Más calidad y oportunidades educativas
Del 4 % del PIB a la educación dominicana: avances y deudas pendientes

Antes de la asignación del 4 % del PIB al sector educativo, los fondos disponibles para los planes de desarrollo eran muy limitados. Se dependía de proyectos con organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la USAID. Eran iniciativas puntuales, como RADECO, que permitió ampliar la educación a distancia en zonas rurales aisladas; las escuelas de PIDE, estructuras muy simples que aún existen en comunidades apartadas; los liceos del Plan de Reforma (Ordenanza No. 1-70), donde Ligia Amada desempeñó un papel estelar; y algunas escuelas construidas por distintos gobiernos. Además, con fondos del BID se levantaron politécnicos de excelencia, como el de Hainamosa y el IPISA de Santiago, entre otros.
Cuando se definió que el 4 % del PIB era la inversión necesaria para el sector, la situación cambió. Se decidió construir aulas para implementar la tanda extendida —ocho horas diarias de actividades de aprendizaje—, lo que implicaba duplicar la infraestructura existente y mantener un programa para atender el crecimiento natural de la población escolar. Así, el Plan Nacional de Edificaciones Escolares, iniciado por el presidente Medina, logró construir más aulas en sus dos periodos de gobierno que en cualquier otro momento antes o después. Disponía de los recursos necesarios. A su salida, el presidente Abinader recibió más de 700 contratos de edificaciones con limitaciones legales, lo que obligó en 2021 a aprobar en el Congreso una ley especial que permitiera concluir las escuelas pendientes, así como hospitales y carreteras.
Se han invertido grandes esfuerzos y recursos en ese programa, pero también es cierto que se descuidó la infraestructura existente antes del 4 %. El deterioro es evidente en planteles como el Liceo Manuel de Jesús Galván, en Neiba; la Escuela Primaria Ana Patria Martínez, en Elías Piña; o la Escuela Básica de La Gorda, en Nagua, que deben ser demolidas. Casos similares se repiten en todo el país.
Sin embargo, el problema principal de la educación dominicana no es qué gobierno construyó más aulas. El reto fundamental está en la calidad del proceso de aprendizaje de niños y adolescentes. Invertir en la tanda extendida fue una buena idea, pero se descuidaron los recursos destinados a mejorar lo que ocurre dentro del aula: laboratorios, libros de texto, mobiliario y materiales didácticos, entre otros.
Desde el Plan Decenal de los años noventa se hizo un gran esfuerzo en la formación docente. La Ley General de Educación No. 66-97 estableció que para ingresar al sistema se requería un nivel universitario. Se formaron miles de docentes como técnicos superiores en educación, con programas de dos años de duración. Más tarde, con la aprobación del Estatuto y la Carrera Docente, se desarrollaron licenciaturas y maestrías en educación que suponen mejores salarios gracias a los incentivos asociados a la formación académica.
Para lograr una educación de mayor calidad en la República Dominicana hay que seguir invirtiendo en aulas para los niveles inicial y secundario, pero sobre todo en recursos didácticos y tecnológicos para el aprendizaje, así como en la formación continua de los docentes en servicio.