Yeni Berenice: nuevo Código Penal permite acumulación de penas por corrupción de hasta 30 años
La procuradora general explicó que el marco legal anticorrupción también se refuerza con la nueva Ley de Compras y Contrataciones
Harolyn Gavilán
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo este jueves que el nuevo Código Penal contempla sanciones más severas para los delitos de corrupción, incluyendo condenas de hasta 30 años de prisión cuando se produzca un cúmulo de penas por la comisión conjunta de lavado de activos o asociación de malhechores.
Explicó que, por ejemplo, si un funcionario público altera el precio real de una compra, la pena establecida va de tres a diez años de prisión. Sin embargo, aclaró que si este delito se comete junto con lavado de activos o asociación de malhechores, la condena puede llegar hasta los 30 años, debido a que en esos casos las penas se acumulan.
"El que robe bienes del Estado o se quede con dinero público podrá ser condenado a prisión y quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos", explicó al pronunciar una conferencia en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) sobre las mejoras del nuevo Código Penal.
También advirtió que las empresas privadas que participen en actos de corrupción "podrán ser sancionadas e incluso disueltas".
El nuevo código, dijo, responde a la necesidad de actualizar una legislación que databa de 1884. "En ese código se hablaba de caminos públicos, no de autopistas. Era una pieza de museo, no un instrumento para enfrentar la criminalidad moderna", expresó.
Licitaciones bajo vigilancia
Reynoso explicó que el marco legal anticorrupción también se refuerza con la nueva Ley de Compras y Contrataciones, que entra en vigencia en enero de 2026.
La normativa incluye nuevas figuras penales y castiga el favoritismo, la sobrevaloración de productos y los contratos otorgados sin los debidos procesos.
"No es un favor darle un contrato a un amigo. Eso es corrupción", señaló.
Contó que en investigaciones recientes el Ministerio Público ha encontrado productos vendidos al Estado con sobreprecios de hasta un 300 %.
"Si algo cuesta un millón y se paga tres veces más, ese dinero no va a salud ni a educación, se va al bolsillo de alguien", sentenció.
Insistió en que el servicio público "no es un espacio para buscar fortuna", y que quien quiera enriquecerse debe hacerlo fuera del Estado.
Obligación de declarar
Reynoso recordó que los funcionarios tienen la obligación de hacer su declaración jurada de bienes al ingresar al cargo, durante su gestión y al salir. "Si usted no quiere rendir cuentas, no puede ser funcionario. Así de simple", dijo.
Explicó que el delito de enriquecimiento ilícito tendrá penas de tres a diez años de prisión y la inhabilitación de por vida. Además, se decomisarán los bienes adquiridos ilegalmente.
Consecuencias de la corrupción
"Cuando se roba dinero del Estado, ese dinero deja de ir a salud, a educación, a seguridad. Por eso, quien comete un acto de corrupción le está quitando derechos a la gente", enfatizó la magistrada.
La procuradora general señaló que, a menudo, se subestima el impacto real de estos delitos, y expuso que "un soborno puede terminar en cientos de muertes".
"Cuando alguien deja pasar un embarque de armas ilegales a cambio de dinero, esas armas terminan en las calles. El 70 % de las muertes violentas se cometen con armas de fuego, y más del 85 % de esas armas son ilegales", advirtió.
Harolyn GavilánPeriodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)