El Inabie ha estado bajo la lupa desde el 2021 con procesos irregulares
Las resoluciones que señalan a las adjudicaciones han sido anuladas de forma parcial
Ismael Hiraldo
Desde el 2020, con la instalación de un nuevo Gobierno a cargo del presidente Luis Abinader, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha contado con dos directores que, según resoluciones de la Dirección de Contrataciones Públicas, han estado bajo la lupa de las autoridades y se han visto afectados por supuestas irregularidades en los procesos de licitaciones a la lo largo de sus gestiones.
La Dirección General de Contrataciones Públicas ha emitido resoluciones en los últimos tres años que dejan sin efecto, de manera parcial, adjudicaciones y actos administrativos en cuatro procesos de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Las decisiones, publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, responden a reclamaciones formales de proveedores y a investigaciones de oficio, y además incluyen órdenes de reevaluación de ofertas, readjudicación y publicación de expedientes, así como el envío de hallazgos a órganos de control y persecución judicial.
Los señalamientos por presuntas irregularidades provocaron que en el 2021 el entonces director del Inabie, Cecilio Rodríguez Montás, fuera destituido de su cargo al estar señalado por un proceso de licitación que involucraba al almuerzo escolar y sus suplidores.
El Inabie y sus licitaciones
El caso más reciente, fechado el 11 de agosto de este año, corresponde al proceso INABIE-CCC-LPN-2024-0012 para la compra de zapatos escolares destinados a estudiantes del sector público.
Mediante la resolución RIC-0106-2025, la Dirección de Contrataciones anuló 25 adjudicaciones dentro del procedimiento tras detectar irregularidades en la investigación de oficio.
El organismo, en consecuencia, dispuso reevaluar 11 ofertas y ordenó remitir los hallazgos al Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La medida no supuso la cancelación total del proceso, sino que afectó únicamente a las adjudicaciones observadas, lo que permitirá al Inabie corregir y reasignar los lotes. Sin embargo, la entidad decidió cancelar los contratos señalados.
En febrero de este mismo año, Contrataciones Públicas emitió la resolución RIC-0019-2025 sobre el proceso relativo a la contratación del servicio de almuerzo escolar para el período 2024-2026.
La decisión dejó sin efecto dos actas de evaluación técnica (0136-2024 y 0194-2024) solo en lo que respecta a la empresa recurrente, Feliz Benjamín Rosario Guillen, SRL, y ordenó realizar una nueva evaluación de esa oferta, así como publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas los informes periciales y reportes de visitas técnicas.
Esta actuación se produjo tras la impugnación de la empresa, que alegó supuestas deficiencias en la evaluación de su propuesta.
Licitaciones más viejas
En el 2023, otra resolución de Contrataciones Públicas, la RIC-101-2023 abordó el proceso INABIE-CCC-LPN-2021-0009 correspondiente al Programa de Alimentación Escolar 2021-2022.
En este caso, la institución anuló el acto administrativo con el que el Inabie respondió a una impugnación presentada por un oferente, señalando que la respuesta estaba insuficientemente motivada y contenía errores.
La entidad ordenó emitir una nueva decisión debidamente fundamentada y publicar en el portal institucional los documentos que no habían sido incluidos en el expediente público.
También en 2023, la resolución RIC-134-2023 revisó el proceso de almuerzo escolar 2022-2023 en la provincia Santo Domingo.
La institución de control anuló parcialmente el acta de adjudicación 0273-2022, exclusivamente en relación con ciertos lotes y proveedores, y ordenó al Inabie adjudicar conforme a derecho esos segmentos, además de publicar en el portal el expediente completo del procedimiento.
Esta decisión buscó subsanar errores detectados en la asignación de contratos para esos lotes específicos.
En los cuatro casos, la DGCP dejó claro que sus resoluciones no implican la cancelación total de los procesos licitatorios, sino que forman parte de un "ejercicio de control para corregir irregularidades y garantizar la transparencia".
Las medidas de la DGCP
Las medidas incluyen desde la reevaluación de ofertas técnicas y la readjudicación de lotes hasta la publicación de información faltante y el envío de hallazgos a organismos fiscalizadores.
En el caso del calzado escolar, además, se activaron alertas hacia instancias de control y justicia, lo que podría derivar en procesos de responsabilidad administrativa o penal si se confirman las irregularidades.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.
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