Comunitarios de Suero denuncian que grupos empresariales insisten en sacarlos de sus tierras
El reclamo se formalizó mediante una carta abierta
Diario Libre
La comunidad de Suero denunció públicamente una nueva ola de presiones, citaciones y notificaciones enviadas por grupos empresariales, acciones que —afirman— buscan forzar el desalojo de las más de 100 familias que actualmente habitan el paraje, muchas de ellas con arraigo histórico superior a un siglo.
La denuncia se formalizó mediante una carta abierta, en la que los comunitarios aseguran vivir un ambiente de "incertidumbre, angustia y acoso".
El documento recuerda que Suero tiene más de 150 años de existencia y ha sido siempre un espacio de convivencia y desarrollo comunitario.
Además del número de familias que hoy lo integran, el paraje cuenta con una escuela pública y una iglesia católica establecida desde 1972, lo que reafirma su carácter social, territorial y poblacional.
Los comunitarios sostienen que las presiones que enfrentan contradicen el ordenamiento legal vigente.
¿A quién pertenece?
La Ley 386-06, que creó el Distrito Municipal Verón–Punta Cana, establece en su artículo 2 que Suero es un paraje de la Sección Juanillo, reconociéndolo formalmente como unidad político-administrativa del Estado dominicano, amparada por la Constitución.
"Suero no es una posesión particular; es un paraje reconocido por el Estado. Nadie puede ser dueño de un paraje", insisten los abogados de la comunidad.
Los juristas explicaron que empresas de bienes raíces ha intentado desconocer los derechos registrados en la parcela 367, donde desde 1960 fueron reconocidos 43 parceleros cuyas mejoras y ocupación fueron incorporadas en los procesos de saneamiento. Sin embargo, hoy la población supera las 100 familias asentadas legítimamente en ese territorio.
Los abogados denuncian que estos grupos empresariales han realizado mensuras, subdivisiones y trabajos de deslinde sin migrar los derechos de los parceleros, y que incluso presentó como "establos abandonados" las viviendas de los comunitarios, para justificar solicitudes de títulos sin notificación a los ocupantes legítimos.
Esto motivó una litis sobre derechos registrados, en procura de anular dichos trabajos.
En la carta abierta, la comunidad exige a las autoridades frenar acciones que amenazan su estabilidad y su derecho histórico a vivir en paz.
"Somos un pueblo pacífico, pero decidido a defender lo nuestro con dignidad", concluye el documento.
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