Más canales para denunciar, pero siguen las confusiones sobre cómo hacerlo
A pesar de la digitalización, la mayoría de las denuncias en República Dominicana se realizan de forma presencial, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los nuevos canales
Indhira Suero Acosta
Aunque las instituciones públicas en la República Dominicana ofrecen cada vez más formas de denunciar un delito, agresión o irregularidad, los datos muestran otra realidad.
La mayoría de personas prefiere lo presencial. Muchos no entienden qué constituye una denuncia y las entidades enfrentan el desafío de convertir cada alerta en una respuesta efectiva.
Representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) comentaron a Diario Libre que, hace poco, la búsqueda de ayuda llegó por una vía que hace unos años resultaría improbable: ChatGPT.
Niños en situación de riesgo escriben al chat preguntas como: "Estoy en peligro, ¿a quién puedo llamar?". El sistema les proporciona el número de alguna de las flotas del Conani y desde allí reciben la llamada.
Canales
Las instituciones públicas multiplicaron los mecanismos para recibir reportes. Hay teléfonos, formularios web, aplicaciones, correos electrónicos, buzones físicos, atención presencial, números de WhatsApp y cuentas en redes sociales.
Sin embargo, la expansión de los canales digitales no borra los tradicionales.
Entre 2023 y junio de 2026, la Policía Nacional (PN) registró 73,589 denuncias a través de plataformas tecnológicas, una cantidad minoritaria frente a las 1,185,283 denuncias presenciales. El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de reportes virtuales, con 18,083 casos. Puerto Plata es la única provincia donde esas denuncias superan a las presenciales con 16,655 frente a 3,715. Santo Domingo ocupa el tercer lugar, con 12,571.
En otro extremo se ubican San José de Ocoa, con 24 denuncias; Pedernales, 27; Bahoruco, 40; Elías Piña, 49; Santiago Rodríguez, con 62, y El Seibo, 64.
Aunque en la PN la denuncia presencial domina, algunos servicios, como el de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), muestran un cambio. Durante varios años, quienes denunciaban utilizaban más el teléfono. Con 207 denuncias en 2023; 247 en 2024 y 230 en 2025.
Su cuenta de WhatsApp inició como plan piloto en 2025 y recibió 69 casos durante ese año. En el primer semestre del 2026, desplazó a la vía telefónica, con 143 denuncias, frente a 93.
El correo electrónico y la web alcanzaron 129 denuncias en 2024. Descendieron a 73 en 2025 y ocho durante la primera mitad de 2026. Mientras que las denuncias presenciales se mantuvieron entre 61 y 83 reportes anuales entre 2023 y 2025.
En total, la DNCD recibió 1,631 reportes ciudadanos entre 2023 y el 30 de junio del 2026.
La preferencia de canal también tiene que ver con la garantía del anonimato.
Confusión
En el Conani, los funcionarios prefieren hablar de "alertas".
Edwin Ceballos, titular del departamento de Gestión Territorial, advierte que existe confusión entre la población sobre los conceptos de denuncia, demanda y querella. Para Ceballos, una denuncia implica la formalización ante el Ministerio Público, la Policía u otra autoridad competente.
"Pensando que no están protegidos y que tendrán que presentarse ante un tribunal, quieren que sea anónimo y por eso buscan canales no presenciales", refiere.
La situación cambia cuando les etiquetan en una publicación de redes sociales.
Ennio Bertozo, encargado de la unidad de Gestión de Casos, refiere que miles de cuentas lo hacen para llamar la atención sobre situaciones relacionadas con menores de edad, pero una parte de esas publicaciones resulta falsa, corresponde al pasado u ocurrió en otros países.
Cuando una publicación se viraliza, la institución intenta obtener más información sobre su origen. Sin embargo, muchas veces el usuario responde que solo vio el contenido en las redes.
Además, la poca precisión en la información también dificulta la intervención.
En ocasiones, las personas describen un lugar con referencias como "al lado de la banca" o "cerca de la mata de mango". Hay gente que les contacta para pedir electrodomésticos o ayudas. Los representantes del Conani lo atribuyen al parecido en el nombre con el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis).
Proceso
El recorrido del denunciante cambia según la institución y el tipo de reporte.
Carolina Amador, encargada de Atención Ciudadana en la Dirección General de Migración (DGM), explica que -en la mayoría de los casos- los usuarios reportan la presencia de extranjeros en situación irregular y solicitan la intervención de los agentes. Uno de los ejemplos presentados por Amador corresponde a una señora que alertó sobre un flujo de extranjeros haitianos en su edificio.
Remitieron el reporte a Interdicción Migratoria y luego al coordinador encargado de organizar la acción.
Capturaron a 14 extranjeros.
Entre 2023 y junio del 2026, Migración registró 237 denuncias ciudadanas. De estas, 176 sobre interdicción migratoria. También se reportaron irregularidades en el control migratorio por parte de agentes, incidencias en aeropuertos y puntos fronterizos y quejas relacionadas con expedientes de extranjería y procesos administrativos.
Respuesta
En los casos de violencia, obtener una respuesta establece la diferencia entre morir o sobrevivir.
Entre enero y junio de 2026, 1,908 personas marcaron el 809-200-1202 para denunciar mediante el servicio Línea Vida. Desde 2023 hasta junio de este año se presentaron 8,650 denuncias. Registraron, además, 595 consultas y 4,219 solicitudes de información.
"Pasamos a ser [un servicio de] urgencia y no emergencia", refiere Rita Durán, directora de Línea Vida.
Cada denuncia se remite por email a la jurisdicción dónde ocurren los hechos y, además, se activa la acción penal pública por teléfono. El servicio funciona 24 horas con 26 operadores, una secretaria ayudante y cuatro supervisores distribuidos en tres turnos.
Las llamadas llegan desde todo el país y también desde el extranjero. En estos casos, se trata de dominicanos fuera de la isla que denuncian situaciones de maltrato contra sus hijos por parte de sus cuidadores.
Pero incluso en un sistema diseñado para responder con rapidez hay obstáculos ya que no siempre quienes llaman proporcionan sus datos.
Durán explica que el anonimato puede ser importante para algunas personas, pero también dificulta levantar una denuncia. Asimismo, hay llamadas que buscan perjudicar a terceros por conflictos personales.
Línea Vida identifica como uno de sus principales problemas que los hospitales no presenten denuncias cuando reciben menores de edad maltratados o abusados sexualmente. La mayoría de los centros de salud no lo hace, pese a que la Ley 136-03 establece la obligación de denunciar estos casos.
"Los médicos tampoco quieren trabajar con el niño que tiene golpes en su cuerpo", advierte Durán.
Funcionarios
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) ofrece otra mirada sobre qué ocurre después.
Entre 2023 y junio de 2026 recibió 287 denuncias. Entre las principales categorías aparecen acoso laboral (54); obtención de beneficios económicos (42); abuso de poder (30); cobro de salarios sin laborar, con 26; nepotismo, con 24; conflictos de intereses (21), y duplicidad de funciones (20).
De los denunciantes, 236 se identificaron y 51 permanecen anónimos.
Mientras que de los 279 expedientes cerrados, 135 generaron una acción verificable. A los demás no se les consideró "falsos". Entre los expedientes cerrados figuran 105 casos que carecían de objeto, 16 cerrados por incompetencia y nueve en los que no se comprobaron los hechos después de las indagaciones.
También existen casos en "pausa temporal" porque otras agencias del Estado los investigan.
Indhira Suero AcostaPeriodista y docente universitaria, creadora de la columna Negrita Come Coco. Es exbecaria Fulbright y posee una maestría de la Universidad del Sur de la Florida. Entre sus coberturas se destacan historias sobre derechos humanos, migración, género y temas del Caribe.