Expertos destacan garantías y advierten retos de la ley de Extinción de Dominio en RD

Especialistas nacionales e internacionales destacaron las garantías incorporadas en la Ley de Extinción de Dominio de República Dominicana, pero advirtieron sobre los retos que enfrentan jueces, fiscales y abogados con la aplicación de una figura todavía nueva en el país.

Entre los principales desafíos señalaron entender la autonomía de este proceso frente a la justicia penal, el manejo de las pruebas, la protección de terceros de buena fe y la administración de los bienes perseguidos por el Estado.

Los expertos abordaron la experiencia dominicana este miércoles durante el último día del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional (TC).

Una figura distinta

Uno de los principales retos señalados es entender que la extinción de dominio persigue los bienes vinculados a actividades ilícitas y no a las personas.

La jueza Rosanna Vásquez Febrillé, del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, sostuvo que esto obliga a los magistrados a cambiar la forma en que tradicionalmente han trabajado los casos penales.

"Nuestro reto como jueces es reconocer la autonomía de la figura, quitarnos el chip de jueces penales y entender que somos jueces de extinción de dominio", afirmó.

El colombiano Julián Andrés Pimiento Echeverri, catedrático de la Universidad Externado de Colombia, explicó que la figura surgió precisamente ante las limitaciones del proceso penal para alcanzar los patrimonios provenientes de actividades como el narcotráfico y la corrupción.

"La propiedad ilegítima no tiene protección constitucional", sostuvo.

Las garantías

Los expositores también resaltaron las garantías incorporadas por República Dominicana para evitar que la nueva herramienta afecte bienes adquiridos legítimamente.

Vásquez sostuvo que la Ley 340-22 está "impregnada desde el principio hasta el final de garantías del debido proceso" y destacó que contiene cinco tipos penales dirigidos a sancionar a funcionarios que utilicen indebidamente el mecanismo.

El procurador de corte Pelagio Alcántara Sánchez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio, afirmó que las medidas cautelares previstas en la ley tienen mayores controles que las utilizadas en el proceso penal.

Explicó que una persona afectada por una medida debe ser notificada y tiene derecho a una audiencia pública en un plazo de cinco días, en la que puede discutirse si esta se mantiene, modifica o revoca.

"Las reglas de garantía en el proceso de extinción de dominio en medidas cautelares son por mucho más garantistas que en los procesos penales", sostuvo.

Alcántara también destacó la protección de los terceros de buena fe. Explicó que si un inmueble perseguido tiene una hipoteca legítima, por ejemplo, el derecho de la entidad financiera no desaparece.

Un reto para los abogados

El cambio también alcanza la manera en que los abogados deben defender a una persona cuyos bienes sean objeto de un proceso.

El exjuez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Juan Hiroito Reyes, advirtió que la extinción de dominio utiliza la prueba por preponderancia, un estándar diferente al exigido para obtener una condena penal.

"El medio de prueba sustancial aquí es la prueba por preponderancia. Óigame, esto es un gancho para los abogados, porque el fiscal no requiere los mayores estándares probatorios", afirmó.

Reyes explicó que la defensa no puede limitarse a negar que el bien tenga un origen ilícito. La buena fe debe demostrarse mediante documentos y actuaciones que acrediten que la persona actuó con diligencia.

Entre las pruebas que pueden resultar importantes mencionó tasaciones, estudios de títulos, documentos sobre el origen de los fondos y verificaciones realizadas antes de adquirir un bien.

El modelo dominicano

Marko Magdic, director del Programa contra el Crimen Organizado de INL-PADF, explicó que República Dominicana tomó experiencias de otros países, pero adaptó la legislación a sus propias condiciones.

A ese proceso lo definió como el "aplatanamiento" de la extinción de dominio.

"Teníamos que tomar las mejores experiencias internacionales, pero siempre entendiendo la realidad, idiosincrasia, la cultura y los recursos de República Dominicana. Eso es el aplatanamiento", explicó.

Entre las particularidades del modelo dominicano está la decisión de no crear tribunales especializados para estos casos. Las cortes de apelación conocen los procesos en primera instancia y la SCJ en segunda.

Julián Andrés Pimiento Echeverri destacó también que, a diferencia de Colombia, donde la extinción de dominio es imprescriptible, República Dominicana estableció un plazo de prescripción de 20 años.

Magdic recordó que la legislación permaneció durante unos 12 años en discusión antes de ser aprobada y atribuyó parte de esa demora al temor de que pudiera convertirse en una confiscación arbitraria de bienes.

Administrar lo recuperado

Otro desafío señalado durante el panel fue qué hacer con los bienes que quedan bajo control del Estado.

Pimiento Echeverri utilizó la experiencia colombiana para advertir sobre las dificultades que pueden surgir cuando el Estado acumula propiedades, empresas, vehículos y otros activos que debe administrar durante largos procesos.

Explicó que Colombia tiene más de 30,000 bienes bajo administración y procesos que pueden prolongarse durante años.

El especialista advirtió que el Estado no debe convertirse en un "estado hotelero" o "promotor inmobiliario" por tener que administrar indefinidamente esos activos.

En ese aspecto destacó la venta anticipada contemplada en la legislación dominicana, que permite disponer de determinados bienes antes de que pierdan valor.

Balbiery Rosario

• 

Periodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.