Pablo UlloaCuando la justicia llega tarde (Clase 29)
La justicia debe ser oportuna: no basta con que exista, debe llegar a tiempo
Hay clases en las que el aula deja de ser un salón y se convierte, por una hora, en una pequeña imagen de la República que aspiramos a construir. Eso sentí en la clase 29 de Constitución Viva para Todos y Todas, impartida en el Centro Educativo República de Guatemala. El salón, de paredes verdes, reunía a estudiantes atentos, distribuidos en mesas compartidas, con esa mezcla de curiosidad, timidez y firmeza que solo aparece cuando un tema logra tocar la experiencia real de la gente. En la pantalla se leía una frase sencilla, pero decisiva: "Justicia es justicia cuando llega a tiempo". Y en verdad, toda la jornada giró alrededor de esa idea. La agenda de la clase estuvo dedicada al "acceso oportuno a la justicia como derecho fundamental", con lectura de los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución, reflexión audiovisual a partir de Buscando Justicia (2019) y una dinámica grupal llamada Reloj de la justicia.
Hay una razón profunda para llevar este tema al aula. Con frecuencia enseñamos la justicia como si fuera un asunto reservado a los tribunales, a los abogados o a quienes dominan el lenguaje técnico del poder. Pero la justicia, en su sentido más verdadero, no empieza en el expediente: empieza en la conciencia del ciudadano que sabe que tiene derechos, que merece ser escuchado y que no debe quedar desamparado frente al abuso. Cuando un estudiante comprende eso, el texto constitucional deja de parecer una pieza lejana de solemnidad jurídica y comienza a funcionar como una herramienta concreta para leer la vida.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 68 dispone que la Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales mediante mecanismos de tutela y protección; el artículo 69 reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, e incluye una justicia accesible, oportuna y gratuita; y el artículo 70 consagra el hábeas data como acción judicial para conocer, acceder, rectificar, actualizar o exigir confidencialidad sobre datos personales contenidos en registros públicos o privados. No se trata, por tanto, de una concesión administrativa ni de una promesa retórica. Se trata de un mandato constitucional que obliga al Estado a responder de manera real, no tardía, no humillante y no inaccesible.
Ese fue, precisamente, el valor de la dinámica del Reloj de la justicia. Pocas veces se enseña a los jóvenes que el tiempo también puede ser una forma de justicia o de injusticia. Sin embargo, cualquiera que haya esperado una sentencia, una respuesta institucional, una investigación seria o simplemente la intervención de una autoridad en un momento de peligro, sabe que la tardanza también hiere. Un derecho reconocido en el papel puede convertirse en frustración si el procedimiento lo vuelve inaccesible, si la burocracia lo retrasa hasta el cansancio o si la respuesta llega cuando el daño ya está consumado. La justicia no se niega solamente cuando se actúa con arbitrariedad. También se niega cuando llega tarde.
Por eso fue tan importante ver a los estudiantes entrar en la conversación no como repetidores de conceptos, sino como ciudadanos en formación. Algunos escuchaban con esa concentración silenciosa que anuncia comprensión. Otros intervenían con prudencia, como quien todavía mide sus palabras, pero ya ha descubierto que la pregunta importa. En las imágenes de la jornada se ve con claridad que allí no había una enseñanza mecánica: había una relación viva entre maestro, estudiantes y Constitución. Había sonrisas, atención, diálogo, mirada crítica. Había, sobre todo, un ejercicio de ciudadanía temprana. Y eso importa porque una democracia no se sostiene solo con normas bien escritas; necesita también una cultura pública que enseñe a reconocer la injusticia y a no resignarse frente a ella.
Incluso el propio sistema judicial ha reconocido la centralidad de este desafío. En el plan Justicia del Futuro 2034, el Poder Judicial identifica como tareas prioritarias ampliar la igualdad de acceso, reducir el retardo judicial y fortalecer la confianza ciudadana, mientras reporta avances en la digitalización de servicios: a junio de 2025, el 40 % de los trámites ingresaban por el portal de Acceso Digital. Ese dato importa no solo por lo que muestra en términos de modernización, sino por lo que revela como horizonte ético: la justicia debe estar cada vez más cerca de la gente, no más lejos.
Pero esta columna no podía terminar en la teoría, porque el país mismo se encargó de recordarnos, de la manera más dolorosa, por qué esta conversación es urgente. La reciente tragedia ocurrida en Santiago, donde el chofer de un camión recolector de basura, David Carlos Abreu Quezada, fue perseguido y agredido mortalmente por motoristas tras un incidente de tránsito, y donde además se investigan fallas de seguridad y de actuación institucional en el entorno del Palacio de Justicia, no es solo una noticia policial. Es una herida moral para la República. Los reportes públicos indican que hubo detenciones, que el Ministerio Público depositó solicitud de coerción y que también se abrió una investigación sobre la respuesta oficial en el lugar de los hechos.
Y allí aparece, con toda su crudeza, la lección más difícil de esta clase. Falló el Estado, porque un ciudadano que buscó protección no la recibió a tiempo. Y falló la sociedad, porque demasiadas veces hemos comenzado a tolerar la furia colectiva, la persecución, el espectáculo de la violencia y la deshumanización del otro como si fueran parte normal del paisaje. Cuando un hombre corre hacia las instituciones intentando salvar la vida y aun así muere, la advertencia no recae solo sobre una autoridad específica: recae sobre todos. Nos recuerda que la justicia no puede ser un edificio, un uniforme o un procedimiento; debe ser una capacidad real de proteger. Y nos recuerda, también, que una sociedad que convierte la rabia en turba termina debilitando su propia idea de civilización.
Tal vez por eso esta clase 29 dejó una impresión tan honda. Porque en aquel salón no solo se explicaron tres artículos constitucionales. Se intentó formar una sensibilidad republicana. Se les dijo a los jóvenes, con palabras y con método, que los derechos tienen valor cuando existen mecanismos para defenderlos; que el debido proceso protege la dignidad frente al poder; que el acceso a la justicia no debe depender del dinero, del apellido ni de la cercanía con una oficina; y que una República seria se mide, en buena parte, por la manera en que responde cuando una persona necesita auxilio.
Al salir del aula pensé que esa frase en la pantalla resumía mucho más que una clase: "Justicia es justicia cuando llega a tiempo". Todo lo demás es demora, y la demora, cuando se vuelve costumbre, termina pareciéndose demasiado a la impunidad. Por eso enseñar justicia en la escuela no es un lujo pedagógico. Es una necesidad nacional. Porque un país solo comienza a ser verdaderamente justo cuando sus ciudadanos aprenden, desde temprano, que sus derechos tienen a dónde ir, que el Estado está obligado a responder y que ninguna vida debe perderse esperando la protección que la Constitución ya prometió.
Pablo UlloaDefensor del Pueblo de la República Dominicana.