La oposición: entre la crítica necesaria y la responsabilidad democrática

El presidente Luis Abinader presentó al país, el pasado 27 de febrero, algo más que una rendición de cuentas de su gestión en el último año. Su intervención tuvo el tono y la ambición de una revisión amplia de lo realizado durante su mandato, acompañada de una narrativa de futuro orientada a proyectar confianza económica y sentido de dirección para la nación.

No se trató únicamente de enumerar obras —aunque las hubo en abundancia—, sino de situar al país dentro de una estrategia de transformación productiva. En un mundo donde la competitividad ya no se mide solo por carreteras y puentes, sino también por capacidad tecnológica, capital humano e inserción en cadenas globales de valor, el discurso presidencial intentó enviar una señal clara: la República Dominicana aspira a jugar en ligas mayores.

Uno de los anuncios más llamativos fue la inversión de 500 millones de dólares vinculada a la instalación de un puerto tecnológico asociado a Google. Más allá del impacto financiero inmediato, el verdadero valor de esta iniciativa radica en su potencial para acelerar la transición hacia la economía digital, atraer talento especializado y estimular un ecosistema de innovación que el país necesita consolidar con urgencia. La pregunta clave —y legítima— será la velocidad y la calidad con que estos proyectos se materialicen en empleos y transferencia de conocimiento.

Sin embargo, la información que más atención ha despertado es la relativa a las tierras raras. El presidente aseguró que las excavaciones en curso ya confirman la existencia de unas 150 mil toneladas de estos minerales estratégicos, cuya demanda global continúa creciendo debido a su uso en tecnologías avanzadas, energías renovables y dispositivos electrónicos. De confirmarse plenamente su viabilidad comercial, este hallazgo podría convertirse en un punto de inflexión para la economía dominicana.

Ahora bien, la experiencia internacional aconseja prudencia y planificación. La explotación de tierras raras exige marcos regulatorios sólidos, transparencia contractual y, sobre todo, garantías ambientales estrictas. Convertir un recurso potencial en desarrollo sostenible no es automático; requiere institucionalidad firme y visión de largo plazo. La riqueza del subsuelo, mal gestionada, puede convertirse en una maldición en lugar de una bendición.

En el plano logístico y territorial, el anuncio de una red de puertos secos en la zona fronteriza —bajo la modalidad de zona franca y con una inversión privada estimada en 300 millones de dólares— apunta en la dirección correcta. Fortalecer la frontera desde la actividad productiva, y no solo desde la vigilancia, puede generar empleo formal, dinamizar economías locales y reducir brechas históricas de desarrollo en esa región del país.

El presidente también fue prolijo en la enumeración de obras de infraestructura ejecutadas y proyectadas en prácticamente todas las provincias. Con ello respondió, de manera directa, a los cuestionamientos de la oposición sobre una supuesta insuficiencia de inversión pública. En política, como en la vida, las percepciones cuentan tanto como las cifras; y el mensaje oficial buscó precisamente disputar ese terreno.

Con todo, el balance de este discurso debe medirse en dos tiempos. En el corto plazo, refuerza la narrativa de estabilidad y dinamismo económico que el gobierno ha defendido. En el mediano y largo plazo, el verdadero examen vendrá de la capacidad de ejecución, de la transparencia en el manejo de los grandes proyectos y del impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos.

Porque, al final —y conviene no olvidarlo—, el desarrollo no se anuncia: se construye. Y la confianza, como el buen crédito, se gana cumpliendo.

Luis González Fabra