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El Elefante Fiscal y el dilema de la Coherencia

Antes de asumir el cargo, Díaz describía con precisión cómo el gasto corriente se expandía sin control, mientras la inversión pública se contraía

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El Elefante Fiscal y el dilema de la Coherencia

La economía, como la política, tiene sus paradojas. Pocas tan visibles como la del ministro de Hacienda, Magín Díaz: el mismo economista que durante años alertó sobre el "elefante fiscal" —ese Estado pesado, costoso e ineficiente— hoy conduce sus riendas. Pero no se trata de una contradicción personal, sino del reflejo de una tensión más profunda: la que enfrenta la técnica con el poder y la prudencia con la justicia.

Antes de asumir el cargo, Díaz describía con precisión cómo el gasto corriente se expandía sin control, mientras la inversión pública se contraía. Su diagnóstico era claro: cuando los intereses de la deuda superan la inversión, comienza el declive del desarrollo. Tenía razón. Hoy los intereses rondan el 3.7% del PIB, la inversión apenas supera el 2.3%, y el gasto corriente ha crecido en más de RD$200 mil millones desde la prepandemia, sin que el país vea un salto proporcional en infraestructura o productividad. El elefante fiscal sigue ahí: grande, costoso y torpe.

Indexar no es una amenaza, es un deber

En este contexto, la discusión sobre la indexación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por inflación debería ser una oportunidad para rectificar, no para confundir. El artículo 327 del Código Tributario es claro: los tramos del impuesto deben ajustarse cada año según la inflación acumulada. No hacerlo equivale a gravar ingresos que ya perdieron valor, reduciendo el poder adquisitivo de los asalariados y castigando el trabajo formal.

Sin embargo, algunos portavoces del oficialismo han querido presentar esta medida como una "amenaza" a los programas sociales. Nada más alejado de la verdad. La indexación no elimina ayudas; corrige una injusticia fiscal. No pone en riesgo la protección social, la fortalece, al liberar recursos en los hogares formales que sostienen la economía y al cumplir con un mandato legal.

Magín ya lo explicó

Lo paradójico es que el propio ministro Díaz, en su artículo "La protección social en el laberinto político" (diciembre de 2024), ofrece la respuesta a esa acusación. Allí reconoce que el verdadero problema de la política social dominicana no es la falta de dinero, sino la falta de orden. "Tenemos una maraña de instituciones y programas atomizados (...). La sensación es que hay más programas que objetivos."

Y tiene razón. El país mantiene más de una docena de iniciativas paralelas —Aprende, Avanza, Aliméntate, Bono Luz, Bono Gas, Supérate Mujer, Cuidados, Bono a Mil—, muchas sin coordinación ni evaluación. Los beneficiarios están mal focalizados, los datos del SIUBEN desactualizados, y en ocasiones la entrega de ayudas termina contaminada por el clientelismo político. Si el gasto social representa apenas el 1% del PIB, el problema no es de monto, sino de eficiencia.

Coherencia y sentido de Estado

Cumplir la ley y aplicar la indexación del ISR no amenaza la estabilidad fiscal; la refuerza, porque devuelve poder adquisitivo y genera confianza en la institucionalidad. El país no necesita un Estado que recaude más a costa de quienes trabajan, sino uno que gaste mejor en quienes más lo necesitan.

El propio Magín Díaz lo advirtió antes: la eficiencia del gasto es la clave del desarrollo. Y esa sigue siendo la gran lección. No es la justicia fiscal la que pone en riesgo la protección social, sino la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El elefante fiscal continúa ahí, pesado y demandante. Domarlo no exige discursos, sino prioridades.

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El autor es especialista en Gobernabilidad y Gestión Pública y fue Director de Competitividad de la República Dominicana.