VIDEO | Antoliano Peralta advierte "graves consecuencias" si no se aprueba pronto el Código Procesal Penal
El Senado tiene pendiente aprobar el Código Procesal Penal en una segunda lectura
Ismael Hiraldo
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, alertó este viernes que el país podría enfrentar "consecuencias jurídicas muy graves" si el Congreso Nacional no aprueba antes de diciembre la reforma al Código Procesal Penal, que ya fue sancionada en primera lectura en el Senado.
Tras participar en la apertura del XI Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica, Peralta explicó que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 10-15, del Código Procesal Penal, por razones de procedimiento, pero otorgó al Congreso un plazo que vence en diciembre para subsanar el defecto formal mediante una nueva aprobación.
Si el Congreso no actúa dentro de ese plazo, según advirtió, el Código Procesal Penal quedará incompleto y "desequilibrado", lo que podría generar efectos graves en la justicia, ya que la pieza tiene muchas disposiciones importantes para la justicia que no estarían vigentes.
El funcionario indicó que, aunque toda obra humana es susceptible de ser mejorada, lo urgente en este momento es aprobar la iniciativa legislativa para evitar que el sistema penal funcione con vacíos normativos.
Peralta consideró como "normal" que una ley de tanta trascendencia genere debates y diferencias de opinión, pero insistió en que, más allá de las discusiones sobre su contenido, el Congreso debe aprobar cuanto antes esas disposiciones.
De no hacerlo, reiteró, el país enfrentará un vacío jurídico con repercusiones directas en los procesos penales.
Finjus está optimista
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó optimismo con respecto al trabajo que realiza la comisión de Justicia del Senado sobre las reformas al Código Procesal Penal.
Castaños Guzmán valoró que el Senado haya reenviado el proyecto a la comisión después de aprobarlo en primera lectura, lo que permitió corregir varios aspectos que habían generado preocupación en distintos sectores de la sociedad.
"Yo pienso que el Senado, habiendo remitido de nuevo el proyecto a la comisión de Justicia, esas preocupaciones que se habían estado señalando desde la sociedad, yo creo que han venido siendo corregidas", afirmó.
Sostuvo que entre los puntos que fueron ajustados figuran los relativos a la analogía, el interés casacional, la interpretación y los plazos procesales. A su juicio, el resultado será un texto "más apegado a la Constitución y a los principios del debido proceso".
"El Senado reaccionó positivamente a esos reclamos, entonces lo que eventualmente apruebe el Senado de la República en esta ocasión se va a ajustar a lo que la Constitución establece, que era el temor que teníamos", agregó el jurista.
Castaños Guzmán destacó que, de ser necesario, la Cámara de Diputados podrá introducir nuevas correcciones cuando reciba el proyecto, lo que refuerza la expectativa de que el texto final esté alineado con la Constitución.
Finjus advirtió días atrás que artículos del proyecto, como el 25, violarían la Constitución si se aprobaban tal como fueron remitidos al pleno del Senado.
El artículo 25 del proyecto es el que regula la interpretación de las normas procesales. En su redacción actual, el proyecto introduce la posibilidad de aplicar la "analogía" y la "interpretación extensiva" para favorecer no solo al imputado, sino también a otras partes del proceso.
El primer párrafo del referido artículo establece que "la analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado, así como el ejercicio de los derechos y facultades conferidos a las partes del proceso".
La queja de los juristas radicaba en que el artículo, si se aprueba como está redactado, beneficiará tanto al Ministerio Público como al imputado, cuando el fin del dictamen es beneficiar únicamente a los inculpados en procesos.
Tiempo en contra
Después de una sentencia emitida en diciembre del 2024, el Congreso corre a contrarreloj porque actualmente solo cuenta con un mes para aprobar un nuevo Código Procesal Penal. El que anuló el Tribunal Constitucional fue aprobado en el 2015 y fue desechado por errores procedimentales en su aprobación.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.