Farmacard dice encontró "prácticas irregulares" en la dispensación de medicamentos de Senasa
Dice que implementó medidas que le generaron una reducción de costos a la aseguradora estatal por 129 millones de pesos
Diario Libre
Farmacard afirmó a través de una nota de prensa que tras suscribir en febrero de 2025 un nuevo contrato con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), asumió el 100 % del riesgo financiero y la responsabilidad de pagar a las farmacias.
Como parte de este acuerdo, señala que desde el 1 de abril aplicó controles estrictos para frenar prácticas irregulares que habrían afectado al sistema de dispensación de medicamentos.
La empresa señaló que suspendió temporalmente el delivery irregular en plazas y parques, contrario a la normativa que solo permite entregas en domicilios o lugares de trabajo. También introdujo el uso de tokens de seguridad para autorizar la compra de medicamentos, con el objetivo de cerrar espacios al fraude.
En ánimo de "edificar a la opinión pública", la compañía defendió que la contratación bajo el modelo capitado responde a la necesidad de poner un límite al gasto, que —aseguró— en los últimos años se había disparado sin control.
De acuerdo con la nota este esquema no solo transfiere el riesgo financiero a la empresa, sino que además fortalece los incentivos para garantizar eficiencia y transparencia en la gestión, corrigiendo deficiencias del proveedor anterior y ofreciendo a Senasa mayor seguridad presupuestaria y sostenibilidad en el tiempo.
A través de la resolución RIC-0109-2025 emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), quedó sin efecto la contratación realizada con la empresa Farmacard, S.R.L.
Compras y Contrataciones canceló acuerdo
Las declaraciones de Farmacard se producen en un momento en que el Poder Ejecutivo depositó ante la Procuraduría General de la República (PGR) un informe con hallazgos de graves irregularidades en Senasa, vinculadas a presuntos fraudes en facturación, recetas del régimen contributivo provenientes del sistema público y autorizaciones indebidas de procedimientos médicos.
El documento, entregado por instrucciones del presidente Luis Abinader, será investigado por el Ministerio Público como parte de los esfuerzos para esclarecer el alcance del esquema y determinar responsabilidades penales y administrativas.
Relató que el 23 de julio de 2012 suscribió su primer contrato con la aseguradora estatal tras un proceso de comparación de precios. En ese contexto, se comprometió a reducir el gasto en medicamentos en un 20 %, pero en el primer mes logró una disminución de un 32 %, estabilizando posteriormente el gasto en casi un 40 % menos.
Relató que el 23 de julio de 2012 suscribió su primer contrato con la aseguradora estatal tras un proceso de comparación de precios. En ese contexto, se comprometió a reducir el gasto en medicamentos en un 20 %, pero en el primer mes logró una disminución de un 32 %, estabilizando posteriormente el gasto en casi un 40 % menos.
"Esto representó ahorros millonarios y la racionalización del gasto hasta 2020", expuso.
Indicó que, pese a que el contrato concluyó en julio de 2020 por razones ajenas a la empresa, continuó prestando servicios hasta junio de 2021, a petición de Senasa, debido a que un nuevo contratista no pudo iniciar la ejecución de sus compromisos contractuales.
Explicó que en 2024, ante la prevista finalización del contrato con el proveedor que había elegido, la empresa le consultó sobre la posibilidad de una contratación capitada a riesgo, pues para enero de 2025 el gasto mensual en medicamentos había escalado de 120 millones de pesos en 2020 a entre 385 y 390 millones, generando reclamos de afiliados y una crisis reputacional por la falta de acceso a fármacos.
Resultados presentados por la empresa
Farmacard aseguró que en los primeros cinco meses de ejecución del contrato capitado logró reducir los costos de Senasa en 129 millones de pesos, lo que equivale a un ahorro mensual de 25 millones de pesos, sin afectar el número de afiliados atendidos.
La compañía añadió que detectó que el 68 % de las recetas del régimen contributivo provenían del sistema público, una cifra que triplica el promedio de 20 % registrado en otras ARS, lo que calificó como un indicador de posibles maniobras fraudulentas.
Según sus datos, desde que retomó la administración de medicamentos en febrero, ha restablecido la continuidad en la dispensación, garantizando "calidad, transparencia y eficiencia" para más de 3.6 millones de afiliados del régimen contributivo de Senasa y unos 4.3 millones al incluir aseguradoras privadas.
Repercusiones
Mientras la Procuraduría General de la República avanza en la investigación del expediente entregado por el Ejecutivo, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró nulo el contrato directo con Farmacard, al considerar que vulneró la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
El caso mantiene la atención pública, con reclamos de organizaciones sociales, legisladores y profesionales del sector salud para que se aclaren las responsabilidades y se garantice que los afiliados de Senasa reciban medicamentos de forma oportuna y transparente.
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