Ajedrez político en las altas cortes

En tiempos donde se mueven fichas en las altas cortes como en un tablero de ajedrez, la ciudadanía debe velar por una justicia que no se incline ante el poder político. La toga negra está llamada a representar no obediencia, sino equilibrio.

La independencia judicial es el cimiento silencioso de toda democracia. Pero cuando el poder político busca influir en la composición o el criterio de las altas cortes, la sociedad debe recordar que la justicia no se negocia: se protege, incluso del ruido y de la conveniencia.

En República Dominicana, la justicia vive un momento delicado. Más allá de los expedientes y los debates técnicos, se percibe un proceso de redefinición institucional que, como en una partida de ajedrez, mueve fichas estratégicas en las altas cortes. El interés político, la oportunidad y las alianzas parecen, a veces, pesar tanto como el mérito o la trayectoria.

Sin embargo, detrás de cada movimiento visible o silencioso, debe permanecer una verdad esencial: la justicia no es una pieza más en el tablero del poder, sino el árbitro que evita que el juego se vuelva caos. Cuando la independencia judicial se debilita, todo el sistema democrático se resiente, porque deja de haber árbitros y comienzan a imponerse los jugadores.

En estos momentos, cuando se reconfiguran las altas cortes, conviene recordar que la independencia judicial no se garantiza con discursos, sino con decisiones valientes. El juez que acomoda su criterio para complacer al poder político deja de juzgar y empieza a negociar. Una justicia complaciente con el poder es, en el fondo, una justicia debilitada; y una justicia debilitada es una amenaza silenciosa para la democracia.

La toga negra, símbolo de neutralidad, debe permanecer al margen de las estrategias y de los intereses. Su función no es servir al poder, sino servir al Derecho, incluso cuando hacerlo incomode a quienes lo ejercen.

Tampoco debe confundirse independencia con aislamiento. En tiempos donde las redes dictan veredictos y los titulares pretenden reemplazar la reflexión judicial, el sistema debe resistir el impulso de decidir bajo presión. La justicia no gana legitimidad complaciendo al público, sino actuando conforme a la ley, con serenidad y sin estridencias.

La justicia no puede estar condicionada al clamor público, porque cuando la ley se somete al ruido, se desfigura el Derecho. El juez, el fiscal o el administrador de justicia que decide por miedo al titular o a la multitud, traiciona su juramento más sagrado: servir a la verdad, no a la conveniencia. Hoy las borlas son moradas, pero podrían ser blancas en un tiempo no muy lejano; su color es un recordatorio de neutralidad frente al poder, la política y la opinión. Los administradores pasarán, los gobiernos se sucederán, pero la legitimidad del sistema solo sobrevive si se mantiene ajena a los aplausos y a las turbas digitales.

La justicia no puede ser del gobierno ni de la calle: debe ser de la República. Su autoridad no depende del poder de turno, sino de la rectitud con que se administra. Un fallo valiente, emitido en silencio y conforme al Derecho, vale más que mil decisiones dictadas al compás del interés político.

En este tablero donde tantos mueven fichas, el juez digno es aquel que decide sin mirar quién juega, sino qué es justo. Solo así la toga volverá a representar no un poder distante, sino una promesa cumplida de equidad.

José Antonio Delgado Hidalgo

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El autor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y magíster en Derecho Administrativo y Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Puede ser contactado vía correo electrónico en: Josedelgadolegal@gmail.com