Jaime Fernández Lazala
Limitar la casta empresarial
Corrupción y privilegios: el legado de la élite dominicana
La República Dominicana sigue siendo engañada y estafada por una casta empresarial-política, protegida en el devenir de la historia nacional por un sistema de partidos con diversos nombres: bolos, coludos, palmeros, gallos, bueyes, azules, amarillos, rojos, verdes, morados, blancos, etc. Sus dirigentes se han ligado y comprometido con esa casta organizada por nacionales dominicanos descendientes de españoles, árabes, franceses, estadounidenses, libaneses, europeos, chinos, entre otros.
La casta es un grupo de ciudadanos con poder y privilegios sociales que se han perpetuado en el estamento político y económico del Estado dominicano mediante maniobras y chantajes administrativos, por herencia, por conexión familiar o por vínculos con el grupo político en el poder. Este sistema ha generado grandes desigualdades, ha limitado la movilidad social y ha desacreditado el sistema de partidos.
No obstante, debe reconocerse que la intervención de esa casta en la política frenó en su momento el ascenso del comunismo y contribuyó a consolidar una estructura empresarial notable, así como a detener una integración política con Haití. Pero esto no significa que la casta empresarial-política no deba ser limitada en su creciente apetito económico dentro de la administración pública, que hoy desacredita tanto el sistema de partidos como el ejercicio de la política.
Las prebendas otorgadas a dirigentes partidarios para su ascenso al poder democrático están a punto de provocar el surgimiento de una dictadura que arrastre a la casta empresarial dominicana. Es tiempo de que sus miembros moderen sus ambiciones mercantiles, para que no lo pierdan todo, como ha ocurrido en Venezuela, Cuba, Argentina o El Salvador.
Tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1961, la casta experimentó cambios, pero muchos de sus colaboradores continuaron influyendo en los gobiernos posteriores. La falta de consolidación democrática mantuvo la impunidad de crímenes cometidos durante el régimen. Aunque Trujillo desapareció, figuras como Joaquín Balaguer permanecieron en el escenario.
El Consejo de Estado, presidido por Rafael F. Bonnelly, reemplazó a Balaguer y actuó como órgano de transición entre 1961 y 1963. Juan Bosch ganó las elecciones de 1962, pero su gobierno fue derrocado en 1963 por un golpe militar que dio paso a la guerra civil de 1965 y a la intervención estadounidense.
El Triunvirato gobernó entre septiembre de 1963 y abril de 1965. Posteriormente, Héctor García Godoy presidió un gobierno de transición que buscó la conciliación, aunque estuvo marcado por incidentes como el combate del Hotel Matum en Santiago.
Joaquín Balaguer llegó a presidir el país en siete ocasiones a partir de 1966. Su larga permanencia permitió a la casta empresarial fortalecerse con los bienes heredados del trujillismo, aunque Balaguer limitó en parte la corrupción administrativa.
Antonio Guzmán (1978-1982) y Salvador Jorge Blanco (1982-1986) reforzaron la casta empresarial de Santiago. En la década de 1990, el país consolidó su democracia con la alternancia en el poder.
Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008, 2008-2012) modernizó la economía y promovió inversión extranjera, pero abrió las compuertas de la corrupción administrativa mediante la ley de compras y contrataciones, que convirtió ministerios y direcciones en negocios. Hoy, con Fuerza del Pueblo, Fernández busca mantener influencia, apelando al legado conservador de Balaguer.
Hipólito Mejía (2000-2004) también amplió la casta empresarial. Danilo Medina (2012-2020) disputó poder a Fernández y consolidó influencia dentro del PLD, pero su entorno terminó bajo la operación Antipulpo.
Luis Abinader (2020-2024 y 2024-2028) ha permitido que la casta empresarial controle la Dirección de Compras y Contrataciones, que maneja hasta un 33 % del presupuesto nacional, generando endeudamiento insostenible.
Entre gobierno y oposición apenas hay diferencias esenciales. En dos décadas se ha tejido una compleja red de intereses donde la casta empresarial-política es la principal beneficiaria. Han elevado sus privilegios a rango de ley: el régimen de compras públicas, un Código Penal restrictivo y limitaciones a la opinión. El país corre el riesgo de nuevos paros y huelgas en una sociedad que percibe el lema "pagar para no matar" como un signo de decadencia. (jaime668fernandez@gmail.com)
Jaime Fernández LazalaAbogado y político.