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Cuando la Constitución echó raíces en el aula (Clase 27)

La educación cívica como semilla de un mejor país

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Cuando la Constitución echó raíces en el aula (Clase 27)
Estudiantes del Centro de Excelencia República de Colombia. (FUENTE EXTERNA)

Hay días en que una clase deja de parecer una clase y se convierte en una pequeña imagen del país que uno quisiera ayudar a construir. Esta semana, en el Centro de Excelencia República de Colombia, ocurrió algo así. Mientras algunos estudiantes escribían en sus cuadernos y otros seguían atentos desde sus computadoras, un grupo se reunió frente a un gran cartel con forma de árbol. En las raíces se colocaban los derechos; en el tronco, la responsabilidad colectiva; en las ramas, los problemas que debíamos enfrentar; en las hojas y los frutos, las acciones concretas que cada quien podía asumir. No era una manualidad escolar. Era una metáfora cívica. Era, en realidad, una de las maneras más hermosas de explicar que una República solo se sostiene cuando sabe qué la funda, qué la une y qué está dispuesta a defender.

La jornada correspondía a la clase 27 de Constitución Viva para Todos y Todas, dedicada al derecho colectivo a la tierra y al equilibrio ecológico. La agenda incluía la lectura en voz común del artículo 67, una reflexión guiada, un recurso audiovisual y una actividad grupal titulada precisamente El árbol de los derechos.  Y, sin embargo, lo que allí ocurrió fue más que el cumplimiento ordenado de un programa. Lo que allí ocurrió fue el momento en que varios jóvenes comenzaron a entender que la Constitución no habla solamente de poderes públicos, elecciones, instituciones o procedimientos. También habla del agua, de la tierra, del aire, del entorno en que vivimos y del deber que tenemos de no destruir aquello que sostiene la vida.

Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que la cuestión ambiental pertenece a los expertos, a los técnicos, a los ministerios o a las cumbres internacionales. Pero cuando un estudiante mira de frente el tema, descubre algo mucho más simple y más profundo: que el deterioro del ambiente no es una abstracción, sino una forma concreta de injusticia. Una cañada contaminada no es un problema teórico. Un río degradado no es un dato perdido en un informe. La basura quemada junto a una comunidad no es un asunto menor. Todo eso toca la salud, la dignidad, la convivencia, la seguridad y hasta la manera en que una familia imagina su futuro. Por eso enseñar el artículo 67 en un aula dominicana no es desviarse de los grandes temas nacionales; es entrar de lleno en ellos.

Lo más valioso de esta experiencia fue, quizás, la forma en que los estudiantes asumieron el contenido. Una joven tomó la palabra con serenidad, como quien ya no está respondiendo para cumplir, sino pensando de verdad. Otros escribían con una concentración que revelaba apropiación del tema. Un grupo completo se puso de pie para discutir qué debía ir en las raíces, qué debía sostener el tronco y qué problemas colgaban de las ramas. En ese instante el lenguaje constitucional dejó de ser algo ajeno. Se volvió experiencia. Se volvió conversación. Se volvió criterio. Y eso, para cualquier maestro, es una de las señales más esperanzadoras que puede ofrecer el aula pública.

Porque el verdadero milagro de la educación no está solo en transmitir información, sino en formar una sensibilidad. Un muchacho que entiende que la tierra no es solo suelo, sino sustento; que el equilibrio ecológico no es solo una idea bonita, sino una condición para vivir con dignidad; que el daño al ambiente termina casi siempre golpeando primero a los más vulnerables, empieza también a comprender otra cosa: que la ciudadanía no comienza a los 18 años, ni en una junta electoral, ni en un discurso solemne. Comienza cuando una persona descubre que su conducta tiene consecuencias públicas y que cuidar lo común también es una forma de amar al país.

Tal vez por eso esta clase me dejó una impresión tan honda. En medio de tantas conversaciones nacionales dominadas por la urgencia, el ruido, la confrontación y la prisa, un salón de clases recordó algo esencial: que ninguna nación se transforma de manera duradera si no educa a su juventud en la responsabilidad compartida. Podemos inaugurar obras, aprobar leyes, multiplicar discursos y diseñar reformas, pero si no formamos una generación que entienda que los derechos necesitan cuidado, límite y conciencia, seguiremos reparando tarde lo que debimos prevenir a tiempo.

A veces se dice que la escuela prepara para la vida. Yo creo que, en jornadas como esta, la escuela hace algo todavía mayor: prepara para la República. La prepara cuando enseña que los derechos tienen raíces. La prepara cuando explica que el tronco que sostiene una sociedad sana es la responsabilidad colectiva. La prepara cuando muestra que los problemas no se niegan ni se esconden, sino que se nombran con valentía. Y la prepara cuando invita a cada estudiante a escribir, en una hoja o en un fruto, una acción concreta, como diciendo en voz baja que el país no cambiará solo por lo que prometen sus dirigentes, sino también por lo que asumen sus ciudadanos.

Al salir de aquel salón, pensé que la imagen del árbol resumía mejor que muchos discursos una idea fundamental de esta bitácora: la Constitución no fue escrita para quedarse quieta en un libro. Fue escrita para entrar al aula, tocar la conciencia, organizar la conversación y ayudarnos a comprender que la patria también se cuida en lo pequeño. Se cuida en la forma en que tratamos el agua, en cómo pensamos el territorio, en cómo educamos a nuestros jóvenes y en la manera en que aprendemos a sentir como propio aquello que pertenece a todos. Si las raíces son los derechos, si el tronco es la responsabilidad y si los frutos son las acciones, entonces aquella clase no fue solo una lección sobre el medio ambiente. Fue una lección sobre el país. Y ese país, como todo árbol verdadero, solo crecerá si aprendemos a cuidar la tierra que lo sostiene.

Si quieres, en el próximo paso te la cierro todavía más en formato exacto de periódico, ajustando longitud y ritmo para publicación.

TEMAS -

Defensor del Pueblo de la República Dominicana.