Manifiesto por una Minería del Bien Común 2.0: Ética, Evidencia y Gobernanza

Tuve el privilegio de estudiar en el Colegio La Salle de Santo Domingo. En mi último año, el Hermano Raúl Calvo, dibujó una pirámide en la pizarra y explicó la visión de Platón sobre el bien común. Dijo que toda sociedad justa debía tener una base sólida de razón, voluntad y virtud, y que el bien común no era la suma de intereses particulares, sino la armonía de las partes en torno a un propósito colectivo. Años después, desde el sector minero dominicano, comprendí que esa pirámide no era una lección filosófica más, sino un mapa de país.

Porque no hay desarrollo sin orden, ni confianza sin propósito, ni legitimidad sin justicia. Y la minería, en su doble condición de industria y metáfora, nos enfrenta a ese desafío moral: demostrar que los recursos naturales no son un fin, sino un medio para servir al bien común.

Durante mucho tiempo, el sector minero fue percibido —y en ocasiones ejercido— como un actor aislado, concentrado en su producción y poco atento al entorno social o institucional. Esa etapa terminó. Hoy la industria minera dominicana ha asumido su madurez: no como quien se defiende, sino como quien propone. No como un enclave económico, sino como un instrumento de política pública.

El sector minero se ha parado y se ha dicho: hay que dejar de ser el tonto ilustrado. Ya no escuchamos una sola voz, pero sí hemos aprendido a separar las voces de los ecos.

No partimos de la ilegalidad ni buscamos indulgencia. Partimos del reconocimiento de nuestras lecciones. Parte de la factura que el sector paga hoy —en desconfianza o en prejuicio— proviene de errores del pasado: falta de comunicación, tecnocracia sin pedagogía, desarrollo sin diálogo. Reconocerlo no nos debilita; nos humaniza. Nos permite hablar con legitimidad y con respeto.

Nuestra Constitución, en sus artículos 8, 14 y 17, traza el camino: el Estado existe para promover el bien común, y los recursos naturales pertenecen a la Nación. Su aprovechamiento solo puede hacerse conforme al interés nacional, bajo condiciones de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. Ese marco no es una barrera: es una guía. La seguridad jurídica y la sostenibilidad no se oponen, se sostienen mutuamente. Por eso urge una reforma minera moderna y constitucional, que traduzca estos principios en reglas claras, eficientes y transparentes.

La Sentencia TC/0021/17 del Tribunal Constitucional reafirmó que dos derechos fundamentales pueden coexistir siempre que las decisiones se funden en evidencia científica y técnica comprobada. Ese principio marca un antes y un después. La minería no es una lucha entre desarrollo y medio ambiente: es un espacio donde ambos derechos conviven bajo evidencia, diálogo y responsabilidad.

Hoy el sector minero dominicano aporta el 51.9 % de las exportaciones nacionales. En  julio del 2025, el crecimiento interanual del sector ha sido de 21 %, consolidando un repunte sostenido tras varios años de contracción. La inversión extranjera directa minera alcanzó la cifra de US$ 420.6 millones de dólares al segundo semestre del año, lo que representa un crecimiento de 439% respecto al mismo período anterior y un 14.5 % del total nacional de inversión extranjera directa. Las recaudaciones fiscales mineras totalizaron RD$ 25,062 millones de pesos en septiembre, un incremento de 109% en relación con el 2024.  Pero más allá de las cifras, lo relevante es cómo las convertimos en bienestar territorial. Por eso las empresas del sector impulsan programas de educación técnica, desarrollo local, infraestructura comunitaria y fortalecimiento institucional, con el propósito no de acumular rentabilidad, sino multiplicar oportunidades y cohesión social en los territorios donde operan.

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2024 muestra que las regiones más rezagadas del país —El Valle (San Juan), Enriquillo (Pedernales) y Cibao Noroeste (Dajabón)— coinciden con las de mayor potencial minero. Allí persisten brechas estructurales en salud, educación e ingresos, con una pérdida promedio del 21 % del desarrollo humano potencial por desigualdad. Esto no es una casualidad, es una oportunidad. La minería puede ser el instrumento más eficiente para cerrar esas brechas, si se integra a la planificación territorial y a las políticas sociales del Estado.

Por eso hablamos hoy de una minería de propósito público: ética en su gestión, verificable en su impacto y transparente en su gobernanza. Una minería que coexista con la agricultura, la biodiversidad y el turismo, no desde la competencia, sino desde la complementariedad. Una minería que entienda que cada onza extraída debe traducirse en cohesión social y desarrollo sostenible.

"El sector minero no reclama privilegios, sino reglas justas", señalo Pedro Esteva, Presidente de la Cámara Minera Petrolera de la Rep. Dom. (CAMIPERD). Reglas basadas en evidencia, diálogo y respeto institucional. Reformar la ley minera no es actualizar un texto técnico, sino redefinir un contrato moral entre el Estado, el territorio y sus recursos. Es aprender a convivir entre derechos, a corregir sin miedo y a crecer con propósito.

Los estándares internacionales —desde los Principios del IFC hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el WIR 2025 de la UNCTAD— coinciden en un punto: los sectores extractivos del siglo XXI solo son legítimos si contribuyen de manera verificable al desarrollo sostenible, a la diversificación económica y a la transición energética justa. La República Dominicana tiene la oportunidad de hacerlo desde la evidencia, con gobernanza participativa, y con un sector minero comprometido con la ética y la institucionalidad.

Por eso este manifiesto no es una defensa: es una invitación. A los poderes públicos, para avanzar en la reforma minera con visión técnica y equilibrio constitucional. A las empresas, para continuar demostrando que rentabilidad y sostenibilidad pueden caminar juntas. A la academia, para acompañar con ciencia y evidencia. A las comunidades, para involucrarse desde la información y el derecho. Y a los medios, para narrar el cambio con objetividad y responsabilidad.

El desafío no es económico, es moral, institucional y generacional. El país necesita una conversación donde el desarrollo deje de ser una cifra y vuelva a ser un proyecto de nación. No hay bien común sin confianza, ni confianza sin coherencia. Y esa coherencia empieza cuando reconocemos que la minería no es solo una fuente de ingresos, sino un instrumento de cohesión social, institucionalidad y soberanía económica.

La pirámide del Hermano Raúl no era una metáfora filosófica, sino una lección de civismo. En su base estaba la razón; en su cima, la justicia. Hoy, el sector minero dominicano está reconstruyendo esa pirámide con transparencia, evidencia y voluntad de servir. Esa es la minería que queremos. Esa es la República que debemos construir.

Martín Valerio Jiminian