema se agudiza cuando miramos qué considera cada bando una evidencia confiable.
Para el discurso favorable a la minería pesan los datos oficiales, los estudios científicos, los monitoreos técnicos, las instituciones públicas, la academia y los estándares internacionales.
Para sus críticos tienen mayor legitimidad el territorio, las comunidades, las iglesias, los tribunales, los científicos independientes y la experiencia acumulada —propia o internacional— sobre impactos ambientales.
De ahí surge una dificultad de fondo. Cuando una empresa presenta un estudio técnico para demostrar que un riesgo puede manejarse, usa exactamente el tipo de evidencia que ella misma considera legítima. Pero quien ya desconfía de esa empresa puede leer el mismo estudio como una prueba adicional del problema. Ocurre también al revés: una fotografía, un testimonio comunitario o una protesta pueden tener enorme peso social y político, pero tampoco prueban por sí solos el impacto ambiental específico de un proyecto.
El análisis comparativo llega precisamente a esa conclusión: ni las cifras nacionales sobre los beneficios de la minería demuestran la viabilidad de un yacimiento específico, ni una evidencia anecdótica local demuestra por sí sola la inviabilidad técnica de una operación determinada. Esa afirmación exige aplicar el mismo estándar intelectual a ambos lados.
Las coincidencias que casi nunca reconocemos
Cuando se elimina temporalmente la identidad de quien habla, aparecen coincidencias que normalmente quedan enterradas bajo las posiciones asumidas.
La primera es evidente: el agua se ha convertido en el principal criterio de legitimidad de cualquier proyecto minero. Un sector habla de recirculación, monitoreo y tecnología; el otro responde "agua sí, oro no". El vocabulario es opuesto, pero ambos coinciden en que un proyecto incapaz de ofrecer garantías creíbles sobre el recurso hídrico resulta socialmente indefendible.
También coinciden en que no todo el territorio debe tratarse igual. Incluso quienes defendemos el aprovechamiento responsable de los recursos naturales debemos reconocer diferencias ambientales, sociales, económicas e hidrológicas entre territorios: la existencia de un recurso mineral no genera automáticamente el derecho a explotarlo.
Coinciden, además, en la importancia de la licencia social. El sector habla de diálogo, beneficios territoriales, transparencia y confianza; las comunidades hablan de voluntad popular y derecho a participar. Cambian las palabras, pero el mensaje de fondo es el mismo: un expediente administrativo puede ser jurídicamente indispensable, pero rara vez basta para sostener durante décadas una operación enfrentada con su territorio.
La coincidencia más trascendente es quizá esta: ninguno de los dos considera que el marco institucional actual resuelve bien estos conflictos. Unos reclaman una nueva ley minera, reglas claras y mayor seguridad jurídica; otros exigen exclusiones territoriales, áreas protegidas o decisiones públicas más contundentes. Desde posiciones opuestas, ambos señalan la misma zona gris.
Y las zonas grises regulatorias tienen un costo: para las comunidades producen incertidumbre; para la inversión, inseguridad; para el Estado, conflictos que terminan resolviéndose políticamente cuando debieron prevenirse institucionalmente.
El verdadero problema es quién merece confianza
La discusión minera dominicana esconde entonces una pregunta más profunda que la tradicional confrontación entre desarrollo y medio ambiente: ¿quién tiene autoridad para definir cuándo un riesgo es aceptable?
¿La empresa que estudió durante años el yacimiento? ¿El organismo estatal responsable de fiscalizarla? ¿La comunidad que vive sobre el territorio? ¿Una universidad? ¿Un laboratorio independiente? ¿Un tribunal?
Probablemente la respuesta democrática e institucional no pueda reducirse a uno solo de ellos. Y ahí está, quizás, una de las mayores oportunidades para reconstruir el debate.
El análisis identifica un punto ciego compartido: casi nadie define de antemano qué condiciones objetivas cambiarían su posición. Se invoca con frecuencia la "ciencia", pero pocas veces se precisa qué medición, hecha por quién, durante cuánto tiempo y bajo qué protocolo debería considerarse suficiente.
Sin esos umbrales verificables, expresiones como "minería responsable" o "ecocidio" corren el riesgo de quedar en simples etiquetas enfrentadas. Una política pública sólida debería sustituir progresivamente esas etiquetas por reglas.
Si determinados indicadores de calidad del agua exceden ciertos parámetros verificados independientemente, deben existir consecuencias previamente conocidas.
Si determinadas áreas poseen una sensibilidad ambiental incompatible con ciertas actividades, esa condición debería establecerse antes de que exista una inversión millonaria detrás de un proyecto.
Si una provincia productora debe recibir una proporción determinada de los beneficios generados por sus recursos, el mecanismo debería estar definido institucionalmente y no depender de la buena voluntad corporativa.
Y si un proyecto cumple los requisitos técnicos, ambientales, sociales y jurídicos definidos previamente por el Estado, también debe existir certeza respecto de las consecuencias de ese cumplimiento.
Eso es Estado de derecho.
Pasar de convencer al otro a construir reglas comunes
Durante demasiado tiempo hemos planteado el diálogo minero como un ejercicio de persuasión: el sector intenta convencer de que la minería puede hacerse responsablemente; los opositores, de que ciertos riesgos hacen inaceptables determinados proyectos.
Pero las sociedades no necesitan que todos sus ciudadanos piensen igual. Necesitan instituciones capaces de administrar civilizadamente sus desacuerdos.
El propósito de una buena regulación minera no es producir unanimidad, sino establecer de antemano qué territorios pueden evaluarse, cuáles deben excluirse, qué riesgos son tolerables, quién los mide, cómo se distribuyen los beneficios, qué ocurre cuando se incumple una obligación y quién decide cuando persiste el desacuerdo.
El propio análisis del discurso llega a una conclusión reveladora: el enfrentamiento no se reduce al "sí" o "no" a la minería. También trata sobre qué entendemos por desarrollo y, sobre todo, quién tiene legitimidad para determinar, con evidencia verificable, qué es seguro, qué genera beneficios y qué supone un riesgo inaceptable.
Esa es, quizás, la conversación que todavía nos falta. Porque debajo de las posiciones enfrentadas hay principios que casi todos comparten: el agua debe protegerse; no todo territorio es igualmente apto; la información debe poder verificarse; los beneficios deben alcanzar a las comunidades; el cierre de una mina importa tanto como su apertura; y corresponde al Estado fijar las reglas.
Construir acuerdos a partir de esas coincidencias no significa renunciar a defender la minería ni pedirles a sus críticos que abandonen sus preocupaciones. Significa algo más exigente:
Dejar de preguntarnos solamente quién tiene razón y comenzar a construir instituciones capaces de demostrarla.
Martín Valerio JiminiánDirector Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.