Los ministros de Educación

Cada ministerio tiene un campo de acción especializado, un área del funcionamiento del Estado que debe ser atendida con eficiencia para garantizar la calidad y la pertinencia de los servicios que ofrece a la sociedad. El Presidente de turno posee la facultad constitucional de designar o remover a los ministros libremente, pues estos son sus colaboradores de mayor confianza. Del desempeño de estos funcionarios depende, en gran medida, el éxito o el fracaso de la gestión gubernamental. Existen sectores particularmente estratégicos -como salud, obras públicas, seguridad ciudadana y educación -cuya adecuada conducción es determinante para el logro de los objetivos nacionales.

Usualmente, en Salud se designan médicos y, en Obras Públicas, ingenieros. En el área de seguridad, los titulares suelen ser militares de carrera o civiles especializados, excepto en Interior y Policía, donde comúnmente se nombra a abogados. El país aún no ha experimentado, como ocurre en Estados Unidos o Francia, la designación de un ministro civil al frente de las fuerzas armadas, lo cual sería una novedad interesante.

En el caso de Educación, en los últimos 35 años se han designado 15 ministros. De ellos, el 53 % no proviene del ámbito de las ciencias de la educación, lo que hace su labor más compleja. Antes de poder orientar adecuadamente sus esfuerzos, deben conocer la dinámica interna del sector. Muchos planes e iniciativas quedan marginados porque su importancia no siempre es comprendida en toda su dimensión por los nuevos incumbentes, lo que ha limitado la continuidad y el avance de las políticas educativas.

La dinámica del sector educativo difiere notablemente de la de Obras Públicas. En esta última, los resultados son tangibles -un puente, una carretera- y pueden concretarse dentro del propio período de gobierno. En educación, en cambio, los tiempos son más largos y los resultados menos visibles. El currículo aprobado en 2023, por ejemplo, producirá sus frutos en 2035, cuando se gradúe la primera cohorte de bachilleres formada íntegramente bajo sus lineamientos. Su calidad dependerá de los procesos que impulse el ministro de turno en los aspectos esenciales del sistema educativo. Su liderazgo académico es, por tanto, fundamental y estratégico.

Aquí radica uno de los grandes desafíos para un presidente que desea mostrar resultados inmediatos. La educación requiere tiempo, persistencia y continuidad. Si bien es posible exhibir avances visibles -una escuela renovada, un liceo recién construido- , estos no son más que insumos para un proceso de mayor trascendencia: la formación de un ciudadano acorde con los principios definidos en la Constitución, la Ley de Educación y las normativas que rigen su aplicación.

Por ello, el sector educativo demanda la construcción de consensos duraderos, con la participación de todos los sectores sociales y, muy especialmente, de los partidos políticos, llamados por naturaleza a conducir el país en distintos momentos. A estos consensos debe sumarse un compromiso político real con la continuidad de las políticas, independientemente del gobierno de turno. La educación debe ser la principal preocupación nacional. Una buena educación no solo favorece el progreso y la movilidad social, a través de un empleo digno o del emprendimiento, sino que también incide en la salud colectiva, en la paz social, en las relaciones interpersonales y culturales, y en la calidad ciudadana.

Todo ministro debe tener claro hacia dónde se orienta la sociedad y definir políticas que impulsen el progreso colectivo. El Plan Horizonte 2034, por ejemplo, será ejecutado durante dos períodos y medio de gobierno. Por ello, no puede ser visto como una propuesta de una administración específica, sino como un consenso nacional al que todos deben aportar para lograr sus metas: mayor inclusión y mejor calidad educativa en todos los niveles.

El ministro es una figura coyuntural; las políticas educativas, en cambio, deben asumirse como acuerdos de largo plazo para poder producir resultados reales. En los últimos 35 años, los ministros de Educación han permanecido en promedio solo dos años en el cargo, período insuficiente para impulsar y consolidar iniciativas trascendentes. Parte del estancamiento educativo del país se explica por esta dinámica de cambios constantes. En educación, es imprescindible cultivar un pensamiento catedralicio, una visión de largo aliento. La prisa por mostrar resultados inmediatos suele conspirar contra los avances sostenibles.

Ángel Hernández