La gestión condicionada de la ayuda humanitaria pone a prueba al Gobierno de Colombia
La polémica, sin embargo, no abarca toda la cooperación internacional recibida por Colombia, ya que el país también obtuvo ayuda de numerosos países
EFE
Colombia ha recibido más de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional tras el terremoto del 10 de agosto, pero la colaboración en la emergencia fue condicionada según su origen y así como se permitió la entrada de equipos especializados de Israel y Estados Unidos, no se aceptó la del Gobierno de México.
La polémica, sin embargo, no abarca toda la cooperación internacional recibida por Colombia, ya que el país también obtuvo ayuda de numerosos países, incluidos algunos que no son considerados cercanos al nuevo presidente, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.
La analista política Sandra Borda explicó a EFE que hubo un sesgo en el manejo de la ayuda humanitaria, pero también resaltó que el nuevo Gobierno captó donaciones que, de tener otra inclinación política, no hubieran llegado al país.
Desconexión inicial
El primer problema, según Borda, estuvo relacionado con el momento en que ocurrió el terremoto: apenas tres días después de la llegada al poder de De la Espriella y en medio de una transición que no consiguió articular plenamente a las administraciones saliente y entrante luego que se suspendiera el proceso de transición.
En ese momento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) todavía estaba dirigida por Javier Pava, nombrado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, por lo que no hubo comunicación efectiva entre esta entidad y la nueva administración para coordinar la gestión de la ayuda.
"Eso genera una dificultad de conversación grande porque el Gobierno entrante no quería tener conversaciones con el Gobierno saliente, no hubo empalme. Entonces, hay una desconexión entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Cancillería en la fase inicial", afirmó Borda.
Pava concluyó, antes de ser destituido del cargo el 12 de agosto, dos días después del terremoto de magnitud 7.2, que Colombia no necesitaba equipos internacionales de rescate, según una denuncia del ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Para Borda, el problema fue que la evaluación se hizo demasiado pronto, cuando todavía había zonas devastadas y de difícil acceso sobre las que no existía información suficiente. Esa decisión se convirtió en el punto de partida para rechazar inicialmente las ofertas de equipos extranjeros.
"A unos sí y a otros no"
Una de las primeras polémicas de la emergencia llegó cuando el Gobierno modificó su posición y decidió aceptar equipos de rescate extranjeros, pero no todas las ofertas recibieron el mismo tratamiento.
Colombia autorizó el ingreso de equipos de Israel, Estados Unidos, Ecuador y El Salvador, mientras que rechazó la propuesta mexicana de enviar brigadistas.
"La segunda fase de los errores es haber tomado la decisión de recibir a unos sí y a otros no, con un criterio ideológico y no técnico", aseguró Borda.
"Prefirieron recibir rescatistas que venían desde Israel, que se iban a tomar mucho más tiempo en llegar, que recibir rescatistas que venían de México y que se iban a demorar tres horas en llegar en un vuelo comercial. Eso no tiene ningún sentido y no hay un argumento técnico", añadió la analista.
Borda sostuvo que esa decisión tuvo un componente "puramente político" e "ideológico" y considera especialmente cuestionable que ese criterio se aplicara durante una emergencia en la que el tiempo era determinante.
La discusión adquiere mayor relevancia en zonas como el departamento del Chocó, epicentro del terremoto, donde el acceso fue más difícil, ya que una mayor presencia de profesionales de rescate pudo haber agilizado esas labores durante la denominada 'ventana de la vida', las primeras 72 horas tras el terremoto, en las que aumentan las posibilidades de encontrar sobrevivientes.
Buen apoyo económico
Mientras la controversia por los rescatistas concentraba la atención pública, Colombia obtuvo un apoyo internacional importante en donaciones monetarias provenientes de entidades mundiales, gobiernos extranjeros y empresarios.
Por ejemplo, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) activó un fondo de 300 millones de dólares para financiación de emergencia, junto a otros 500,000 dólares en asistencia humanitaria; Estados Unidos anunció un aporte de 26.5 millones de dólares y la familia Gilinski, la más rica de Colombia, donó 48 millones de dólares.
"Este Gobierno obtuvo un respaldo enorme de la banca multilateral y de los gobiernos. No sé si hubiera sido de la misma naturaleza si hubiese sido otro tipo de Gobierno (...) El reto grande que van a tener ahora es poner a funcionar una gerencia para la inversión y para la recuperación del desastre", detalló Borda.
La analista concluyó que el costo político que tuvo la controversia por los rescatistas debería llevar al Ejecutivo a evitar que esas consideraciones se repitan en la distribución de la ayuda en las regiones afectadas.
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