Por un nuevo modelo: gobierno y ADP

En nuestro país, como en cualquier otro del mundo, la educación es fundamental para el desarrollo cultural, social y económico de la nación. Precisamente por su importancia, no puede quedar supeditada a los criterios gremiales de ninguna organización, aunque esta defienda legítimamente los derechos laborales de sus afiliados y abogue por mejoras en sus condiciones de trabajo.

Es indispensable que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio de Educación encuentren un modelo de diálogo que priorice la continuidad de la docencia, sin que esta sea amenazada por paros o suspensiones. El ejercicio de los derechos sindicales no debe, bajo ninguna circunstancia, traducirse en la paralización de la enseñanza, ni por horas ni por días. Cada interrupción en las clases afecta el aprendizaje de los estudiantes y alimenta la deserción escolar. Los alumnos, que ya enfrentan dificultades en su proceso formativo, se desmotivan cuando ven interrumpida su educación por razones ajenas a su desarrollo académico.

Las interrupciones recurrentes golpean también a las familias, que confían en que sus hijos recibirán una educación de calidad. Esta no puede lograrse mientras los maestros no dediquen el ciento por ciento de su tiempo al aula, dejando el activismo gremial para fuera del horario escolar.

Es justo reconocer que los maestros tienen derecho a organizarse y a reclamar mejores condiciones laborales y salariales. Su lucha es legítima. Pero ese derecho debe equilibrarse con la responsabilidad de garantizar el derecho fundamental de los estudiantes a la educación, que debe estar siempre en primer plano.

Los dirigentes de la ADP conocen múltiples maneras de protestar y reclamar sin interrumpir las clases. El proceso educativo es sagrado, y su interrupción resulta inaceptable. En un país donde la educación ya enfrenta problemas de recursos, deficiencia de infraestructura y baja calidad docente, cada hora perdida representa un golpe irreparable. Para los estudiantes de las escuelas públicas, estos "apagones" educativos son especialmente duros, pues no tienen acceso a alternativas privadas: la escuela pública es su única vía para escapar de la pobreza y construir un futuro mejor.

La pregunta de fondo es clara: ¿dónde está el equilibrio entre los derechos gremiales y el derecho de los niños a recibir clases? Un paro magisterial impacta negativamente a la población más vulnerable, lo que exige a la ADP un nivel de responsabilidad mayor que el de cualquier otro sindicato.

Como sociedad debemos demandar un compromiso firme, tanto del Ministerio de Educación como de la ADP, para garantizar el cumplimiento del calendario escolar sin interrupciones. El objetivo debe ser resolver los conflictos antes de que escalen, protegiendo siempre el derecho a la educación.

Ha llegado el momento de que la ADP, junto a las autoridades educativas, demuestre liderazgo y responsabilidad, encontrando vías de lucha que no sacrifiquen el futuro de los estudiantes. La educación es un bien común que debe ser protegido y promovido. De ella depende la posibilidad de construir una sociedad más justa y un país verdaderamente desarrollado.

Luis González Fabra