Protección medioambiental y empleos verdes

La protección del medio ambiente y la generación de empleos verdes constituyen hoy dos de los mayores desafíos y, al mismo tiempo, dos de las mejores oportunidades para impulsar un crecimiento económico sostenible. La transición hacia fuentes de energía renovable —como la hidroeléctrica, la solar, la eólica y la biomasa— no solo contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también crea nuevas oportunidades de empleo, mejora la calidad de vida de la población y promueve el desarrollo de las economías regionales.

Una de las principales ventajas de estas tecnologías radica en que sus instalaciones suelen ubicarse en provincias y municipios alejados de los grandes centros urbanos, lo que favorece la descentralización de la inversión, dinamiza las economías locales y genera empleos directos e indirectos en comunidades tradicionalmente marginadas del proceso de industrialización.

Desde la puesta en marcha del Plan de Acción para el Clima en 2013 y del Plan de Energía Limpia impulsado durante la administración del presidente Barack Obama en 2015, el debate sobre la transición energética ha permanecido vigente. Aunque los avances tecnológicos han sido significativos, todavía persisten fuertes intereses económicos y políticos que dificultan la expansión acelerada de las energías renovables mediante obstáculos regulatorios, legales y administrativos.

Sin embargo, la realidad económica impone un cambio de rumbo. La volatilidad de los precios internacionales del petróleo y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles hacen indispensable acelerar la transformación de la matriz energética, garantizando mayor seguridad energética y menores costos para consumidores y empresas.

En la República Dominicana todavía una parte importante de la generación eléctrica depende de combustibles fósiles. No obstante, el país ha logrado avances importantes durante los últimos años, incrementando la participación de las energías renovables, especialmente mediante la expansión de la generación solar fotovoltaica y los parques eólicos. Actualmente, las fuentes renovables representan aproximadamente una cuarta parte de la capacidad instalada de generación eléctrica, con la meta de alcanzar alrededor del 30 % hacia el año 2030, consolidándose como uno de los líderes de la transición energética en el Caribe.

La creación de empleos verdes exige, sin embargo, una profunda transformación del mercado laboral. La demanda de técnicos especializados, ingenieros, operadores, instaladores y profesionales en eficiencia energética crecerá de forma acelerada durante la próxima década. Ello obliga a fortalecer la formación técnica y universitaria, adecuando los programas educativos a las necesidades de una economía basada en tecnologías limpias.

Este aspecto resulta especialmente relevante para la República Dominicana, donde aún persisten elevados niveles de informalidad laboral y una parte importante de la población económicamente activa enfrenta dificultades para acceder a empleos formales. La expansión de las energías renovables puede convertirse en una importante fuente de empleos de calidad para miles de jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral después de concluir sus estudios universitarios y técnicos.

Diversos estudios internacionales han demostrado que los sectores con mayor incidencia en el cambio climático son precisamente aquellos que concentran una elevada proporción del empleo: agricultura, pesca, silvicultura, generación de energía, transporte, construcción, manufactura intensiva en recursos naturales y gestión de residuos sólidos. Esto plantea un doble desafío: proteger el empleo existente mientras se avanza hacia modelos productivos ambientalmente sostenibles.

La experiencia internacional demuestra que la lucha contra el cambio climático no constituye un obstáculo para el crecimiento económico. Por el contrario, la denominada economía verde está generando millones de nuevos puestos de trabajo alrededor del mundo. Los empleos verdes —aquellos que reducen el impacto ambiental de la actividad económica mediante el uso eficiente de los recursos naturales, la innovación tecnológica y la reducción de emisiones contaminantes— representan uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible.

Entre las medidas más efectivas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero destacan el incremento de la generación eléctrica mediante fuentes de baja emisión de carbono, la protección de los bosques y la reducción de la deforestación, así como el uso más eficiente del suelo agrícola y de los recursos hídricos.

En el mercado dominicano ya comienza a observarse una creciente demanda de profesionales especializados en energías renovables. Las empresas requieren ingenieros eléctricos, ingenieros fotovoltaicos, especialistas en diseño y evaluación de proyectos energéticos, técnicos instaladores de paneles solares, personal de mantenimiento, expertos en almacenamiento de energía y gerentes de desarrollo de negocios orientados a soluciones de eficiencia energética para empresas e industrias.

Una interrogante frecuente es si la transición energética afectará negativamente el empleo debido a la importación de equipos tecnológicos. La evidencia disponible indica lo contrario. Durante la última década el costo de generación mediante energía solar y eólica ha disminuido de forma extraordinaria, convirtiéndose en la alternativa más económica para producir electricidad en gran parte del mundo. La reducción de los costos de inversión permite ampliar el acceso a la energía y crear nuevas cadenas de valor relacionadas con instalación, mantenimiento, operación, financiamiento y servicios especializados.

Diversos estudios de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estiman que una transición acelerada hacia energías limpias podría generar millones de nuevos empleos en todo el mundo. Asimismo, investigaciones sobre políticas de descarbonización concluyen que una inversión anual cercana a los 200 mil millones de dólares destinada a energías limpias y eficiencia energética podría crear aproximadamente 2.7 millones de empleos netos, compensando ampliamente la reducción gradual de actividades intensivas en combustibles fósiles.

Otra herramienta de política económica consiste en la denominada reforma tributaria ambiental. Mediante impuestos al carbono y otros instrumentos fiscales ecológicos, los gobiernos pueden incentivar la reducción de emisiones contaminantes mientras disminuyen la carga tributaria sobre el trabajo y la producción. Esta estrategia favorece simultáneamente la competitividad empresarial, la creación de empleos formales y una mayor protección del medio ambiente.

No debe olvidarse que el cambio climático también constituye una creciente causa de migraciones forzosas, pérdidas agrícolas, eventos meteorológicos extremos y aumento de la vulnerabilidad social. Por ello, resulta imprescindible fortalecer las políticas públicas orientadas a la adaptación climática, la protección de las comunidades más expuestas y la ampliación de los sistemas de protección social para enfrentar los efectos de sequías, inundaciones, huracanes y otros fenómenos naturales cada vez más frecuentes.

En definitiva, la transición hacia una economía verde no representa únicamente una política ambiental, sino una verdadera estrategia de desarrollo económico. La protección del medio ambiente, la innovación tecnológica y la creación de empleos verdes pueden convertirse en los pilares de un nuevo modelo de crecimiento más competitivo, inclusivo y sostenible para la República Dominicana. Aprovechar esta oportunidad dependerá de la capacidad del Estado, del sector privado y de las instituciones educativas para formar el capital humano que demanda la economía del futuro.

Tomás D. Guzmán Hernández

El autor es economista.