Florida inicia la construcción de Alcatraz Caimán, su centro de detención migratoria entre caimanes
Las administración de Ron DeSantis dio inició a la obra en medio de polémica
Diario Libre USA
(FUENTE EXTERNA)
La administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, inició ayer la construcción de "Alcatraz Caimán" (o Alligator Alcatraz), un centro de detención para inmigrantes ubicado en lo profundo de los Everglades, una vasta región de humedales subtropicales en el sur del estado, conocida por su abundante presencia de caimanes y pitones invasoras.
Según informó el Miami Herald, para la tarde del domingo ya había contratistas estatales en el sitio, preparando el terreno para el inicio de las obras al día siguiente.
El medio detalló que camiones con sanitarios portátiles, generadores industriales y personal de una empresa privada de manejo de emergencias fueron movilizados hacia la zona, propiedad del condado de Miami-Dade, de la cual el estado se apropió para comenzar a levantar el complejo.
La instalación, que cuenta con el respaldo del gobierno federal, servirá para recluir a personas detenidas en las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. Estará compuesta por tiendas de campaña y remolques resistentes a las extremas condiciones del verano en esta zona ambientalmente delicada, dentro de la Reserva Nacional Big Cypress.
El centro —cuyo nombre hace alusión a la histórica prisión de Alcatraz y a los reptiles de Florida— se construye en un antiguo aeropuerto abandonado, dentro de un área de aproximadamente 39 millas cuadradas (101 kilómetros cuadrados) en plena naturaleza.
Tendrá capacidad para mil camas y se prevé que inicie operaciones en cuestión de días. "Abrirá la primera semana de julio", declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una entrevista concedida el lunes a Benny Johnson, una figura conservadora de redes sociales.
- "Tendremos infraestructura ligera, muchas instalaciones de tiendas de campaña y remolques de alta resistencia. No necesitamos construir mucho ladrillo y cemento", agregó.
La medida representa una nueva fase en la política migratoria de Florida, que se ha consolidado como el estado con la postura más firme del país en materia de inmigración ilegal. El gobernador DeSantis y su gabinete llevan meses exigiendo mayor autonomía a Washington para detener y deportar inmigrantes.
Según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por el Miami Herald, el proyecto tendrá un costo aproximado de 450 millones de dólares anuales, con la posibilidad de reembolso federal.
Apoyo federal
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la iniciativa, calificándola como una forma "rentable e innovadora" de implementar la agenda migratoria del presidente Trump.
"Ampliaremos las instalaciones y el espacio de camas en tan solo unos días, gracias a nuestra asociación con Florida", afirmó Noem en un comunicado difundido el lunes.
El Herald también reportó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha destinado 625 millones de dólares, a través de su Programa de Refugio y Servicios, para financiar la iniciativa estatal.
Durante la administración Biden-Harris (2021-2025), ese programa se utilizó para asistir a gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro que albergaban, alimentaban y transportaban a inmigrantes liberados tras ser procesados por el DHS.
Noem criticó ese uso del programa, asegurando que bajo el gobierno de Biden se convirtió en una "alcancía" para gastar "cientos de millones de dólares de los contribuyentes en albergar a inmigrantes ilegales". Trump, por su parte, había afirmado falsamente que dicho programa dejó sin fondos a FEMA para atender desastres naturales.
Críticas al proyecto
El proyecto ha desatado una oleada de críticas. La alcaldesa de Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, expresó su preocupación en una carta dirigida al director de la División de Gestión de Emergencias estatal, Kevin Guthrie.
"Es imperativo que comprendamos completamente el alcance y la escala del uso propuesto del sitio y lo que se desarrollará, ya que los impactos en el ecosistema de los Everglades podrían ser devastadores", advirtió la funcionaria.
El ingreso de maquinaria y personal estatal al terreno fue justificado bajo los poderes de emergencia otorgados al gobernador tras la declaración de estado de emergencia por inmigración ilegal en 2023. La ley de Florida permite al gobernador confiscar o usar propiedad privada si lo considera necesario en una situación de emergencia.
Actualmente, el estado y el condado negocian la compra del terreno, para el cual Florida ha ofrecido 20 millones de dólares. Sin embargo, tasaciones del condado con fecha del 25 de mayo estiman el valor total en 195 millones.
A nivel nacional, las reacciones no se han hecho esperar. Alex Howard, exvocero del DHS durante el gobierno de Biden, calificó el proyecto como "el pequeño Guantánamo de DeSantis en el pantano".
"No se resuelve el problema migratorio haciendo desaparecer a la gente en tiendas de campaña vigiladas por caimanes", afirmó. "Se resuelve con procesamiento legal, infraestructura humana y políticas concretas, no con una maniobra de 450 millones de dólares en plena temporada de huracanes".
Organizaciones ambientales e indígenas también se han movilizado. Betty Osceola, integrante de la tribu Miccosukee, denunció que el domingo se cerró el acceso a la zona por primera vez que ella recuerde, poco después del anuncio oficial del proyecto.
"¿Cómo es posible que no se haya firmado nada, pero ya están actuando?", cuestionó. "Es muy preocupante la velocidad y el secretismo con que suceden las cosas".
Osceola aseguró que desde entonces ha observado un flujo constante de vehículos con vidrios polarizados, así como generadores y paneles solares instalados cerca de la pista del antiguo aeropuerto.
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