Cuando se apaga un aporte: presupuesto, divisas y reglas para gobernar mejor

Estas reflexiones parten, además, de un punto de arranque reciente: un panel organizado por CAMIPE para exponer la necesidad de una nueva ley minera y discutir, con datos y perspectivas diversas, cómo actualizar las reglas para que el Estado pueda exigir, fiscalizar y sancionar con mayor eficacia.

Hay discusiones que el país suele tener, como si la realidad fuera un plebiscito permanente. Pero hay otra forma —más útil— de abordar temas complejos: ponerlos en modo política pública. Hoy propongo un ejercicio simple, casi incómodo: imaginar qué ocurre si se reduce drásticamente (o desaparece) el aporte económico medible que hoy registra la minería formal, no por ideología, sino por una combinación de incertidumbre, conflictividad, falta de confianza o un marco institucional que no logra ordenar, fiscalizar y dar previsibilidad.

El primer error sería pensar que esa pérdida se queda "dentro del sector". La economía no funciona por compartimentos. Cuando un flujo relevante se interrumpe, el efecto se traslada al lugar donde el país de verdad siente las cosas: el presupuesto, las divisas y el empleo formal.

Empecemos por el presupuesto, porque ahí se mide la realidad del Estado. Para 2026, el Presupuesto General del Estado proyecta ingresos consolidados por RD$1,439,933,579,891, gastos consolidados por RD$1,718,588,324,028 y un resultado financiero consolidado deficitario de RD$278,654,744,137. Cuando las finanzas públicas enfrentan tantas presiones, no contar una fuente de ingresos tan importante deja de ser un gesto simbólico: es una decisión con efectos concretos. Se compensa con una mezcla conocida: más deuda, recortes o más presión tributaria general. Es decir, el costo termina repartido entre todos, no porque "alguien quiera", sino porque la matemática fiscal es implacable.

Dicho en sencillo: cuando una fuente de ingresos se reduce, el ajuste suele sentirse en menos margen para servicios públicos, en más endeudamiento o en más carga sobre el contribuyente formal.

En ese contexto, conviene mirar lo que está pasando con la recaudación asociada al sector. El reporte económico elaborado por DASA tomando la información de la Dirección General de Impuestos internos muestra que, junto al auge exportador, las recaudaciones fiscales de la minería pasan de RD$11,978 millones (ene–sep 2024) a RD$25,063 millones (ene–sep 2025), un salto de 109%. No se trata de glorificar una cifra. Se trata de entender una lógica básica: cuando una fuente de ingreso se apaga o se vuelve intermitente, el presupuesto pierde elasticidad. Y cuando el presupuesto pierde elasticidad, el Estado se vuelve más frágil ante cualquier shock.

El segundo golpe, menos visible pero igual de determinante, es el externo: divisas e inversión. Aquí también ayuda ceñirse a hechos. DASA  de acuerdo con la Dirección General de Aduanas, reporta que las exportaciones mineras (metálicas y no metálicas) suben de US$1,795 millones (2024) a US$2,700 millones (2025), un aumento de US$904 millones (+50.4%). Además, en los primeros tres trimestres de 2025, el sector habría reinvertido US$556 millones como re-inversión extranjera directa (IED), equivalente a 14% del total (ene–sep 2025). Mostrando confianza en el país, su estabilidad económica, social y el potencial que tenemos.

Y en términos de estructura productiva, el sector de "Explotación de minas y canteras" aparece con 1.8% del PIB nominal.

¿Por qué importa esto? Porque la economía dominicana —como cualquier economía abierta— no respira solo con pesos: respira con dólares. Las divisas sostienen importaciones, estabilizan expectativas, y amortiguan tensiones. Cuando un flujo de exportaciones o inversión se reduce, el efecto no es una anécdota sectorial: es presión macro, costos más altos, incertidumbre ampliada.

Ahora viene la parte que rara vez se discute desde la razón: la sustitución no es neutra. Cuando una actividad formal y fiscalizable pierde espacio, la necesidad de materiales y los incentivos económicos no desaparecen por decreto. En muchos casos, ocurre una de tres cosas: se importa más; crece la informalidad/ilegalidad; o el sistema se vuelve una mezcla de operaciones intermitentes donde el Estado fiscaliza peor, recauda peor y la ciudadanía confía menos. Por eso el debate relevante no es romántico; es institucional: ¿queremos actividad verificable y sancionable, o queremos actividad opaca e incontrolable?

Y hay un punto irrenunciable: la aceptación social solo se sostiene si el cumplimiento ambiental es verificable -monitoreo, garantías financieras y cierre responsable-, con consecuencias reales cuando se incumple.

Aquí es donde el artículo deja de ser un ejercicio económico y se convierte en una propuesta concreta. Porque si aceptamos que el costo de perder formalidad se paga en presupuesto y en territorio, la salida lógica es fortalecer lo que el país más necesita: capacidad de gobernar. Y esa capacidad se expresa en reglas claras, procesos trazables y fiscalización efectiva.

En ese punto, la permisología se vuelve un tema de Estado, no un lamento privado. El marco conceptual recogido por CAMIPE sobre la necesidad de una nueva ley minera plantea que el régimen vigente, después de más de cinco décadas, resulta insuficiente frente al contexto actual y deriva en duplicidades, parálisis administrativa e incertidumbre jurídica. Lo más importante no es la descripción; es la consecuencia: cuando no hay plazos ni trazabilidad, el proceso se vuelve un "silencio" que detiene proyectos e inversión.

Si el país quiere inversión formal y responsable, el Estado debe funcionar con la debida diligencia: criterios técnicos públicos, trazabilidad de expedientes, separación de funciones y un régimen de sanciones aplicable cuando se incumple.

Ese dato permite una afirmación que debería ser consenso: la inversión no huye de las reglas; huye de la incertidumbre. El capital puede convivir con estándares estrictos; lo que no puede financiar es un calendario incierto, criterios cambiantes y expedientes sin trazabilidad. El resultado suele ser paradójico: se reduce la inversión formal (la que el Estado puede auditar y sancionar) y crece el espacio para lo informal, lo improvisado o lo importado.

De ahí que la solución no sea "aflojar" ni "apretar" por reflejo, sino modernizar el marco legal para ordenar con transparencia. Un nuevo marco legal debería asegurar plazos, criterios públicos, interoperabilidad, trazabilidad digital y sanciones aplicables. Eso no "favorece" a nadie: fortalece al Estado y protege al territorio.

Al final, este ejercicio solo deja una conclusión: si el aporte económico medible del sector se apaga de golpe —recaudación, exportaciones, inversión— el costo se filtra al presupuesto, presiona divisas y debilita empleo formal y encadenamientos. Por eso, la urgencia de un nuevo marco legal no es un capricho gremial: es una decisión de gobernanza. Y cuando un país decide gobernar mejor, gana algo que vale más que cualquier cifra: confianza institucional.

Martín E. Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE)