De la crítica a la construcción: hacia un nuevo pacto de eficiencia y seguridad jurídica

Un nuevo sentido de oportunidad, en un momento en que el oro alcanza precios históricos y la República Dominicana podría consolidarse como un actor relevante en el mapa minero regional, la verdadera oportunidad no está en la cotización de los metales, sino en la capacidad del país para transformar su institucionalidad en un activo competitivo.

Como señaló recientemente el abogado Federico Jovine en su artículo "Una oportunidad de oro perdida", "el problema no radica en la falta de recursos naturales, sino en la falta de decisiones oportunas". La inacción, la fragmentación y la lentitud administrativa nos alejan del desarrollo tanto como una mala política fiscal. La minería, por su naturaleza estratégica, se convierte en espejo de la gestión pública: donde el Estado es eficiente, el desarrollo se acelera; donde es lento, la riqueza se inmoviliza.

De la crítica a la construcción: un nuevo pacto de eficiencia.

El economista Andrés Dauhajre hijo, genialmente hizo uso de la creatividad y con un juego de palabras logro asignarle nombre a la asignatura de los trámites gubernamentales, y la llamó: "Burocracia 104" —expresión que simboliza los 104 meses que tardó el Estado en emitir los Términos de Referencia (TdR) del proyecto GoldQuest— no requiere solo voluntad, sino una reforma de gestión pública basada en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y coordinación institucional.

La eficiencia administrativa no significa reducir controles, sino cumplir con el deber constitucional de actuar con eficacia, transparencia y coherencia, como dispone el artículo 138 de la Constitución. Los plazos indefinidos y la incertidumbre procedimental no solo retrasan inversiones: erosionan la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado.

Pasar de la crítica a la construcción implica concebir la eficiencia como una política de Estado, no como una demanda empresarial. Es una obligación republicana relacionar los artículos 14, 17, 40, 50, 51, 66, 67, 110 y 138 de la Constitución, que juntos establecen que la seguridad jurídica, la protección ambiental y la libre empresa no son derechos enfrentados, sino pilares complementarios del desarrollo sostenible.

El caso Unigold: síntoma y lección

El proyecto Unigold, que aguarda desde febrero de 2022 por la emisión de sus TdR para Neita-Sur y Candelones, es un reflejo claro de cómo la lentitud institucional se traduce en pérdida económica, fiscal y social. Cada mes de espera equivale a menos empleos, menos recaudación y menor credibilidad. Desde la óptica empresarial, no se exige privilegio, sino certeza y previsibilidad. Desde la óptica del Estado, cada expediente pendiente representa capital detenido y confianza deteriorada.

La lección es clara: la sostenibilidad ambiental no se logra con la inacción, sino con decisiones técnicas, oportunas y transparentes. Una administración ambiental moderna no protege más por demorar, sino por evaluar mejor y decidir con base en evidencia. La eficiencia ambiental —bien entendida— es también una forma de responsabilidad ambiental.

Razonabilidad y proporcionalidad: fundamentos de la política fiscal minera

El debate fiscal minero requiere una mirada que trascienda los impulsos coyunturales. La Constitución (artículos 40, 50, 51 y 110) impone límites claros a la discrecionalidad tributaria, estableciendo que toda carga fiscal debe ser razonable, proporcional y respetuosa de los derechos adquiridos.

Un régimen fiscal no puede construirse sobre la volatilidad de los precios ni sobre comparaciones arbitrarias de tasas efectivas, porque ello rompe el equilibrio entre el deber de contribuir y el derecho a la libre empresa. La razonabilidad exige vincular la carga impositiva con la capacidad real de contribuir; la proporcionalidad, evitar que la política fiscal se convierta en un castigo a la inversión legítima; y la seguridad jurídica, garantizar que las reglas no cambien a mitad del juego.

Cuando la fiscalidad pierde esa coherencia, no solo se afecta la rentabilidad de las operaciones, sino también la credibilidad institucional del país ante los inversionistas y organismos internacionales.

Perspectiva global: eficiencia y digitalización como ventajas competitivas

El World Investment Report 2025 de la UNCTAD advierte que la inversión extranjera directa mundial cayó un 11 % en 2024, pero los países que digitalizaron sus procesos y redujeron la discrecionalidad administrativa mantuvieron o incluso aumentaron su atractivo. Chile y Perú son ejemplos: su eficiencia institucional permite que la minería aporte más del 11 % de su PIB.

En la República Dominicana, la participación apenas ronda el 3%, no por falta de potencial geológico, sino por la brecha institucional. La digitalización de los procesos ambientales, concesionales y fiscales no es un lujo tecnológico, sino una condición de competitividad. Cada trámite digitalizado, cada plazo garantizado y cada expediente trazable representan puntos adicionales en la confianza país.

Hacia una gobernanza compartida del desarrollo

El reto no es elegir entre desarrollo y regulación, sino integrar ambos bajo un pacto de eficiencia y seguridad jurídica. El sector privado minero no busca menos controles, sino mejores reglas; no exige beneficios, sino procesos predecibles, técnicos y coherentes.

El nuevo pacto debe asumir que la legitimidad del desarrollo proviene de la calidad del diálogo entre Estado, empresas y comunidades, y que la eficiencia administrativa es tan parte del progreso como la fiscalidad o la protección ambiental.

Como enseña la experiencia internacional, los países que avanzan son aquellos que entienden que la eficiencia no es un favor al mercado, sino una forma superior de justicia institucional.

Convertir la oportunidad en política de Estado

La República Dominicana tiene una oportunidad de oro: transformar su institucionalidad en una ventaja competitiva. Ello requiere consolidar un Estado que combine seguridad jurídica, proporcionalidad fiscal y eficiencia administrativa, donde la minería no sea una excepción, sino un modelo de gestión moderna, digital y transparente.

De la crítica a la construcción: ese es el paso que define a las naciones maduras. La eficiencia no es un reclamo, es un deber constitucional; y la seguridad jurídica, lejos de ser una bandera sectorial, es la base sobre la cual se edifica la confianza social y el desarrollo sostenible del país.

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Martín Valerio Jiminian

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPERD)

Martín Valerio Jiminian