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Productividad: la reforma silenciosa que necesita la República Dominicana

Durante décadas el crecimiento dominicano ha estado impulsado principalmente por la acumulación de factores productivos

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Productividad: la reforma silenciosa que necesita la República Dominicana

Durante más de tres décadas la República Dominicana ha sido una de las economías de mayor crecimiento de América Latina. Entre 1990 y 2023 el país creció en promedio cerca de 5 % anual, una de las tasas más altas de la región.

Este desempeño permitió reducir la pobreza monetaria desde niveles superiores al 40 % en los años noventa hasta alrededor de 17 % en la actualidad, mientras la economía consolidaba estabilidad macroeconómica y acceso a los mercados internacionales de capital.

De acuerdo con cifras presentadas recientemente en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (Amchard) por Magín J. Díaz, ministro de Hacienda y Economía, la inversión extranjera directa supera los 5 mil millones de dólares anuales, las remesas alcanzan más de 11 mil millones de dólares, y las reservas internacionales del país superan los 16 mil millones, reflejando tanto la confianza de los dominicanos en el exterior como la fortaleza estructural de la economía nacional. 

Sin embargo, detrás de estos indicadores positivos emerge una discusión cada vez más relevante para el futuro del país: la productividad.

Durante décadas el crecimiento dominicano ha estado impulsado principalmente por la acumulación de factores productivos: mayor inversión, expansión del empleo y aumento del capital físico en sectores como turismo, construcción, comercio y zonas francas.

Este modelo ha permitido crecer con rapidez, pero también tiene límites estructurales. Cuando el crecimiento depende fundamentalmente de la expansión de los factores y no de mejoras en la eficiencia económica, inevitablemente llega un momento en que el modelo comienza a mostrar señales de agotamiento.

El premio Nobel Paul Krugman lo explicó con una frase que hoy adquiere especial relevancia para las economías emergentes: "La productividad no lo es todo, pero a largo plazo es casi todo." En términos simples, el nivel de vida de una sociedad depende en última instancia de cuánto produce cada trabajador y de cuánto valor agregado generan sus empresas.

Esta idea tiene raíces más profundas en la teoría económica moderna. El premio Nobel Robert Solow, padre de la teoría del crecimiento neoclásico, demostró que a largo plazo el crecimiento económico sostenido no proviene únicamente de la acumulación de capital o trabajo, sino fundamentalmente del progreso tecnológico y de las mejoras en la productividad.

Como explicó Solow en sus estudios sobre crecimiento económico, es el avance tecnológico —y la capacidad de las economías para organizarse de manera más eficiente— lo que explica la mayor parte del aumento del ingreso de los países a lo largo del tiempo.

Ese es precisamente el punto en el que hoy se encuentra la República Dominicana.

El desafío económico de las próximas décadas no será simplemente mantener el crecimiento. Será transformarlo: pasar de un crecimiento extensivo basado en acumulación a uno intensivo basado en productividad.

Los datos regionales confirman la magnitud del reto. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la productividad laboral promedio de América Latina se sitúa entre 35 % y 40 % de la productividad de Estados Unidos, lo que evidencia una brecha estructural significativa.

En el caso dominicano, diversos estudios del BID han señalado que una parte importante del crecimiento económico de las últimas décadas se ha explicado por la acumulación de factores productivos más que por aumentos sostenidos en la productividad total de los factores.

El BID también ha advertido que una parte relevante de la brecha de ingreso entre América Latina y las economías desarrolladas se explica por la misasignación de recursos, es decir, situaciones en las que capital y trabajo no se dirigen hacia las empresas más productivas, reduciendo así el potencial de crecimiento de toda la economía.

La experiencia internacional muestra que cuando una economía mantiene altos niveles de crecimiento durante largos periodos, muchas ineficiencias estructurales permanecen ocultas.

El propio dinamismo económico tiende a compensar distorsiones regulatorias, institucionales o administrativas. Pero cuando el crecimiento comienza a moderarse, esas distorsiones se vuelven visibles.

El caso de Chile ilustra bien este fenómeno. Durante más de dos décadas Chile fue considerado el modelo económico de América Latina.

Entre 1990 y 2013 su economía creció en promedio 5.3 % anual, pero desde 2014 el crecimiento promedio se redujo a alrededor de 2 % anual, reflejando una caída significativa en su crecimiento potencial. 

Diversos economistas han explicado este cambio señalando dos factores principales: la desaceleración de la productividad y el aumento de barreras regulatorias que terminaron afectando la inversión.

El economista Sebastián Edwards, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), ha advertido que cuando el clima regulatorio se vuelve incierto o excesivamente complejo, la inversión privada —principal motor del crecimiento— comienza inevitablemente a retraerse.

En la misma línea, Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central de Chile, ha señalado que el exceso de permisos administrativos —lo que en Chile se ha denominado permisología— ha retrasado durante años proyectos de inversión por miles de millones de dólares.

Desde la teoría institucional del desarrollo, el premio Nobel Douglass North explicó que el crecimiento económico depende en gran medida de la calidad de las instituciones que estructuran los incentivos económicos.

En su obra sobre cambio institucional, North sostuvo que "las instituciones son las reglas del juego en una sociedad", y que su función principal es reducir la incertidumbre que enfrentan los agentes económicos.

En una línea similar, el economista Daron Acemoglu, profesor del MIT, ha demostrado que las economías prosperan cuando sus instituciones generan incentivos para invertir, innovar y producir.

Cuando las instituciones funcionan adecuadamente, los individuos encuentran oportunidades para crear valor; cuando se convierten en barreras, el crecimiento pierde dinamismo.

La discusión sobre productividad, por tanto, no se limita al desempeño de las empresas. También involucra la calidad del entorno institucional en el que operan.

La productividad de una economía depende tanto de la eficiencia de su sector privado como de la eficiencia del propio Estado. Sistemas regulatorios excesivamente complejos, trámites innecesarios o estructuras administrativas fragmentadas generan costos invisibles para toda la economía.

Cada permiso que tarda años en otorgarse es inversión que no se ejecuta. Cada regulación mal diseñada es crecimiento que se pierde.

La experiencia internacional muestra que las economías que han logrado transformar su estructura productiva lo han hecho mediante reformas institucionales profundas. Corea del Sur, por ejemplo, tenía en los años sesenta un ingreso per cápita similar al de muchos países de América Latina.

Sin embargo, apostó durante décadas por políticas públicas orientadas a elevar la productividad: inversión sostenida en educación, innovación tecnológica, desarrollo industrial y fortalecimiento institucional. Hoy Corea del Sur posee una productividad laboral varias veces superior a la de la mayoría de economías latinoamericanas y se ha convertido en una de las economías más avanzadas del mundo.

La República Dominicana posee activos importantes: estabilidad monetaria, acceso a mercados internacionales, un sistema financiero robusto y una economía abierta al comercio.

No obstante, el siguiente paso del desarrollo dominicano dependerá cada vez más de la calidad de sus instituciones, de la formación de su capital humano y de su capacidad para organizar un Estado que facilite —y no obstaculice— la actividad productiva.

Porque en última instancia la productividad no es solo una variable económica. Es la expresión concreta de una sociedad que decide organizar sus instituciones para producir más valor, generar más oportunidades y elevar el bienestar colectivo.

Y cuando una nación logra alinear instituciones eficientes, talento humano y reglas económicas claras, el crecimiento deja de ser una coincidencia histórica y se convierte en una política deliberada de prosperidad para todos.


TEMAS -

Defensor del Pueblo de la República Dominicana.