En cuál Gobierno se produjeron más muertes durante "intercambios de disparos"
Las cifras de muertes por acción policial han superado los niveles de años anteriores, alcanzando cifras alarmantes en los últimos años
Omar Santana
La República Dominicana ha registrado durante las últimas dos décadas períodos muy distintos en la cantidad de personas fallecidas en actuaciones de la Policía y otros organismos de seguridad.
Agrupados por administraciones presidenciales, los datos muestran que los mayores registros desde que existe una serie oficial relativamente consistente corresponden al Gobierno de Leonel Fernández entre 2004 y 2012. Para fines estadísticos, debido a que las fuentes investigadas no detallas los casos por mes, fueron excluidos de la información los años de transiciones de Gobiernos, como 2004, 2012 y 2020.
Solo durante los siete años calendarios completos comprendidos entre 2005 y 2011 se contabilizaron 2,427 muertes vinculadas con actuaciones policiales, para un promedio de aproximadamente 347 por año.
Durante los siete años completos de la administración de Danilo Medina, entre 2013 y 2019, se registraron 1,144, equivalentes a unas 163 por año.
En los cinco años completos transcurridos bajo la administración de Luis Abinader, entre 2021 y 2025, la suma alcanza 808, aproximadamente 162 anuales.
La comparación excluye 2012 y 2020 porque fueron años compartidos por dos administraciones y tampoco incorpora 2026 al promedio, debido a que todavía se encuentra en curso.
Sin embargo, el comportamiento reciente muestra un cambio: después de alcanzar un mínimo de 77 muertes en 2021, el indicador volvió a aumentar hasta 139 en 2022, 178 en 2023 y 227 en 2024. En 2025 descendió a 187, mientras que durante 2026 los conteos provisionales indican nuevamente niveles elevados.
El repunte ocurre en un momento particular: desde 2021 el Estado dominicano mantiene en ejecución un proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional, iniciado por el Gobierno de Abinader después de varios episodios que generaron cuestionamientos sobre las actuaciones de agentes policiales.
Uno de los hechos que aceleró ese proceso fue la muerte de los esposos Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz Ferrer, atacados por una patrulla el 30 de marzo de 2021 en Villa Altagracia después de ser confundidos con personas perseguidas por la Policía. Tras el caso, el Poder Ejecutivo creó una comisión para diagnosticar la institución y proponer su transformación.
El informe elaborado como parte de esa reforma incluyó entre sus ejes el uso de la fuerza, la prevención del maltrato y la tortura, la profesionalización, la integridad y el cambio de la cultura institucional.
Cinco años después, el Gobierno continúa presentando esa transformación como una de sus principales políticas institucionales. El proceso ha incluido cambios en la formación de los agentes, reclutamiento, supervisión, estructura administrativa, investigación criminal y revisión de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Ese contexto hace que la evolución de las muertes en actuaciones policiales constituya también un indicador para examinar los resultados de la transformación institucional.
Leonel Fernández: los registros más altos desde 2005
La mayor concentración de fallecidos de la serie aparece durante el período 2004-2012. La Procuraduría General de la República registró 437 muertes en 2005, 295 en 2006, 345 en 2007 y 455 en 2008.
Este último continúa siendo el mayor registro anual localizado desde 2005. Posteriormente fueron contabilizadas 346 muertes en 2009, 260 en 2010 y 289 en 2011. En conjunto, los siete años completos sumaron 2,427 fallecidos, una media anual de 347.
Las cifras muestran además que el problema no comenzó ni terminó con una administración determinada. Los registros disponibles desde finales de la década de 1990 también documentan cientos de muertes relacionadas con actuaciones policiales, aunque las diferencias metodológicas impiden construir para esos primeros años una serie exactamente comparable.
Danilo Medina: reducción sostenida
Durante la administración de Danilo Medina, iniciada en agosto de 2012, el indicador comenzó a mantenerse en niveles considerablemente inferiores.
En 2013 fueron contabilizadas 169 muertes; en 2014, 209; en 2015, 193; en 2016, 168; en 2017, 140; en 2018, 162, y en 2019, 103.
Los siete años completos sumaron 1,144 fallecidos, menos de la mitad de los 2,427 acumulados entre 2005 y 2011.
La tendencia descendente continuó durante 2020, cuando se contabilizaron 80 muertes, aunque ese año no puede atribuirse exclusivamente a Medina debido a que Luis Abinader asumió la Presidencia el 16 de agosto.
Abinader: mínimo histórico seguido de un repunte
El primer año calendario completo del Gobierno de Luis Abinader, 2021, terminó con 77 muertes, el registro más bajo de la serie examinada.
A partir de entonces comenzó un comportamiento diferente.
En 2022, la Oficina Nacional de Estadística registró 139 homicidios bajo la clasificación de "acción policial o militar". En 2023 subieron a 178 y en 2024 alcanzaron 227.
Entre 2021 y 2024, por tanto, el indicador pasó de 77 a 227, un incremento de aproximadamente 195 %.
En 2025 la cantidad descendió a 187, aunque se mantuvo por encima de los niveles de 2019, 2020 y 2021.
Los cinco años completos comprendidos entre 2021 y 2025 acumulan 808 fallecidos, un promedio aproximado de 162 al año.
Ese promedio resulta prácticamente igual al registrado durante los siete años completos analizados de la administración de Danilo Medina. La diferencia se encuentra en la trayectoria: durante el período anterior predominó un descenso, mientras que desde el mínimo registrado en 2021 se produjo un aumento hasta alcanzar las 227 muertes de 2024.
Menos homicidios generales, más muertes por acción policial
El comportamiento adquiere otra dimensión al compararlo con la evolución general de los homicidios en República Dominicana.
Mientras aumentaron las muertes clasificadas como resultado de "acción policial o militar" entre 2021 y 2024, la tasa general de homicidios del país siguió una trayectoria descendente en los últimos años.
El Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana consolidó para 2025 un total de 951 homicidios intencionales, equivalentes a una tasa de 8.7 por cada 100,000 habitantes. La cifra corrigió hacia arriba el dato preliminar de 8.15 utilizado inicialmente por las autoridades.
El Gobierno atribuye parte de la reducción de los homicidios a la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta, los nuevos sistemas de análisis de datos, la investigación criminal, el retiro de armas ilegales y otras políticas de seguridad ciudadana.
Las dos estadísticas, sin embargo, miden fenómenos diferentes.
La reducción de los homicidios en general no determina por sí sola cómo debe comportarse el número de personas fallecidas durante actuaciones de las fuerzas de seguridad. Tampoco las estadísticas disponibles permiten establecer que un fenómeno sea consecuencia del otro.
Lo que sí muestran las cifras es que ambas tendencias han coexistido: la violencia homicida general ha descendido mientras las muertes asociadas con actuaciones policiales aumentaron respecto de los mínimos registrados entre 2019 y 2021.
2026 mantiene el tema abierto
Los registros de 2026 todavía son provisionales.
Hasta el 21 de septiembre se habían contabilizado al menos 180 fallecidos en intervenciones policiales o hechos presentados públicamente como alegados intercambios de disparos.
Un conteo de los casos ocurridos durante septiembre identificó 37 personas muertas durante ese mes en hechos reportados como intercambios de disparos con agentes.
De mantenerse el volumen observado durante los primeros nueve meses, 2026 terminaría nuevamente considerablemente por encima de los mínimos de 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, no corresponde proyectar un total definitivo mientras permanezca abierto el año.
"Acción policial" no significa necesariamente "intercambio de disparos"
La principal dificultad para comparar tres décadas es metodológica.
Los registros oficiales han cambiado de denominación y alcance. A través de los años aparecen categorías como "enfrentamientos con agentes", "acción legal", "acción policial", "intercambios de disparos" y "acción policial o militar".
Por esa razón, no todas las personas contabilizadas en las estadísticas oficiales pueden ser descritas como fallecidas durante un intercambio de disparos.
En 2024, por ejemplo, la ONE registró 227 muertes por acción policial o militar, mientras que un levantamiento periodístico de casos presentados específicamente como alegados intercambios de disparos encontró al menos 120 fallecidos.
Son dos universos distintos.
La diferencia obliga a utilizar la categoría más amplia —muertes vinculadas con actuaciones policiales o de las fuerzas de seguridad— cuando se realiza la comparación histórica y reservar la expresión "intercambio de disparos" para aquellos hechos que fueron reportados específicamente bajo esa descripción.
La reforma policial frente a las cifras
La evolución reciente se produce mientras continúa una reforma que tiene entre sus objetivos declarados profesionalizar la institución y fortalecer el respeto de los agentes a la Constitución, las leyes y los derechos ciudadanos.
El proceso iniciado en 2021 incluyó expresamente entre sus áreas de trabajo los protocolos sobre uso de la fuerza, la prevención del maltrato y la tortura y la formación e integridad de los policías.
Desde entonces también se han introducido programas de educación continua, nuevas reglas de ingreso, capacitación de agentes y mecanismos de supervisión. El Gobierno mantiene en 2026 la reforma como una política prioritaria y ha planteado nuevas modificaciones a la legislación que regula la institución.
Las estadísticas disponibles, sin embargo, presentan una limitación para evaluar específicamente la utilización de fuerza letal.
No ofrecen de manera sistemática datos como cuántos operativos fueron realizados, cuántas intervenciones involucraron armas de fuego, cuántos agentes resultaron atacados o heridos, quién disparó primero, cuántos disparos se realizaron, cuántos casos fueron investigados por el Ministerio Público ni qué proporción terminó determinándose como uso legítimo o ilegítimo de la fuerza.
Sin esas variables resulta imposible establecer únicamente con el número de fallecidos por qué aumentó o disminuyó la letalidad policial en un período determinado.
Lo que la serie histórica sí permite establecer es el tamaño y la evolución del fenómeno.
Los mayores registros desde 2005 continúan concentrados durante la administración de Leonel Fernández, con 2,427 muertes solamente entre 2005 y 2011.
Durante los años siguientes se produjo una reducción que llevó el indicador hasta 77 casos en 2021.
Desde entonces la curva volvió a crecer: 139 en 2022, 178 en 2023 y 227 en 2024. En 2025 descendió a 187 y durante 2026 los registros provisionales mantienen nuevamente el número de fallecidos en niveles superiores a los observados antes del repunte.
La comparación por gobiernos muestra así dos realidades distintas: los máximos históricos de la serie siguen correspondiendo al período 2004-2012, mientras que el período actual se caracteriza por una reversión parcial del prolongado descenso que había llevado las muertes por actuaciones policiales a sus niveles más bajos entre 2019 y 2021.
Omar SantanaPeriodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.