Fiscal de Florida pide condenar a muerte a dos guatemaltecos acusados de violar a una niña

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó este viernes que se imponga la pena de muerte a dos inmigrantes guatemaltecos acusados de violar de manera reiterada y golpear con un cinturón a una niña de siete años, en un contexto en el que el estado está batiendo récords de ejecuciones.

El funcionario compartió un informe sobre el arresto de Josué D. Méndez, de 26 años, y Pablo N. Cobón, de 23, ocurrido el jueves en West Palm Beach, donde ambos enfrentan cargos por abuso sexual a una menor de 12 años.

"Estas acusaciones son más que horribles. Cualquiera que pueda cometer estos crímenes tan atroces debe rendir cuentas al máximo rigor de la ley. Según estos reportes, espero que el fiscal estatal del 15.º Circuito Judicial solicite la pena de muerte", escribió Uthmeier en sus redes sociales.

Sin derecho a fianza 

Ambos ciudadanos guatemaltecos fueron recluidos sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Palm Beach. Según los documentos judiciales, la menor denunció el miércoles los abusos a sus cuidadores, quienes notificaron a las autoridades.

Las investigaciones confirmaron la veracidad de los hechos, según indicó el jefe de Policía de West Palm Beach, Tony Araujo. "Ambos sospechosos confesaron voluntariamente el abuso sexual reiterado de una niña", declaró Araujo en rueda de prensa.

Este caso se produce mientras Florida acelera el ritmo de ejecuciones. Solo el jueves pasado, el estado llevó a cabo su novena ejecución del año 2025, al aplicar la pena capital a Edward J. Zakrzewski, un exmilitar condenado por asesinar con un machete a su esposa y a sus dos hijos.

Con esta ejecución, Florida acumula un tercio de todas las ejecuciones realizadas este año en Estados Unidos.

El gobernador Ron DeSantis y la mayoría republicana del Congreso estatal han promovido en el último año una serie de reformas para ampliar el uso de la pena capital.

• Entre ellas, una ley que impone la pena de muerte obligatoria a migrantes indocumentados que cometan determinados delitos graves, medida que podría aplicarse en el caso de Méndez y Cobón.

EFE

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