VIDEO | Protestas de la Minga indígena reavivan debate sobre protesta, autonomía y omisión del gobierno
Protesta o privilegio: la delgada línea que desafía la legalidad
Karina Herrera
La reciente ocupación de la Universidad Nacional por miembros de la Minga indígena, sumada a la toma de la sede de la Superintendencia de Notariado y Registro y la retención de funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, ha desatado un nuevo episodio de tensión en la capital.
Mientras más de cien trabajadores permanecieron dentro del edificio y a otros se les impidió ingresar, el gobierno guardó silencio.
La protesta, enmarcada dentro del derecho constitucional a la manifestación, ha cruzado límites jurídicos y éticos que obligan a cuestionar su legitimidad. ¿Dónde termina el derecho a la protesta y comienza el abuso? ¿Por qué no opera con firmeza el principio de autoridad cuando se afecta el funcionamiento del Estado y el derecho de terceros?
La situación en la Universidad Nacional, donde estudiantes no han podido asistir a clases debido a la ocupación, plantea una paradoja incómoda: mientras se invoca el respeto a las culturas originarias, se vulnera la autonomía universitaria y el acceso a la educación.
Una ocupación prolongada sin diálogo efectivo ni intervención del Estado amenaza con desdibujar el sentido mismo de la universidad pública como espacio plural y de conocimiento.
El panorama se agrava al considerar que el gobierno, desde su llegada el 7 de agosto de 2022, ha transferido más de 537 mil millones de pesos a resguardos indígenas a través de convenios interadministrativos.
Esto ha generado suspicacias sobre posibles connivencias o favores políticos disfrazados de inclusión étnica. El apoyo irrestricto, sin control ni rendición de cuentas, podría estar convirtiendo la protesta en moneda de cambio para fines ajenos al interés general.
La ausencia de una postura clara del presidente Gustavo Petro frente a estos hechos solo profundiza el malestar ciudadano. El silencio del Ejecutivo no es neutral: es permisividad. Y esa permisividad, en el contexto de tomas, bloqueos y retención de funcionarios, mina la institucionalidad.
El derecho a la protesta es fundamental, pero también lo son el derecho al trabajo, a la educación y al funcionamiento normal del Estado. En un Estado de derecho, todos los actores —incluidos los grupos indígenas— deben estar sujetos a la ley.
Permitir excepciones en nombre de la reparación histórica o la inclusión social, sin exigir responsabilidad, puede sentar peligrosos precedentes de confrontación ciudadana.
El consejo de la sede Bogotá hizo un llamado a la Minga para que se mantengan los espacios de diálogo y concertación entre sus autoridades, las de la Universidad y las de los entes gubernamentales.
"Reconocemos que vivimos una situación muy compleja que afecta nuestra normalidad, resultado de la ausencia de respuestas oportunas del gobierno nacional y distrital atendiendo a los acuerdos establecidos previamente con la Minga Indígena, relacionados con brindar las condiciones adecuadas para atender su llegada a la Ciudad", señaló el consejo.
- La Minga exige -
A la Minga también le pidieron mantener la reciprocidad con la Universidad, para que se mantengan los "espacios de diálogo y concertación entre sus autoridades, las de la Universidad y las de los entes gubernamentales, con el propósito de atender circunstancias que resulten conflictivas".
Varios militares colombianos mueren en un ataque de disidencias de las FARC en el Guaviare
La Escombrera, la fosa común más grande del conflicto colombiano
Cuatro ataques con explosivos en ciudades de Colombia fronterizas con Venezuela
Karina HerreraTalentosa editora de video creativa, radicada en la República Dominicana, con una trayectoria de más de 15 años en la industria audiovisual. Su trabajo se destaca en el ámbito publicitario, periodístico y de medios de comunicación en el país.
Continuar con Google