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Tribunal se reserva fallo para este jueves en caso de red que eliminaba antecedentes penales

La decisión será dada a conocer a las 9:00 de la mañana

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Tribunal se reserva fallo para este jueves en caso de red que eliminaba antecedentes penales
Imputados en la red que presuntamente eliminaba antecedentes penales bajan por las escaleras del Palacio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, se reservaron para este jueves 28 de agosto el fallo del juicio seguido contra los implicados en una presunta red que operaba en la Procuraduría General de la República, que se dedicaba a eliminar antecedentes penales de delincuentes y personas privadas de libertad a cambio de sobornos.

La decisión será dada a conocer a las 9:00 de la mañana.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que varios de los imputados sean condenados a 10 años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos del sector público. Entre estos se encuentran:

  • Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel
  • Dilcia Argentina Núñez Santos
  • José Ramón Quezada Carmona
  • Víctor Gilberto Mercedes Gómez
  • Yokaira Elizabeth Carmona
  • Romanqui Alexander Dotel Medina 
  • Luis Peña Cedeño, para este último, además, se solicitó la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de cinco años.

Respecto a Mártires Rosario Reyes, el órgano acusador pidió una condena de siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres años y seis meses sean suspendidos, conforme a lo establecido en el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP).

También se solicitó el pago de una multa equivalente a cinco salarios mínimos del sector público.

Para Alfredo Mirambeaux, el Ministerio Público solicitó ocho años de prisión, con seis años en prisión domiciliaria y dos años suspendidos, además del pago de cinco salarios mínimos.

En el caso de Rubén Darío Morbán, se pidió una condena de seis años de prisión, tres de ellos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo el mismo artículo, así como una multa de cinco salarios mínimos.

En cuanto a Domingo Julio Santana, se solicitó una pena de cinco años de prisión, divididos en dos años y seis meses en prisión domiciliaria y dos años y seis meses suspendidos, también bajo el artículo 41 del CPP.

Para Luis Alfredo Astacio Polanco, el MP pidió una condena de seis años de prisión, con tres años en prisión domiciliaria y tres suspendidos, además del pago de cinco salarios mínimos. Estos últimos acusados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público y admitieron los hechos ante el tribunal.

Asimismo, el órgano acusador solicitó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, constituida conforme a las leyes de la República Dominicana, en virtud de lo dispuesto en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

También se requirió el decomiso de todas las evidencias materiales presentadas durante el proceso, por haber sido utilizadas como instrumentos, efectos o productos del delito, conforme a la legislación penal y procesal vigente.

En cuanto a las acusadas Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, el Ministerio Público solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad, según el artículo 370, numeral 6 del CPP, argumentando que el proceso corresponde a un caso de tramitación compleja y criminalidad organizada.

La empresa Nexcon Tecnology también enfrenta cargos por violaciones a los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3), 4, 8 y 9 (numerales 1, 2 y 4) de la Ley 155-17, en perjuicio del Estado dominicano.

Cargos y acusaciones

El Ministerio Público indicó que la red presuntamente se dedicaba a la alteración y eliminación de registros penales, para beneficiar a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, personas imputadas por violencia de género, secuestro y adulteración de bebidas alcohólicas.

Además indicaron que, en algunos casos, supuestamente se llegó a borrar antecedentes de condenados a 30 años de prisión.

En ese sentido, el MP señaló que los acusados habrían movido dinero ilícito mediante familiares y allegados, adquiriendo bienes y servicios. Con base en pruebas digitales, testimoniales, documentales, materiales, audiovisuales y periciales.

En ese sentido, se solicitó que los acusados sean declarados culpables de múltiples violaciones legales, a:

  • Artículos 123, 124, 125, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano
  • Los artículos 3, numerales 1, 2 y 3, y 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Los artículos 5, 6, 7, 9, 10 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
  • Los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, entre otros.
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